Chilpancingo, Gro., 11 de marzo. El Congreso del estado acordó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de la ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), secuestrados el 13 de febrero en el municipio de Ayutla de los Libres cuyos cadáveres fueron localizados una semana después.
Así, los diputados rechazaron la propuesta del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de crear una fiscalía especial para investigar este caso.
El perredista Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno, argumentó que “desde su nacimiento (la creación de la fiscalía) estaba descalificada, sobre todo porque no tendría solvencia moral”, dijo.
Chavarría criticó al procurador de Justicia estatal, Eduardo Murueta Urrutia, por haber afirmado que “aparentemente se trataba de un secuestro, sin dar más información.
“A la fecha nadie sabe con certeza cuáles fueron las causas de la detención y posterior ejecución de los indígenas, ya que la procuraduría no ha dado a conocer ningún avance del resultado de sus investigaciones.”
Luego de manifestarse a favor de que la PGR atraiga el caso, dijo que los dirigentes mixtecos “fueron detenidos por hombres armados que dijeron ser policías.
“El estado de Guerrero no merece vivir en la impunidad. Estos crímenes, así como los demás, deben ser investigados con decisión y rigor profesional para castigar a los autores materiales e intelectuales.”
Chavarría Barrera señaló que “por la trascendencia de los hechos”, y luego de consultar a las esposas de los líderes de la OFPM y de las organizaciones de derechos humanos, se creyó más conveniente “promover que este caso sea atraído por la PGR, como la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha solicitado”. Las fracciones parlamentarias aprobaron el punto de acuerdo por unanimidad.
Así, los diputados rechazaron la propuesta del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de crear una fiscalía especial para investigar este caso.
El perredista Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno, argumentó que “desde su nacimiento (la creación de la fiscalía) estaba descalificada, sobre todo porque no tendría solvencia moral”, dijo.
Chavarría criticó al procurador de Justicia estatal, Eduardo Murueta Urrutia, por haber afirmado que “aparentemente se trataba de un secuestro, sin dar más información.
“A la fecha nadie sabe con certeza cuáles fueron las causas de la detención y posterior ejecución de los indígenas, ya que la procuraduría no ha dado a conocer ningún avance del resultado de sus investigaciones.”
Luego de manifestarse a favor de que la PGR atraiga el caso, dijo que los dirigentes mixtecos “fueron detenidos por hombres armados que dijeron ser policías.
“El estado de Guerrero no merece vivir en la impunidad. Estos crímenes, así como los demás, deben ser investigados con decisión y rigor profesional para castigar a los autores materiales e intelectuales.”
Chavarría Barrera señaló que “por la trascendencia de los hechos”, y luego de consultar a las esposas de los líderes de la OFPM y de las organizaciones de derechos humanos, se creyó más conveniente “promover que este caso sea atraído por la PGR, como la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha solicitado”. Las fracciones parlamentarias aprobaron el punto de acuerdo por unanimidad.
Sergio Ocampo Arista, La Jornada, 12 de marzo.
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