El país celebrará este año elecciones federales para renovar diputaciones y en seis estados se votará también por congresistas locales, alcaldes y gobernadores, bajo las peores condiciones de seguridad en casi un siglo. El recrudecimiento de la violencia entre organizaciones criminales ha cobrado más de 8 mil 500 vidas de 2007 a la fecha —según la PGR—, lo cual ejerce una presión extraordinaria sobre las jornadas en 70 de los 300 distritos electorales (casi 25%), dice el diagnóstico del Instituto Federal Electoral difundido a principios de este mes.
Las condiciones propicias para la infiltración de dinero mal habido en las campañas demandó de ese organismo un blindaje y comprometió a los partidos a estrechar sus procesos de selección de candidatos, sujetándolos al escrutinio fiscal y personal. Fuentes consultadas creen, sin embargo, que esto es poco factible y hasta inútil.
“La sospecha que envuelve a cualquier candidato o precandidato no se quita con ningún blindaje. El IFE no es capaz si quiera de dar seguimiento puntual a los gastos que reportan las mismas dirigencias regionales de los partidos, así que menos podrá fiscalizar recursos del crimen organizado o evitar que se elijan candidatos de dudosa reputación. En cada pueblo todos saben quién es quién, y por eso debiera mejor fincarse responsabilidad penal a los partidos que los eligen”, opina Tatiana Clouthier, hija del legendario Maquío, hoy metida en el activismo social en Nuevo León, que tendrá elecciones concurrentes en julio.
Menciona como referencia el asesinato (junio 2007) con ráfagas de metralleta del diputado local César Mario Ríos Gutiérrez, originario de Cerralvo, municipio dedicado a la ganadería y la agricultura, con tradición criminal. Los medios de comunicación locales retomaron entonces un expediente judicial de 1986, cuando el político fue sometido a proceso por posesión de 12 kilos de mariguana, así como una declaración ministerial donde se le relaciona con la venta de autos robados. “Al final, es más importante conocer la manera en que cada partido político selecciona a sus candidatos, antes que aplicar la fiscalización de los fondos que maneja”, añade Tatiana Clouthier.
Infraestructura criminal visible
Pero la sospecha no es el único fundamento de los críticos del blindaje electoral del IFE. Edgardo Buscaglia, director del Centro Internacional de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Columbia, presentó en Estados Unidos (julio 2008) el resultado de un análisis sobre el comportamiento criminal en 107 países. Situó a México en la quinta posición, debajo de Paquistán, en virtud de que encontró “infraestructura criminal visible” en 63% de los municipios, y en 8% lo que llama la “feudalización del crimen organizado”.
El estudio, titulado “La paradoja de la sanción penal: factores legales y económicos que determinan el éxito y fracaso en la lucha contra el crimen organizado”, refiere que la piratería, la prostitución infantil, el tráfico de humanos y el comercio de drogas es evidente en 63 de cada 100 municipios, lo que exhibe algún grado de corrupción de autoridades municipales, estatales y federales. “Luego está este 8% de municipios feudalizados por la delincuencia organizada, en donde el Ejército ha debido tomar control de las policías locales e incluso se ha debido destituir a la Asamblea Municipal, como sucedió en San Pedro, Coahuila”, dice Buscaglia en entrevista.
Y destaca otro dato para cuestionar el “débil blindaje electoral”: “En México, 78% de los sectores económicos están infiltrados por la delincuencia organizada. Esos sectores económicos de alto riesgo (construcción, agropecuario, compañías de automóviles, supermercados) en determinados estados deberían estar sujetos a pesquisas de unidades de investigación patrimonial, pero eso no ocurre. Entonces, (con el blindaje) no se está atacando el problema patrimonial de la delincuencia organizada”.
“Blindaje” de partidos nada garantiza
La solidez de la estructura financiera que poseen los grupos criminales influyó para que, en los casos concretos del PAN y el PRD, se adoptaran medidas adicionales a las dictadas por el blindaje electoral.
Por primera vez, el Partido de la Revolución Democrática se reservó el derecho de elegir, mediante sesión de consejo, a los integrantes de las listas plurinominales en 247 distritos, y ha dejado sólo 53 bajo disputa. Con ello intenta reducir todavía más cualquier influencia criminal dentro de las campañas, explica Hortensia Aragón, su secretaria general. “Se trata de una cuestión estratégica, porque hay algo que no puedes evitar: nuestras elecciones son abiertas, ciudadanas, y en ocasiones el dinero y las relaciones y todo lo que te puedas imaginar que se pone en juego para definir una candidatura (representa un verdadero riesgo)”.
