En vísperas de las elecciones federales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) definió las reglas para impedir que los gobiernos de los estados desvíen recursos federales destinados a la educación básica para el pago de actos públicos, de comunicación social y la compra de vehículos.
De la misma forma la Secretaría busca acabar con la asignación del presupuesto educativo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el pago de “licencias con goce de sueldo” y las “comisiones” para que los profesores se desempeñen en cargos de elección popular.
A través de un “acuerdo secretarial” se prevé impedir la entrega de recursos al SNTE a través de sus secciones por concepto de “apoyo” y que se autoricen plazas con funciones distintas a las que se requieren en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y de la normal; así como efectuar pagos de “dobles plazas” en entidades federativas no colindantes.
Dentro de los seis impedimentos que establece ese Acuerdo, también se incluye la prohibición a los gobiernos estatales para canalizar presupuesto a “eventos públicos no educativos; adquisición de vehículos destinados a personal de mando para uso no oficial; y, gastos de comunicación social no relacionados con el tema educativo”.
Una vez que el Congreso de la Unión realizó el año pasado un primer análisis de cómo se ejercen los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEP) en un total de 20 estados —cuyos resultados se difundieron en la Cámara de Diputados en julio— y se identificaron una serie de irregularidades en torno al pago de profesores comisionados para labores sindicales o bien inexistentes, la SEP, que encabeza Josefina Vázquez Mota, está en espera de que en el Diario Oficial de la Federación se publique el Acuerdo por el que se establecen las “disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación del FAEB”.
El FAEB se creó hace 10 años para canalizar los recursos de la educación básica a cada entidad del país a partir de la descentralización educativa de 1992. El año pasado los recursos que se destinaron a los estados a través de este Fondo significaron 26 centavos de cada pesos que recibieron del gobierno federal.
En julio de 2008, el presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, el perredista Tonatiuh Bravo Padilla, y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, revelaron que en el año 2007 se utilizaron mil 178 millones de pesos para pagar 6 mil 152 maestros comisionados del SNTE en 20 estados del país.
Ahora el Acuerdo de la SEP para regular el uso de los recursos para la educación básica se encuentra en espera de su publicación en el Diario Oficial, ya que fue aprobado en las comisiones técnicas de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
El Acuerdo al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, prevé acabar con los “maestros comisionados” del SNTE para funciones extraescolares o “licencias con goce de sueldo para atender asuntos particulares. Desempeñar cargos de elección popular, o bien, cargos cuyas funciones no tengan vinculación directa con las funciones de la educación básica y normal”.
Para el ejercicio de los recursos del FAEB se “deberá contar con la autorización del techo presupuestal correspondiente. El personal con más de una plaza deberá contar con la compatibilidad de empleos debidamente motivada y justificada. Y las autoridades de los planteles serán las responsables de verificar que los pagos de nómina sean congruentes con el registro de asistencia del personal”.
Además, la SEP pide conciliar con cada uno de los estados la matrícula, la plantilla y los centros de trabajo que hay en cada entidad. “Las bases de datos que proporcionen las entidades deberán contener cifras de control que permitan validar la información que emita la entidad federativa y la que recibe la SEP”.
Los datos, obtenidos en la evaluación practicadas a 20 entidades del país, señalaron que en las nóminas de Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Yucatán se incorporaron categorías o puestos que no corresponden a la educación básica —a la cual van dirigidos los recursos— y en cambio se usaron para educación media superior, superior y para adultos, entre las más importantes.
También se efectuaron descuentos a trabajadores pagados con el FAEB para cubrir cuotas sindicales, por un monto de 432 mil 825 millones de pesos en 12 entidades. Aunado a ello, en Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Yucatán los recursos del FAEB, más de mil millones de pesos, se usaron para el pago de conceptos no financiables por el fondo.
Una vez que se concluyó la primera evaluación al FAEB, la secretaria Vázquez Mota acusó malversación en el uso del presupuesto público al decir que se encontraron “diferencias en los registros de matrícula, pagos a personal contratado por honorarios con cargo al FAEB, pago a personal comisionado en distintas entidades federativas o pago a personal de entidades federativas no colindantes al estado en que supuestamente se elabora”.
El Oficial Mayor de la SEP, Julio Castellanos Ramírez comentó que con esa primera evaluación los legisladores “prácticamente mataron a la gallina de los huevos de oro. Hubo tanto dispendio y tanta situación irregular que tenía caer en esa área de interés”.
