La Habana, 23 de marzo. El paquete legislativo aprobado este mes por el Congreso de Estados Unidos, que incluye un alivio a las restricciones de los viajes a Cuba, fue valorado hoy por el diario oficial Granma como “un primer revés para la mafia anticubana y sus representantes” en el Capitolio.
El matutino publicó el lunes un extenso comentario que en su mayor parte se limitó a describir las decisiones legislativas. En forma mesurada, y sin los habituales calificativos contra el gobierno de Washington, el artículo apuntó que en la práctica el conjunto de medidas “no modifican el cerco” económico contra la isla.
En una posición similar, el viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Guerrero, dijo el fin de semana, respondiendo preguntas de la prensa, que se trataba de un “minúsculo gesto” y que el gobierno de La Habana esperaba “nuevas medidas” y un “gesto superior”.
El aflojamiento de las restricciones a los viajes era “absolutamente indispensable”, pues se trataba de disposiciones “discriminatorias” e “injustas”, añadió Guerrero.
Las reacciones cubanas se mantienen en un bajo perfil, en consonancia con los limitados movimientos estadunidenses. Pero en la práctica representan un acuse de recibo de que algunas acciones se están realizando lentamente en Estados Unidos, en primer lugar echando abajo el nudo superlativo de hostilidades que amarró el anterior presidente, George W. Bush, a partir de 2004.
Aún es muy temprano para ver el horizonte de una verdadera distensión entre los dos gobiernos, aunque el comentario de Granma indicó que La Habana está observando fijamente cualquier mínimo movimiento en Washington.
“Estas medidas no restituyen el derecho de los cubanos residentes en Estados Unidos a viajar libremente a Cuba, como tampoco contemplan el derecho de los ciudadanos de aquel país a visitar la vecina isla”, añadió el artículo.
La promesa de Obama
El diario no lo señaló, pero las decisiones del Congreso están todavía por debajo de la promesa electoral de Barack Obama, de liberar totalmente los viajes a la isla de los cubanos residentes en Estados Unidos y las remesas que ese conglomerado envía a sus familiares.
Hace un mes Granma también marcó la tarjeta cuando registró la renuncia de Caleb McCarry al puesto de “coordinador para la transición en Cuba”, que había tenido en los últimos cuatro años del mandato de Bush.
McCarry habría sido una especie de procónsul en la isla, en la hipótesis de un colapso del sistema y la instauración de un régimen favorable a Washington, según el plan.
El gobierno de Barack Obama todavía no ha tomado decisiones explícitas sobre la ofensiva que lanzó su antecesor hace cinco años, pero no se sabe que McCarry haya sido sustituido en el cargo.
El paquete legislativo, refrendado por Obama, tiene efectos muy modestos para flexibilizar las relaciones con Cuba, pero confirma un cambio en la dirección de la política en Estados Unidos, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.
Iniciativas similares bajo el gobierno de Bush fracasaron en la rama legislativa o, incluso, llegaron a aprobarse en ambas cámaras pero fueron descartadas en una negociación de cúpula, para evitar el seguro veto presidencial.
Observando esos entretelones, Granma puso énfasis hoy en el impacto en el movimiento anticastrista.
“Esas enmiendas habían sido presentadas sin éxito en sesiones anteriores del Congreso, donde legisladores anticubanos, vinculados a la mafia miamense, y en contubernio con la administración de George W. Bush consiguieron bloquearlas”, escribió el matutino.
“Sin embargo, a iniciativa del representante demócrata José Serrano, esta vez fueron incluidas dentro de un amplio paquete que financia prácticamente a todo el aparato de gobierno, lo cual facilitó su aprobación pese a la férrea oposición de legisladores de origen cubano”.
En esencia, la ley presupuestal firmada por Obama el pasado 11 de marzo elimina fondos destinados a verificar que se cumplan las restricciones a los viajes a la isla de los cubanos residentes en Estados Unidos, que desde junio de 2004 quedaron limitados a uno cada tres años, sólo para la familia directa y con un gasto de 50 dólares diarios.
Como consecuencia, el Departamento del Tesoro emitió una nueva regulación para esos viajes, ampliando las visitas a una por año, con un arco familiar más amplio y regresando al anterior nivel autorizado de gasto de 179 dólares diarios.
En contra de la disposición anterior que impedía viajes extraordinarios dentro del lapso de tres años, la nueva medida permite esas visitas con un análisis “caso por caso”.
La ley presupuestal también autorizó una licencia general para que empresarios estadunidenses puedan viajar a Cuba en la gestión de ventas de alimentos y medicinas, una operación que desde 2000 es una excepción legal a las reglas del bloqueo.
El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, precisó que esa licencia obligará a los empresarios a notificar previamente su viaje y sus objetivos y luego explicar sus resultados.
Una tercera disposición de la ley eliminó los fondos para verificar que las ventas agrícolas a Cuba reciban el pago por adelantado (que el Tesoro estadunidense interpreta como la liquidación del total antes de que el barco salga de puerto).
Este último caso es el más contradictorio del paquete, pues sigue vigente la disposición de Bush del pago por adelantado, y así lo sostiene el Tesoro bajo la actual administración, pero el Congreso ha eliminado los fondos para que se aplique esa medida.
