La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) anunció este martes las acciones de prevención del gobierno de Felipe Calderón en este periodo de comicios federales, las cuales tienen el propósito de reducir la comisión de ilícitos en esa materia y disminuir la presentación de denuncias por esos motivos.
Las medidas “anticorrupción electoral” fueron dadas a conocer por la titular de la Fepade, Arely Gómez González, durante una reunión con representantes de dependencias del gobierno federal y autoridades locales en la sede de la fiscalía.
Por otra parte, al reunirse ayer mismo con diputados, a quienes ofreció un curso sobre derecho penal electoral previo al proceso electoral 2009, la fiscal de la Procuraduría General de la República reconoció abiertamente que “revertir la mala fama de la fiscalía no es fácil, pero hemos cambiado un poco”.
En esta reunión con la comisión especial de la Cámara de Diputados que vigilará que no se desvíen recursos generales en las elecciones de julio, la funcionaria federal fue cuestionada duramente porque las denuncias sobre delitos electorales no prosperan, como sucedió en las elecciones de 2006, en las que sólo procedieron poco más de 90 quejas.
Durante la reunión pública, los diputados que integran esta comisión se enfrascaron en una prolongada discusión para determinar los alcances del acuerdo por el que se conformó dicho grupo de trabajo, pasando por los recursos con los que habrían de contar para boletos de avión y viáticos.
Respecto de las acciones preventivas anunciadas, se trata de 30 operaciones que buscan reducir el número de denuncias por delitos electorales, que en los pasados comicios federales llegaron a mil 312. Entrevistada en la Fepade, la fiscal destacó que hasta el momento la instancia a su cargo tiene en trámite 416 averiguaciones previas que implican denuncias por delitos electorales. Descartó que exista alguna investigación que implique financiamiento de campañas electorales por grupos ligados al crimen organizado.
“Sobre la injerencia del narcotráfico en las elecciones, ahí estaremos trabajando con los datos que el IFE tiene y que estaremos por firmar en un próximo convenio, porque en esta fiscalía no tenemos ninguna denuncia sobre alguna posible injerencia de narcotráfico en las elecciones. Estamos conscientes de este problema, estamos preparados, pero todavía no tenemos ninguna denuncia”, puntualizó Arely Gómez González.
En julio próximo se renovarán mil 596 puestos de elección popular, incluyendo 500 diputados federales, seis gobernadores, 403 diputados locales y 605 presidentes municipales, además de 66 asambleístas y 16 jefaturas delegacionales del Distrito Federal.
Las medidas “anticorrupción electoral” fueron dadas a conocer por la titular de la Fepade, Arely Gómez González, durante una reunión con representantes de dependencias del gobierno federal y autoridades locales en la sede de la fiscalía.
Por otra parte, al reunirse ayer mismo con diputados, a quienes ofreció un curso sobre derecho penal electoral previo al proceso electoral 2009, la fiscal de la Procuraduría General de la República reconoció abiertamente que “revertir la mala fama de la fiscalía no es fácil, pero hemos cambiado un poco”.
En esta reunión con la comisión especial de la Cámara de Diputados que vigilará que no se desvíen recursos generales en las elecciones de julio, la funcionaria federal fue cuestionada duramente porque las denuncias sobre delitos electorales no prosperan, como sucedió en las elecciones de 2006, en las que sólo procedieron poco más de 90 quejas.
Durante la reunión pública, los diputados que integran esta comisión se enfrascaron en una prolongada discusión para determinar los alcances del acuerdo por el que se conformó dicho grupo de trabajo, pasando por los recursos con los que habrían de contar para boletos de avión y viáticos.
Respecto de las acciones preventivas anunciadas, se trata de 30 operaciones que buscan reducir el número de denuncias por delitos electorales, que en los pasados comicios federales llegaron a mil 312. Entrevistada en la Fepade, la fiscal destacó que hasta el momento la instancia a su cargo tiene en trámite 416 averiguaciones previas que implican denuncias por delitos electorales. Descartó que exista alguna investigación que implique financiamiento de campañas electorales por grupos ligados al crimen organizado.
“Sobre la injerencia del narcotráfico en las elecciones, ahí estaremos trabajando con los datos que el IFE tiene y que estaremos por firmar en un próximo convenio, porque en esta fiscalía no tenemos ninguna denuncia sobre alguna posible injerencia de narcotráfico en las elecciones. Estamos conscientes de este problema, estamos preparados, pero todavía no tenemos ninguna denuncia”, puntualizó Arely Gómez González.
En julio próximo se renovarán mil 596 puestos de elección popular, incluyendo 500 diputados federales, seis gobernadores, 403 diputados locales y 605 presidentes municipales, además de 66 asambleístas y 16 jefaturas delegacionales del Distrito Federal.
Alfredo Méndez, Ciro Pérez y Enrique Méndez, La Jornada, 4 de marzo.
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