El Partido Acción Nacional colocó un requisito insalvable. Cada aspirante debe presentar una carta-compromiso donde diga que “no ha tenido ni mantiene relaciones económicas, políticas, personales o análogas con personas que realicen o formen parte de organizaciones que tengan como fin o resultado cualquiera de las actividades de la delincuencia organizada”. También se exhortó a cada uno a renunciar al secreto bancario, fiduciario y fiscal, a fin de comprobar la veracidad de asentado en dichas cartas-compromiso. De igual manera, protegerán ciertas candidaturas mediante la designación de candidatos.
Nada de esto, sin embargo, garantiza el blindaje total, opina Jorge Alberto Baqueiro, presidente de la Comisión Electoral Estatal del PAN en Campeche, donde se votará por diputados federales y locales, alcaldes y gobernador. “Queda claro que no es lo único que debe hacerse y tampoco satisface todo lo que debiera, porque en un asunto como éste deberían participar todos los partidos políticos”, señala.
Salvo la región fronteriza con Guatemala, el estado no vive bajo la amenaza del narcotráfico, explica el funcionario panista, “es una región de paso, solamente”, y por ello el proceso electoral difícilmente se verá presionado por la delincuencia.
Cuando se respira el miedo
El desafío que plantea el crimen organizado no radica sólo en su capacidad de penetrar las campañas. En el citado estudio del IFE de principios de mes se señala a municipios en condiciones críticas por su alto grado de inseguridad y presencia de narcotraficantes: son 92, pertenecientes a 23 estados. Ahí, una consecuencia predecible es que se elija a funcionarios de casilla relacionados con criminales, y para eso el organismo dice haber llegado a acuerdos con autoridades federales y estatales, que serán las que asuman las investigaciones en cada caso.
Esto también sirve de poco, afirma Carlos Murillo, investigador de El Colegio de Chihuahua, donde se ha elaborado un primer estudio sobre el impacto del miedo en las elecciones. “Para los narcos, obviamente las leyes y el orden establecido son secundarios... No podemos decir que haya condiciones para aplicar las medidas que el IFE sugiere, incluso no se puede garantizar la seguridad en las próximas elecciones en esos municipios o entidades conflictivas”.
Varios municipios señalados por el IFE se encuentran en Sonora, que este año celebra también elecciones para renovar Congreso, ayuntamientos y gubernatura. Ahí son los narcotraficantes quienes ejercen el verdadero poder de sometimiento ciudadano, sostiene la diputada local del PRD por San Luis Río Colorado, Petra Santos Ortiz. “Sólo alguien que vive en una zona de narcos sabe lo que es respirar el miedo”.
La intimidación es un elemento suficiente para influir procesos electorales, sostiene, y bajo esa realidad el blindaje pierde efectividad. “La gente le teme no al IFE, sino a los que dan el dinero que ellos pretenden fiscalizar”. Santos Ortiz asegura haber sido despojada de dos triunfos en las contiendas por la alcaldía de esa ciudad fronteriza justo por las amenazas contra electores que ejercieron tanto criminales como policías. “El blindaje no es sino una buena intención: el dinero no se da a través de los bancos y no se le puede colocar un chip a cada billete con el que se compra el voto. Además, ¿cómo van a contener las amenazas y el miedo?”.
La coacción no requiere inyecciones de dinero, dice el senador panista Ramón Galindo Noriega. “Es muy difícil presentar candidaturas sin correr ningún riesgo de que se ofenda o se moleste al narcotráfico. Si vemos cómo el crimen organizado trata de influir o comprar actitudes de candidatos en las grandes ciudades, en los municipios pequeños... es mucho muy cómodo hacerlo, de manera que una persona que aspira a un puesto de elección popular y pretenda desligar, romper o confrontar al narco, enfrenta situaciones de peligro real”.
Los riesgos luego de 2009
Galindo, lo mismo que el investigador Edgardo Buscaglia y Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, cree que la verdadera presión de las organizaciones criminales se hará más evidente cuando se realicen elecciones locales en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa y Guerrero. Sin embargo, en las votaciones federales de julio próximo irán configurándose los grupos políticos que contenderán en aquellas, “y eso implica que los narcos buscarán influir desde ahora”, advierte el senador.
Buscaglia hace notar que la delincuencia organizada puede elevar su presencia en la escena política con las elecciones de 2009, “se elevará a través de canales patrimoniales, a través de canales de apoyo —que no necesariamente es financiero—, entonces tenemos que intentar pensar cuáles son las mejores prácticas internacionales que se han estado poniendo en marcha en diferentes países que han logrado contener este problema, como Colombia o los de la Unión Europea, entre otros”.