De la misma forma la Secretaría busca acabar con la asignación del presupuesto educativo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el pago de “licencias con goce de sueldo” y las “comisiones” para que los profesores se desempeñen en cargos de elección popular.
A través de un “acuerdo secretarial” se prevé impedir la entrega de recursos al SNTE a través de sus secciones por concepto de “apoyo” y que se autoricen plazas con funciones distintas a las que se requieren en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y de la normal; así como efectuar pagos de “dobles plazas” en entidades federativas no colindantes.
Dentro de los seis impedimentos que establece ese Acuerdo, también se incluye la prohibición a los gobiernos estatales para canalizar presupuesto a “eventos públicos no educativos; adquisición de vehículos destinados a personal de mando para uso no oficial; y, gastos de comunicación social no relacionados con el tema educativo”.
Una vez que el Congreso de la Unión realizó el año pasado un primer análisis de cómo se ejercen los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEP) en un total de 20 estados —cuyos resultados se difundieron en la Cámara de Diputados en julio— y se identificaron una serie de irregularidades en torno al pago de profesores comisionados para labores sindicales o bien inexistentes, la SEP, que encabeza Josefina Vázquez Mota, está en espera de que en el Diario Oficial de la Federación se publique el Acuerdo por el que se establecen las “disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación del FAEB”.
El FAEB se creó hace 10 años para canalizar los recursos de la educación básica a cada entidad del país a partir de la descentralización educativa de 1992. El año pasado los recursos que se destinaron a los estados a través de este Fondo significaron 26 centavos de cada pesos que recibieron del gobierno federal.
En julio de 2008, el presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, el perredista Tonatiuh Bravo Padilla, y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, revelaron que en el año 2007 se utilizaron mil 178 millones de pesos para pagar 6 mil 152 maestros comisionados del SNTE en 20 estados del país.
Ahora el Acuerdo de la SEP para regular el uso de los recursos para la educación básica se encuentra en espera de su publicación en el Diario Oficial, ya que fue aprobado en las comisiones técnicas de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
El Acuerdo al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, prevé acabar con los “maestros comisionados” del SNTE para funciones extraescolares o “licencias con goce de sueldo para atender asuntos particulares. Desempeñar cargos de elección popular, o bien, cargos cuyas funciones no tengan vinculación directa con las funciones de la educación básica y normal”.
Para el ejercicio de los recursos del FAEB se “deberá contar con la autorización del techo presupuestal correspondiente. El personal con más de una plaza deberá contar con la compatibilidad de empleos debidamente motivada y justificada. Y las autoridades de los planteles serán las responsables de verificar que los pagos de nómina sean congruentes con el registro de asistencia del personal”.
Además, la SEP pide conciliar con cada uno de los estados la matrícula, la plantilla y los centros de trabajo que hay en cada entidad. “Las bases de datos que proporcionen las entidades deberán contener cifras de control que permitan validar la información que emita la entidad federativa y la que recibe la SEP”.
Los datos, obtenidos en la evaluación practicadas a 20 entidades del país, señalaron que en las nóminas de Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Yucatán se incorporaron categorías o puestos que no corresponden a la educación básica —a la cual van dirigidos los recursos— y en cambio se usaron para educación media superior, superior y para adultos, entre las más importantes.
También se efectuaron descuentos a trabajadores pagados con el FAEB para cubrir cuotas sindicales, por un monto de 432 mil 825 millones de pesos en 12 entidades. Aunado a ello, en Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Yucatán los recursos del FAEB, más de mil millones de pesos, se usaron para el pago de conceptos no financiables por el fondo.
Una vez que se concluyó la primera evaluación al FAEB, la secretaria Vázquez Mota acusó malversación en el uso del presupuesto público al decir que se encontraron “diferencias en los registros de matrícula, pagos a personal contratado por honorarios con cargo al FAEB, pago a personal comisionado en distintas entidades federativas o pago a personal de entidades federativas no colindantes al estado en que supuestamente se elabora”.
El Oficial Mayor de la SEP, Julio Castellanos Ramírez comentó que con esa primera evaluación los legisladores “prácticamente mataron a la gallina de los huevos de oro. Hubo tanto dispendio y tanta situación irregular que tenía caer en esa área de interés”.
Nurit Martínez, EL Universal, 17 de febrero.
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