En elecciones federales, los servidores públicos encabezan la lista de denuncias contra delitos en material electoral.
En la elección de 2006, 32 por ciento de los ilícitos reportados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) son contra funcionarios federales, estatales y municipales.
En esa contienda, en la que se eligió Presidente de la República, senadores, diputados y en diversos estados se renovaron gobernadores, congresos locales y alcaldías, las denuncias contra servidores públicos ocuparon el primer lugar, con 416 casos.
La principal violación que presuntamente cometen es destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tienen a su disposición, como vehículos, inmuebles, equipos o material, a su partido o a algún candidato.
Le sigue el condicionamiento de la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a cambio de que el ciudadano emita el día de la jornada electoral el sufragio en favor de un partido o aspirante.
En tercer lugar está proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un instituto político o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando su tiempo laboral, así como obligar a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos a favor de algún partido o candidato.
Las entidades donde se cometen más delitos, principalmente en elecciones federales, son Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
La ley establece una sanción de 200 a 400 salarios mínimos y de uno a nueve años de prisión a quienes se ubiquen en uno de esos cuatro ilícitos.
De acuerdo con la FEPADE, en las contiendas electorales, las quejas por supuestos delitos cometidos por servidores públicos están por encima de las manifestadas por alteración al Registro Federal de Electores o la expedición ilícita de credenciales, que acaparó 17.6 de las denuncias en 2006.
Así como de violaciones como introducir o sustraer votos de las urnas, destruir o alterar boletas, e impedir el traslado o entrega de material para la jornada.
En las elecciones locales de 2007, cuando hubo elecciones en 15 estados, y 2008, en otros cinco, los ilícitos de servidores públicos no alcanzaron 10 por ciento. En total se presentaron 71 denuncias.
Dos botones
Hace un mes, el Juez Tercero de Distrito en Morelos dictó auto de formal prisión a Francisco Javier Vázquez González quien fue director del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en ese estado.
Aprovechándose del cargo, Vázquez González condicionó el otorgamiento de créditos para compra de cabezas de ganado a que votaran por los candidatos del PAN en las elecciones de 2006. Aún no se define la condena.
Otro caso es el de un funcionario del órgano de control interno de Distribuidora Conasupo (Diconsa), Cándido Martínez López, quien terminó en una cárcel de Oaxaca por destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios en favor de un partido.
Qué no hacer
La FEPADE busca concientizar a los servidores públicos de que tienen prohibido:
· Obligar a los subordinados a participar en eventos partidistas.
· Dar permiso a un subordinado, con goce de sueldo, para asistir a un mitin.
· Alterar la documentación sobre rendición de cuentas.
· No respetar la preferencia electoral de los otros funcionarios.
· Distribuir propaganda en oficinas o por correo electrónico laboral.
· Dar preferencia en algún trámite a colegas partidistas.
· Recibir regalos o favores de un candidato a algún cargo o partido político.
· No atender o negar un servicio a un ciudadano que porte una playera con la imagen de un partido.
· Condicionar la entrega de bonos o solicitar la firma de un empleado para que asista a un mitin.
En la elección de 2006, 32 por ciento de los ilícitos reportados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) son contra funcionarios federales, estatales y municipales.
En esa contienda, en la que se eligió Presidente de la República, senadores, diputados y en diversos estados se renovaron gobernadores, congresos locales y alcaldías, las denuncias contra servidores públicos ocuparon el primer lugar, con 416 casos.
La principal violación que presuntamente cometen es destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tienen a su disposición, como vehículos, inmuebles, equipos o material, a su partido o a algún candidato.
Le sigue el condicionamiento de la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a cambio de que el ciudadano emita el día de la jornada electoral el sufragio en favor de un partido o aspirante.
En tercer lugar está proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un instituto político o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando su tiempo laboral, así como obligar a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos a favor de algún partido o candidato.
Las entidades donde se cometen más delitos, principalmente en elecciones federales, son Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
La ley establece una sanción de 200 a 400 salarios mínimos y de uno a nueve años de prisión a quienes se ubiquen en uno de esos cuatro ilícitos.
De acuerdo con la FEPADE, en las contiendas electorales, las quejas por supuestos delitos cometidos por servidores públicos están por encima de las manifestadas por alteración al Registro Federal de Electores o la expedición ilícita de credenciales, que acaparó 17.6 de las denuncias en 2006.
Así como de violaciones como introducir o sustraer votos de las urnas, destruir o alterar boletas, e impedir el traslado o entrega de material para la jornada.
En las elecciones locales de 2007, cuando hubo elecciones en 15 estados, y 2008, en otros cinco, los ilícitos de servidores públicos no alcanzaron 10 por ciento. En total se presentaron 71 denuncias.
Dos botones
Hace un mes, el Juez Tercero de Distrito en Morelos dictó auto de formal prisión a Francisco Javier Vázquez González quien fue director del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) en ese estado.
Aprovechándose del cargo, Vázquez González condicionó el otorgamiento de créditos para compra de cabezas de ganado a que votaran por los candidatos del PAN en las elecciones de 2006. Aún no se define la condena.
Otro caso es el de un funcionario del órgano de control interno de Distribuidora Conasupo (Diconsa), Cándido Martínez López, quien terminó en una cárcel de Oaxaca por destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios en favor de un partido.
Qué no hacer
La FEPADE busca concientizar a los servidores públicos de que tienen prohibido:
· Obligar a los subordinados a participar en eventos partidistas.
· Dar permiso a un subordinado, con goce de sueldo, para asistir a un mitin.
· Alterar la documentación sobre rendición de cuentas.
· No respetar la preferencia electoral de los otros funcionarios.
· Distribuir propaganda en oficinas o por correo electrónico laboral.
· Dar preferencia en algún trámite a colegas partidistas.
· Recibir regalos o favores de un candidato a algún cargo o partido político.
· No atender o negar un servicio a un ciudadano que porte una playera con la imagen de un partido.
· Condicionar la entrega de bonos o solicitar la firma de un empleado para que asista a un mitin.
Érika Hernández, Reforma, 2 de marzo.
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