Quito, 7 de marzo. La “infiltración” de paramilitares colombianos conocidos como Águilas Negras –desertores de las Autodefensas Unidas de Colombia– en la frontera con Ecuador y la escasa vigilancia que realizan los cuerpos militares en la zona, obligó a las autoridades ecuatorianas a incrementar 30 por ciento la cantidad de elementos de sus fuerzas de seguridad en aquella región, informó hoy el presidente Rafael Correa.
“Ya estamos tomando medidas muy drásticas, porque la situación también es tremendamente drástica”, expresó el jefe de Estado en su mensaje semanal de radio, en el que precisó que el envío de más hombres a la frontera norte de Ecuador obligó a la formación de nuevos destacamentos militares.
Ecuador dispone actualmente de 7 mil militares y 3 mil 541 policías en los 720 kilómetros que constituyen la franja fronteriza bilateral, que abarca áreas montañosas de los Andes, selvas y la costa sobre el océano Pacífico.
El presupuesto oficial destinado a la seguridad limítrofe asciende a unos 100 millones de dólares al año, según el mandatario.
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, informó en el programa radiofónico presidencial que como parte de la “drástica” respuesta a la infiltración de paramilitares en la frontera colombiano-ecuatoriana, serán desplegados otros 3 mil uniformados y se constituirán cinco destacamentos militares y 10 policiales.
El anuncio del gobierno ecuatoriano fue hecho un año después del bombardeo de las fuerzas militares a un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, donde murieron 25 personas, incluido Raúl Reyes, uno de los más altos dirigentes de la principal guerrilla del país vecino.
El ataque sobre territorio ecuatoriano llevó a Correa a romper relaciones diplomáticas con la nación vecina y ha generado otras fricciones entre el gobierno conservador del presidente Álvaro Uribe y el izquierdista Correa.
Para restablecer los nexos diplomáticos, Quito exige que Bogotá envíe tropas que se ocupen permanentemente de la vigilancia en su territorio y que eliminen a los paramilitares asentados en la región, pero el gobierno colombiano, hasta la fecha, no ha dado satisfacciones a su vecino.
Correa recordó hoy algunos detalles de la comunicación telefónica que tuvo con Uribe y acusó a su par colombiano de haber mentido cuando lo llamó para darle a conocer la acción de los militares, lo que describió como un “traicionero bombardeo por parte del gobierno colombiano contra territorio ecuatoriano”.
El primero de marzo de 2008 “me llama el presidente Uribe (...) me dice que ha habido un encuentro, un enfrentamiento entre las fuerzas armadas colombianas y las FARC, y que en ese enfrentamiento las FARC han huido a nuestro territorio, y que en la persecución había 10 o 17 guerrilleros muertos, 11 prisioneros, un soldado colombiano muerto”, relató el presidente ecuatoriano.
“Esa fue la mentira que dijo el presidente Uribe”, dijo el ecuatoriano, en alusión al hecho de que su homólogo sabía que en realidad había ocurrido un bombardeo.
“No nos habían dicho que era un bombardeo en nuestro territorio planificado, deliberado, ordenado por el propio presidente Uribe. Todo fue mentira lo que dijo Uribe, lo único que era cierto es que había muerto Raúl Reyes”, agregó el mandatario, quien anunció la creación de una comisión independiente para que investigue esos hechos militares.
De forma paralela al rompimiento de relaciones biliaterales, el gobierno de Uribe lanzó acusaciones contra funcionarios de Ecuador y Venezuela sobre presuntas comunicaciones con líderes de las FARC, y señaló directamente al ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, quien renunció a su cargo en febrero pasado.
El diario El Universo de Ecuador publicó hoy afirmaciones del ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía, mayor Manuel Silva, quien aseguró tener testigos de que Larrea se reunió el 7 de febrero de 2008 con el comandante guerrillero Raúl Reyes en el campamento de esa guerrilla en La Angostura, provincia de Sucumbíos.
En una carta, Silva señaló que la comandancia de la policía solicitó a la UIES “información sobre los nexos de Gustavo Larrea con las FARC, en especial sobre las reuniones con el comandante guerrillero Raúl Reyes”.
Larrea ha dicho que efectivamente dialogó con Reyes con fines humanitarios (con motivo de un canje de rehenes con el gobierno colombiano, en 2007), pero sin precisar el lugar y la fecha.
La fiscalía investiga a Silva por entregar información policial a Estados Unidos, así como al ex subsecretario de la cartera de Gobierno (Interior)[ José Chauvín, quien está detenido por presuntos vínculos con algunos narcotraficantes aliados con las FARC.
Chauvín declaró que coordinó el encuentro entre Reyes y Larrea, el cual –según dijo– no fue ni en Colombia ni en Ecuador, y reconoció ser amigo personal del jefe rebelde, con el que además se reunió en siete ocasiones.
