Las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, contra los gobiernos del PRI “estorbaron” y cancelaron indefinidamente ayer en el Senado las negociaciones sobre la ley de extinción de dominio, que busca la confiscación de bienes al narcotráfico, acusó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer.
“Esto ya estorbó la negociación, y señalarle (a Germán Martínez) que es su responsabilidad, él se hará cargo de ella. Está al frente de un partido político, es natural. Ahora, ciertamente sí perjudicó la negociación que teníamos aquí”, expresó.
Durante la sesión de este miércoles, donde se estimaba la aprobación de esa ley debido a que ya se habían generado los consensos necesarios, de acuerdo con González Alcocer, el PRI reavivó el condicionamiento a que dicha legislación contemple un “juicio de excepción” sobre el decomiso de bienes, pero bajo criterios específicos para evitar “atropellos” a los derechos de terceros.
La ley es laxa
En contraste, Alcocer argumentó que actualmente la ley en la materia es laxa, al permitir la confiscación de bienes sólo mediante un proceso de juicio penal.
La idea de la ley federal de extinción, explicó el panista, es que ésta sea supletoria de ese proceso, con el fin de que un bien que sea acusado por el Ministerio Público de la Federación de estar ligado al crimen organizado sea determinado inmediatamente en favor del Estado y, después, los propietarios inconformes podrían alegar en un juicio penal la licitud de un inmueble, artículo, vehículo y demás objetos.
Sin una fecha exacta para reanudar las negociaciones, González Alcocer confió en que se superen los “estorbos de carácter político” en este tema fundamental para el combate a la delincuencia organizada. Por el momento, dijo, “tendremos que empezar de cero o menos cero, las negociaciones”, debido a que el PRI reavivó su condicionamiento a la ley.
“Esto ya estorbó la negociación, y señalarle (a Germán Martínez) que es su responsabilidad, él se hará cargo de ella. Está al frente de un partido político, es natural. Ahora, ciertamente sí perjudicó la negociación que teníamos aquí”, expresó.
Durante la sesión de este miércoles, donde se estimaba la aprobación de esa ley debido a que ya se habían generado los consensos necesarios, de acuerdo con González Alcocer, el PRI reavivó el condicionamiento a que dicha legislación contemple un “juicio de excepción” sobre el decomiso de bienes, pero bajo criterios específicos para evitar “atropellos” a los derechos de terceros.
La ley es laxa
En contraste, Alcocer argumentó que actualmente la ley en la materia es laxa, al permitir la confiscación de bienes sólo mediante un proceso de juicio penal.
La idea de la ley federal de extinción, explicó el panista, es que ésta sea supletoria de ese proceso, con el fin de que un bien que sea acusado por el Ministerio Público de la Federación de estar ligado al crimen organizado sea determinado inmediatamente en favor del Estado y, después, los propietarios inconformes podrían alegar en un juicio penal la licitud de un inmueble, artículo, vehículo y demás objetos.
Sin una fecha exacta para reanudar las negociaciones, González Alcocer confió en que se superen los “estorbos de carácter político” en este tema fundamental para el combate a la delincuencia organizada. Por el momento, dijo, “tendremos que empezar de cero o menos cero, las negociaciones”, debido a que el PRI reavivó su condicionamiento a la ley.
Jorge Monroy, El Economista, 26 de febrero.
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