La delincuencia organizada trabaja en 38 países, concluye, pero “las autoridades mexicanas poco pueden hacer cuando no tienen una red operativa de apoyo para generar este potencial material probatorio. Y esto no está entre las medidas anunciadas a través del IFE. Faltan medidas y falta capacidad para ponerlas en marcha”.
Ignacio Alvarado Álvarez, El Universal, 16 de febrero.
Las condiciones propicias para la infiltración de dinero mal habido en las campañas demandó de ese organismo un blindaje y comprometió a los partidos a estrechar sus procesos de selección de candidatos, sujetándolos al escrutinio fiscal y personal. Fuentes consultadas creen, sin embargo, que esto es poco factible y hasta inútil.
“La sospecha que envuelve a cualquier candidato o precandidato no se quita con ningún blindaje. El IFE no es capaz si quiera de dar seguimiento puntual a los gastos que reportan las mismas dirigencias regionales de los partidos, así que menos podrá fiscalizar recursos del crimen organizado o evitar que se elijan candidatos de dudosa reputación. En cada pueblo todos saben quién es quién, y por eso debiera mejor fincarse responsabilidad penal a los partidos que los eligen”, opina Tatiana Clouthier, hija del legendario Maquío, hoy metida en el activismo social en Nuevo León, que tendrá elecciones concurrentes en julio.
Menciona como referencia el asesinato (junio 2007) con ráfagas de metralleta del diputado local César Mario Ríos Gutiérrez, originario de Cerralvo, municipio dedicado a la ganadería y la agricultura, con tradición criminal. Los medios de comunicación locales retomaron entonces un expediente judicial de 1986, cuando el político fue sometido a proceso por posesión de 12 kilos de mariguana, así como una declaración ministerial donde se le relaciona con la venta de autos robados. “Al final, es más importante conocer la manera en que cada partido político selecciona a sus candidatos, antes que aplicar la fiscalización de los fondos que maneja”, añade Tatiana Clouthier.
Infraestructura criminal visible
Pero la sospecha no es el único fundamento de los críticos del blindaje electoral del IFE. Edgardo Buscaglia, director del Centro Internacional de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Columbia, presentó en Estados Unidos (julio 2008) el resultado de un análisis sobre el comportamiento criminal en 107 países. Situó a México en la quinta posición, debajo de Paquistán, en virtud de que encontró “infraestructura criminal visible” en 63% de los municipios, y en 8% lo que llama la “feudalización del crimen organizado”.
El estudio, titulado “La paradoja de la sanción penal: factores legales y económicos que determinan el éxito y fracaso en la lucha contra el crimen organizado”, refiere que la piratería, la prostitución infantil, el tráfico de humanos y el comercio de drogas es evidente en 63 de cada 100 municipios, lo que exhibe algún grado de corrupción de autoridades municipales, estatales y federales. “Luego está este 8% de municipios feudalizados por la delincuencia organizada, en donde el Ejército ha debido tomar control de las policías locales e incluso se ha debido destituir a la Asamblea Municipal, como sucedió en San Pedro, Coahuila”, dice Buscaglia en entrevista.
Y destaca otro dato para cuestionar el “débil blindaje electoral”: “En México, 78% de los sectores económicos están infiltrados por la delincuencia organizada. Esos sectores económicos de alto riesgo (construcción, agropecuario, compañías de automóviles, supermercados) en determinados estados deberían estar sujetos a pesquisas de unidades de investigación patrimonial, pero eso no ocurre. Entonces, (con el blindaje) no se está atacando el problema patrimonial de la delincuencia organizada”.
“Blindaje” de partidos nada garantiza
La solidez de la estructura financiera que poseen los grupos criminales influyó para que, en los casos concretos del PAN y el PRD, se adoptaran medidas adicionales a las dictadas por el blindaje electoral.
Por primera vez, el Partido de la Revolución Democrática se reservó el derecho de elegir, mediante sesión de consejo, a los integrantes de las listas plurinominales en 247 distritos, y ha dejado sólo 53 bajo disputa. Con ello intenta reducir todavía más cualquier influencia criminal dentro de las campañas, explica Hortensia Aragón, su secretaria general. “Se trata de una cuestión estratégica, porque hay algo que no puedes evitar: nuestras elecciones son abiertas, ciudadanas, y en ocasiones el dinero y las relaciones y todo lo que te puedas imaginar que se pone en juego para definir una candidatura (representa un verdadero riesgo)”.
El Partido Acción Nacional colocó un requisito insalvable. Cada aspirante debe presentar una carta-compromiso donde diga que “no ha tenido ni mantiene relaciones económicas, políticas, personales o análogas con personas que realicen o formen parte de organizaciones que tengan como fin o resultado cualquiera de las actividades de la delincuencia organizada”. También se exhortó a cada uno a renunciar al secreto bancario, fiduciario y fiscal, a fin de comprobar la veracidad de asentado en dichas cartas-compromiso. De igual manera, protegerán ciertas candidaturas mediante la designación de candidatos.
