BRUSELAS.- Los elementos militares mexicanos que incurran en casos de tortura contra civiles deben ser procesados por órganos de justicia civil, no exclusivamente por tribunales castrenses.
Así lo demandaron ayer países miembros del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante la revisión de la situación de las garantías individuales en México.
"Urgimos que todos los casos de tortura cometidos contra civiles por personal militar sean procesados en tribunales civiles", reclamó Bob Last, representante de Reino Unido, durante la sesión del Consejo, celebrada en la oficina de la ONU en Ginebra.
"Hasta hace unos casos se continuaba aplicando el fuero militar para el delito de tortura cometido contra civiles por personal militar durante el ejercicio de una función pública.
"Y en este sentido España pregunta si disponen de recursos efectivos ante eventuales violaciones a los derechos humanos perpetradas por personal militar", cuestionó Javier Garrigues, Embajador de España ante la sede europea de Naciones Unidas.
Otros diplomáticos fueron más críticos, como el representante de Uruguay, quien pidió retirar al Ejército de tareas estrictamente policiacas, como es la persecución del crimen organizado.
"Recomendamos eliminar el fuero de guerra, no es bueno encargar a cuerpos especiales de Fuerzas Armadas la realización de tarea de Policía y seguridad pública aun cuando fuere para luchar contra el crimen organizado", dijo Alejandro Artucio Rodríguez, Embajador de Uruguay ante la ONU.
El Gobierno mexicano estuvo representado por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, además de una delegación de 24 funcionarios y representantes de las Fuerzas Armadas.
Gómez Mont defendió los esfuerzos realizados en temas de derechos humanos, así como el uso del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
"La magnitud del reto que enfrenta el Estado mexicano es enorme. Durante décadas el crimen organizado y la delincuencia crecieron al amparo de la impunidad, en algunas regiones del País la delincuencia había emprendido una ofensiva total contra la sociedad rebasando en capacidad operativa y de armamento a algunas autoridades civiles", señaló.
Si bien admitió que hay quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la tarea de seguridad pública, rechazó el reclamo de los países europeos para que los militares sean juzgados en tribunales ordinarios.
"La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con áreas especializadas para analizar las quejas y las recomendaciones de órganos autónomos aplicando procedimientos penales y administrativos, incluso para proceder a la reparación del daño", aseguró el funcionario.
Durante las tres horas que duró el escrutinio a México, intervinieron 56 países, algunos de ellos denunciaron prácticas como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, violencia contra la mujer y agresiones a periodistas.
"Los periodistas en México enfrentan serias amenazas por su trabajo de investigación y esto podría generar un clima de miedo y censura", dijo la representante de Austria, Eva Schofer.
El resultado del examen aplicado a México en materia de derechos humanos será presentado en un reporte que se conocerá el próximo viernes.
Así lo demandaron ayer países miembros del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante la revisión de la situación de las garantías individuales en México.
"Urgimos que todos los casos de tortura cometidos contra civiles por personal militar sean procesados en tribunales civiles", reclamó Bob Last, representante de Reino Unido, durante la sesión del Consejo, celebrada en la oficina de la ONU en Ginebra.
"Hasta hace unos casos se continuaba aplicando el fuero militar para el delito de tortura cometido contra civiles por personal militar durante el ejercicio de una función pública.
"Y en este sentido España pregunta si disponen de recursos efectivos ante eventuales violaciones a los derechos humanos perpetradas por personal militar", cuestionó Javier Garrigues, Embajador de España ante la sede europea de Naciones Unidas.
Otros diplomáticos fueron más críticos, como el representante de Uruguay, quien pidió retirar al Ejército de tareas estrictamente policiacas, como es la persecución del crimen organizado.
"Recomendamos eliminar el fuero de guerra, no es bueno encargar a cuerpos especiales de Fuerzas Armadas la realización de tarea de Policía y seguridad pública aun cuando fuere para luchar contra el crimen organizado", dijo Alejandro Artucio Rodríguez, Embajador de Uruguay ante la ONU.
El Gobierno mexicano estuvo representado por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, además de una delegación de 24 funcionarios y representantes de las Fuerzas Armadas.
Gómez Mont defendió los esfuerzos realizados en temas de derechos humanos, así como el uso del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
"La magnitud del reto que enfrenta el Estado mexicano es enorme. Durante décadas el crimen organizado y la delincuencia crecieron al amparo de la impunidad, en algunas regiones del País la delincuencia había emprendido una ofensiva total contra la sociedad rebasando en capacidad operativa y de armamento a algunas autoridades civiles", señaló.
Si bien admitió que hay quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la tarea de seguridad pública, rechazó el reclamo de los países europeos para que los militares sean juzgados en tribunales ordinarios.
"La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con áreas especializadas para analizar las quejas y las recomendaciones de órganos autónomos aplicando procedimientos penales y administrativos, incluso para proceder a la reparación del daño", aseguró el funcionario.
Durante las tres horas que duró el escrutinio a México, intervinieron 56 países, algunos de ellos denunciaron prácticas como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, violencia contra la mujer y agresiones a periodistas.
"Los periodistas en México enfrentan serias amenazas por su trabajo de investigación y esto podría generar un clima de miedo y censura", dijo la representante de Austria, Eva Schofer.
El resultado del examen aplicado a México en materia de derechos humanos será presentado en un reporte que se conocerá el próximo viernes.
Inder Bugarin corersponsal, Reforma, 11 de febrero.
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