Correa ha sostenido que el ex subsecretario habría cometido una traición a la patria si se hubiera reunido con el número dos de las FARC de manera clandestina en territorio ecuatoriano.
Por último, la policía colombiana, con apoyo del ejército, inició un programa para erradicar este año manualmente 70 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca.
“Ya estamos tomando medidas muy drásticas, porque la situación también es tremendamente drástica”, expresó el jefe de Estado en su mensaje semanal de radio, en el que precisó que el envío de más hombres a la frontera norte de Ecuador obligó a la formación de nuevos destacamentos militares.
Ecuador dispone actualmente de 7 mil militares y 3 mil 541 policías en los 720 kilómetros que constituyen la franja fronteriza bilateral, que abarca áreas montañosas de los Andes, selvas y la costa sobre el océano Pacífico.
El presupuesto oficial destinado a la seguridad limítrofe asciende a unos 100 millones de dólares al año, según el mandatario.
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, informó en el programa radiofónico presidencial que como parte de la “drástica” respuesta a la infiltración de paramilitares en la frontera colombiano-ecuatoriana, serán desplegados otros 3 mil uniformados y se constituirán cinco destacamentos militares y 10 policiales.
El anuncio del gobierno ecuatoriano fue hecho un año después del bombardeo de las fuerzas militares a un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, donde murieron 25 personas, incluido Raúl Reyes, uno de los más altos dirigentes de la principal guerrilla del país vecino.
El ataque sobre territorio ecuatoriano llevó a Correa a romper relaciones diplomáticas con la nación vecina y ha generado otras fricciones entre el gobierno conservador del presidente Álvaro Uribe y el izquierdista Correa.
Para restablecer los nexos diplomáticos, Quito exige que Bogotá envíe tropas que se ocupen permanentemente de la vigilancia en su territorio y que eliminen a los paramilitares asentados en la región, pero el gobierno colombiano, hasta la fecha, no ha dado satisfacciones a su vecino.
Correa recordó hoy algunos detalles de la comunicación telefónica que tuvo con Uribe y acusó a su par colombiano de haber mentido cuando lo llamó para darle a conocer la acción de los militares, lo que describió como un “traicionero bombardeo por parte del gobierno colombiano contra territorio ecuatoriano”.
El primero de marzo de 2008 “me llama el presidente Uribe (...) me dice que ha habido un encuentro, un enfrentamiento entre las fuerzas armadas colombianas y las FARC, y que en ese enfrentamiento las FARC han huido a nuestro territorio, y que en la persecución había 10 o 17 guerrilleros muertos, 11 prisioneros, un soldado colombiano muerto”, relató el presidente ecuatoriano.
“Esa fue la mentira que dijo el presidente Uribe”, dijo el ecuatoriano, en alusión al hecho de que su homólogo sabía que en realidad había ocurrido un bombardeo.
“No nos habían dicho que era un bombardeo en nuestro territorio planificado, deliberado, ordenado por el propio presidente Uribe. Todo fue mentira lo que dijo Uribe, lo único que era cierto es que había muerto Raúl Reyes”, agregó el mandatario, quien anunció la creación de una comisión independiente para que investigue esos hechos militares.
De forma paralela al rompimiento de relaciones biliaterales, el gobierno de Uribe lanzó acusaciones contra funcionarios de Ecuador y Venezuela sobre presuntas comunicaciones con líderes de las FARC, y señaló directamente al ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, quien renunció a su cargo en febrero pasado.
El diario El Universo de Ecuador publicó hoy afirmaciones del ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía, mayor Manuel Silva, quien aseguró tener testigos de que Larrea se reunió el 7 de febrero de 2008 con el comandante guerrillero Raúl Reyes en el campamento de esa guerrilla en La Angostura, provincia de Sucumbíos.
En una carta, Silva señaló que la comandancia de la policía solicitó a la UIES “información sobre los nexos de Gustavo Larrea con las FARC, en especial sobre las reuniones con el comandante guerrillero Raúl Reyes”.
Larrea ha dicho que efectivamente dialogó con Reyes con fines humanitarios (con motivo de un canje de rehenes con el gobierno colombiano, en 2007), pero sin precisar el lugar y la fecha.
La fiscalía investiga a Silva por entregar información policial a Estados Unidos, así como al ex subsecretario de la cartera de Gobierno (Interior)[ José Chauvín, quien está detenido por presuntos vínculos con algunos narcotraficantes aliados con las FARC.
Chauvín declaró que coordinó el encuentro entre Reyes y Larrea, el cual –según dijo– no fue ni en Colombia ni en Ecuador, y reconoció ser amigo personal del jefe rebelde, con el que además se reunió en siete ocasiones.
Correa ha sostenido que el ex subsecretario habría cometido una traición a la patria si se hubiera reunido con el número dos de las FARC de manera clandestina en territorio ecuatoriano.
Por último, la policía colombiana, con apoyo del ejército, inició un programa para erradicar este año manualmente 70 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca.
AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 8 de marzo.
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