Nada de esto, sin embargo, garantiza el blindaje total, opina Jorge Alberto Baqueiro, presidente de la Comisión Electoral Estatal del PAN en Campeche, donde se votará por diputados federales y locales, alcaldes y gobernador. “Queda claro que no es lo único que debe hacerse y tampoco satisface todo lo que debiera, porque en un asunto como éste deberían participar todos los partidos políticos”, señala.
Salvo la región fronteriza con Guatemala, el estado no vive bajo la amenaza del narcotráfico, explica el funcionario panista, “es una región de paso, solamente”, y por ello el proceso electoral difícilmente se verá presionado por la delincuencia.
Cuando se respira el miedo
El desafío que plantea el crimen organizado no radica sólo en su capacidad de penetrar las campañas. En el citado estudio del IFE de principios de mes se señala a municipios en condiciones críticas por su alto grado de inseguridad y presencia de narcotraficantes: son 92, pertenecientes a 23 estados. Ahí, una consecuencia predecible es que se elija a funcionarios de casilla relacionados con criminales, y para eso el organismo dice haber llegado a acuerdos con autoridades federales y estatales, que serán las que asuman las investigaciones en cada caso.
Esto también sirve de poco, afirma Carlos Murillo, investigador de El Colegio de Chihuahua, donde se ha elaborado un primer estudio sobre el impacto del miedo en las elecciones. “Para los narcos, obviamente las leyes y el orden establecido son secundarios... No podemos decir que haya condiciones para aplicar las medidas que el IFE sugiere, incluso no se puede garantizar la seguridad en las próximas elecciones en esos municipios o entidades conflictivas”.
Varios municipios señalados por el IFE se encuentran en Sonora, que este año celebra también elecciones para renovar Congreso, ayuntamientos y gubernatura. Ahí son los narcotraficantes quienes ejercen el verdadero poder de sometimiento ciudadano, sostiene la diputada local del PRD por San Luis Río Colorado, Petra Santos Ortiz. “Sólo alguien que vive en una zona de narcos sabe lo que es respirar el miedo”.
La intimidación es un elemento suficiente para influir procesos electorales, sostiene, y bajo esa realidad el blindaje pierde efectividad. “La gente le teme no al IFE, sino a los que dan el dinero que ellos pretenden fiscalizar”. Santos Ortiz asegura haber sido despojada de dos triunfos en las contiendas por la alcaldía de esa ciudad fronteriza justo por las amenazas contra electores que ejercieron tanto criminales como policías. “El blindaje no es sino una buena intención: el dinero no se da a través de los bancos y no se le puede colocar un chip a cada billete con el que se compra el voto. Además, ¿cómo van a contener las amenazas y el miedo?”.
La coacción no requiere inyecciones de dinero, dice el senador panista Ramón Galindo Noriega. “Es muy difícil presentar candidaturas sin correr ningún riesgo de que se ofenda o se moleste al narcotráfico. Si vemos cómo el crimen organizado trata de influir o comprar actitudes de candidatos en las grandes ciudades, en los municipios pequeños... es mucho muy cómodo hacerlo, de manera que una persona que aspira a un puesto de elección popular y pretenda desligar, romper o confrontar al narco, enfrenta situaciones de peligro real”.
Los riesgos luego de 2009
Galindo, lo mismo que el investigador Edgardo Buscaglia y Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, cree que la verdadera presión de las organizaciones criminales se hará más evidente cuando se realicen elecciones locales en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa y Guerrero. Sin embargo, en las votaciones federales de julio próximo irán configurándose los grupos políticos que contenderán en aquellas, “y eso implica que los narcos buscarán influir desde ahora”, advierte el senador.
Buscaglia hace notar que la delincuencia organizada puede elevar su presencia en la escena política con las elecciones de 2009, “se elevará a través de canales patrimoniales, a través de canales de apoyo —que no necesariamente es financiero—, entonces tenemos que intentar pensar cuáles son las mejores prácticas internacionales que se han estado poniendo en marcha en diferentes países que han logrado contener este problema, como Colombia o los de la Unión Europea, entre otros”.
La delincuencia organizada trabaja en 38 países, concluye, pero “las autoridades mexicanas poco pueden hacer cuando no tienen una red operativa de apoyo para generar este potencial material probatorio. Y esto no está entre las medidas anunciadas a través del IFE. Faltan medidas y falta capacidad para ponerlas en marcha”.
Ignacio Alvarado Álvarez, El Universal, 16 de febrero.
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