El Senado de la República aprobó fast track reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que sólo permiten al Instituto Federal Electoral (IFE) dar aviso a la autoridad responsable sobre irregularidades o infracciones graves que cometan concesionarios y permisionarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
El dictamen de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos señala que el IFE sólo podrá “escuchar” a los concesionarios, y notificar, en este caso, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Originalmente, Ricardo García Cervantes (PAN), planteó la posibilidad de revocar la concesión, ante el incumplimiento de los propietarios de las estaciones de radio y televisión, pero al final el dictamen acotó esa posibilidad.
“García Cervantes proponía que en la Ley de Radio y Televisión se dijera que esa sanción severa era la revocación de la concesión, le ponía nombre a la criatura, pero pues aquí el acuerdo de PRI-PAN, fue quitar esa categoría, dado que no la contiene la reforma electoral”, explicó Carlos Sotelo (PRD), presidente de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Aun así, las reformas confieren autoridad única al IFE para la administración del tiempo del Estado en radio y televisión, por lo que podrá requerir la difusión de mensajes, conforme a las pautas de transmisión aprobadas.
Durante el conflicto por los spots, las televisoras precisaron al IFE que en caso de sancionarlas, recurrirían al amparo, ya que el Cofipe no es el marco regulador de los medios electrónicos, sino la Ley Federal de Radio y Televisión.
Ante la advertencia, el PRD en el Senado planteó el fin de semana la pertinencia de llevar del Cofipe a la Ley de Radio y Televisión las facultades del IFE con el fin de que el Instituto pueda, al menos, revisar los casos y llevarlos ante la autoridad competente en casos de violaciones graves.
El dictamen, presentado de manera sorpresiva, fue avalado por 74 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, y pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
Desde que entró en vigor la reforma al Código, el IFE ejerció sus nuevas atribuciones, sin embargo, al no estar reflejadas esas facultades en la Ley Federal de Radio y Televisión, a través de la adecuación de sus disposiciones, se generó una laguna, y con ello “confusiones y hasta litigios por motivo de la aplicación del Cofipe”, señala el texto.
Los senadores aprobaron la reforma para “adecuar” la Ley Federal de Radio y Televisión y “armonizar” su contenido con las disposiciones constitucionales y legales derivadas de la reforma electoral.
Con ello, la Ley Federal ya obliga a los permisionarios y concesionarios atender las determinaciones del IFE, suspender propaganda gubernamental en tiempos electorales; poner a disposición del IFE el tiempo que le corresponda administrar y transmitir íntegramente y en los horarios señalados, y no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el instituto.
Igualmente el instituto recibirá 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, y en tiempos de elecciones, atender quejas y denuncias por la violación de estas normas y determinar e imponer en el ámbito de su competencia, las sanciones contra concesionarios y permisionarios.
El dictamen de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos señala que el IFE sólo podrá “escuchar” a los concesionarios, y notificar, en este caso, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Originalmente, Ricardo García Cervantes (PAN), planteó la posibilidad de revocar la concesión, ante el incumplimiento de los propietarios de las estaciones de radio y televisión, pero al final el dictamen acotó esa posibilidad.
“García Cervantes proponía que en la Ley de Radio y Televisión se dijera que esa sanción severa era la revocación de la concesión, le ponía nombre a la criatura, pero pues aquí el acuerdo de PRI-PAN, fue quitar esa categoría, dado que no la contiene la reforma electoral”, explicó Carlos Sotelo (PRD), presidente de la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Aun así, las reformas confieren autoridad única al IFE para la administración del tiempo del Estado en radio y televisión, por lo que podrá requerir la difusión de mensajes, conforme a las pautas de transmisión aprobadas.
Durante el conflicto por los spots, las televisoras precisaron al IFE que en caso de sancionarlas, recurrirían al amparo, ya que el Cofipe no es el marco regulador de los medios electrónicos, sino la Ley Federal de Radio y Televisión.
Ante la advertencia, el PRD en el Senado planteó el fin de semana la pertinencia de llevar del Cofipe a la Ley de Radio y Televisión las facultades del IFE con el fin de que el Instituto pueda, al menos, revisar los casos y llevarlos ante la autoridad competente en casos de violaciones graves.
El dictamen, presentado de manera sorpresiva, fue avalado por 74 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, y pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
Desde que entró en vigor la reforma al Código, el IFE ejerció sus nuevas atribuciones, sin embargo, al no estar reflejadas esas facultades en la Ley Federal de Radio y Televisión, a través de la adecuación de sus disposiciones, se generó una laguna, y con ello “confusiones y hasta litigios por motivo de la aplicación del Cofipe”, señala el texto.
Los senadores aprobaron la reforma para “adecuar” la Ley Federal de Radio y Televisión y “armonizar” su contenido con las disposiciones constitucionales y legales derivadas de la reforma electoral.
Con ello, la Ley Federal ya obliga a los permisionarios y concesionarios atender las determinaciones del IFE, suspender propaganda gubernamental en tiempos electorales; poner a disposición del IFE el tiempo que le corresponda administrar y transmitir íntegramente y en los horarios señalados, y no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el instituto.
Igualmente el instituto recibirá 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, y en tiempos de elecciones, atender quejas y denuncias por la violación de estas normas y determinar e imponer en el ámbito de su competencia, las sanciones contra concesionarios y permisionarios.
Ricardo Gómez y Jorge Ramos, El Universal, 18 de febrero.
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