El matutino publicó el lunes un extenso comentario que en su mayor parte se limitó a describir las decisiones legislativas. En forma mesurada, y sin los habituales calificativos contra el gobierno de Washington, el artículo apuntó que en la práctica el conjunto de medidas “no modifican el cerco” económico contra la isla.
En una posición similar, el viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Guerrero, dijo el fin de semana, respondiendo preguntas de la prensa, que se trataba de un “minúsculo gesto” y que el gobierno de La Habana esperaba “nuevas medidas” y un “gesto superior”.
El aflojamiento de las restricciones a los viajes era “absolutamente indispensable”, pues se trataba de disposiciones “discriminatorias” e “injustas”, añadió Guerrero.
Las reacciones cubanas se mantienen en un bajo perfil, en consonancia con los limitados movimientos estadunidenses. Pero en la práctica representan un acuse de recibo de que algunas acciones se están realizando lentamente en Estados Unidos, en primer lugar echando abajo el nudo superlativo de hostilidades que amarró el anterior presidente, George W. Bush, a partir de 2004.
Aún es muy temprano para ver el horizonte de una verdadera distensión entre los dos gobiernos, aunque el comentario de Granma indicó que La Habana está observando fijamente cualquier mínimo movimiento en Washington.
“Estas medidas no restituyen el derecho de los cubanos residentes en Estados Unidos a viajar libremente a Cuba, como tampoco contemplan el derecho de los ciudadanos de aquel país a visitar la vecina isla”, añadió el artículo.
La promesa de Obama
El diario no lo señaló, pero las decisiones del Congreso están todavía por debajo de la promesa electoral de Barack Obama, de liberar totalmente los viajes a la isla de los cubanos residentes en Estados Unidos y las remesas que ese conglomerado envía a sus familiares.
Hace un mes Granma también marcó la tarjeta cuando registró la renuncia de Caleb McCarry al puesto de “coordinador para la transición en Cuba”, que había tenido en los últimos cuatro años del mandato de Bush.
McCarry habría sido una especie de procónsul en la isla, en la hipótesis de un colapso del sistema y la instauración de un régimen favorable a Washington, según el plan.
El gobierno de Barack Obama todavía no ha tomado decisiones explícitas sobre la ofensiva que lanzó su antecesor hace cinco años, pero no se sabe que McCarry haya sido sustituido en el cargo.
El paquete legislativo, refrendado por Obama, tiene efectos muy modestos para flexibilizar las relaciones con Cuba, pero confirma un cambio en la dirección de la política en Estados Unidos, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.
Iniciativas similares bajo el gobierno de Bush fracasaron en la rama legislativa o, incluso, llegaron a aprobarse en ambas cámaras pero fueron descartadas en una negociación de cúpula, para evitar el seguro veto presidencial.
Observando esos entretelones, Granma puso énfasis hoy en el impacto en el movimiento anticastrista.
“Esas enmiendas habían sido presentadas sin éxito en sesiones anteriores del Congreso, donde legisladores anticubanos, vinculados a la mafia miamense, y en contubernio con la administración de George W. Bush consiguieron bloquearlas”, escribió el matutino.
“Sin embargo, a iniciativa del representante demócrata José Serrano, esta vez fueron incluidas dentro de un amplio paquete que financia prácticamente a todo el aparato de gobierno, lo cual facilitó su aprobación pese a la férrea oposición de legisladores de origen cubano”.
En esencia, la ley presupuestal firmada por Obama el pasado 11 de marzo elimina fondos destinados a verificar que se cumplan las restricciones a los viajes a la isla de los cubanos residentes en Estados Unidos, que desde junio de 2004 quedaron limitados a uno cada tres años, sólo para la familia directa y con un gasto de 50 dólares diarios.
Como consecuencia, el Departamento del Tesoro emitió una nueva regulación para esos viajes, ampliando las visitas a una por año, con un arco familiar más amplio y regresando al anterior nivel autorizado de gasto de 179 dólares diarios.
En contra de la disposición anterior que impedía viajes extraordinarios dentro del lapso de tres años, la nueva medida permite esas visitas con un análisis “caso por caso”.
La ley presupuestal también autorizó una licencia general para que empresarios estadunidenses puedan viajar a Cuba en la gestión de ventas de alimentos y medicinas, una operación que desde 2000 es una excepción legal a las reglas del bloqueo.
El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, precisó que esa licencia obligará a los empresarios a notificar previamente su viaje y sus objetivos y luego explicar sus resultados.
Una tercera disposición de la ley eliminó los fondos para verificar que las ventas agrícolas a Cuba reciban el pago por adelantado (que el Tesoro estadunidense interpreta como la liquidación del total antes de que el barco salga de puerto).
Este último caso es el más contradictorio del paquete, pues sigue vigente la disposición de Bush del pago por adelantado, y así lo sostiene el Tesoro bajo la actual administración, pero el Congreso ha eliminado los fondos para que se aplique esa medida.
Gerardo Arreola, La Jornada, 24 de marzo.
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