"José, necesito que me autorices la camioneta de la oficina para llevar esta propaganda del partido al Centro de la Ciudad", dice un funcionario federal a otro.
¿Usted como servidor público qué respondería?: A) No hay problema, las llaves están en mi escritorio, solamente que nadie de la oficina se entere.
B) Enrique, es sólo para asuntos de la oficina, si la usas para transportar propaganda voy a denunciarte.
C) ¡Claro! Yo te acompaño.
El anterior es uno de los 20 ejercicios que deberán responder los servidores públicos de las 29 dependencias del Gobierno federal a partir del 3 de marzo, a través de una guía electrónica denominada "ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones".
Cada oficina gubernamental tiene la obligación de instalar, en al menos una computadora, este programa, para que todos los funcionarios -desde mandos superiores y medios hasta personal operativo- conozcan cuáles son los delitos electorales y las sanciones.
Así como sus obligaciones y derechos como ciudadanos en un proceso electoral.
Esto forma parte del "blindaje electoral" que lanzarán la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante el elevado número de denuncias contra servidores públicos en procesos electorales federales por emplear programas, recursos o personal para fines proselitistas.
El empleado debe responder varias preguntas, las cuales se ilustran con dibujos y apartados concretos de la legislación que violarían y la sanción en caso de no tomar en consideración la advertencia.
Al final, el sistema califica con un tache o una paloma la respuesta y añade una reflexión.
En el ejemplo de José y Enrique, la respuesta correcta es "B", y se agrega: "Las presiones ejercidas por otros servidores públicos o nuestras propias convicciones y preferencias político-electorales pueden influir para que hagamos uso indebido de los recursos públicos".
El delito de condicionamiento de programas o servicios, que es el segundo más cometido, se ilustra en el ejercicio.
"Gustavo, ya tenemos una lista de los damnificados del huracán a quienes les entregaremos las despensas, pero te comento que sólo se las daremos a quien se comprometa a votar por nuestro partido".
Se dan diversos ejemplos de situaciones que pueden enfrentar los funcionarios en el proceso electoral.
No hay un apartado sobre asistencia a mítines, pero se aclara que, como cualquier ciudadano, tienen el derecho de simpatizar con un partido y apoyarlo en sus ratos libres.
El ejercicio se divide en tres: ABC, focos rojos y repaso, y para que el funcionario lo realice en su totalidad, el sistema no le permite saltarse ningún apartado, por lo que deberá dedicarle alrededor de dos horas.
¿Usted como servidor público qué respondería?: A) No hay problema, las llaves están en mi escritorio, solamente que nadie de la oficina se entere.
B) Enrique, es sólo para asuntos de la oficina, si la usas para transportar propaganda voy a denunciarte.
C) ¡Claro! Yo te acompaño.
El anterior es uno de los 20 ejercicios que deberán responder los servidores públicos de las 29 dependencias del Gobierno federal a partir del 3 de marzo, a través de una guía electrónica denominada "ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones".
Cada oficina gubernamental tiene la obligación de instalar, en al menos una computadora, este programa, para que todos los funcionarios -desde mandos superiores y medios hasta personal operativo- conozcan cuáles son los delitos electorales y las sanciones.
Así como sus obligaciones y derechos como ciudadanos en un proceso electoral.
Esto forma parte del "blindaje electoral" que lanzarán la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante el elevado número de denuncias contra servidores públicos en procesos electorales federales por emplear programas, recursos o personal para fines proselitistas.
El empleado debe responder varias preguntas, las cuales se ilustran con dibujos y apartados concretos de la legislación que violarían y la sanción en caso de no tomar en consideración la advertencia.
Al final, el sistema califica con un tache o una paloma la respuesta y añade una reflexión.
En el ejemplo de José y Enrique, la respuesta correcta es "B", y se agrega: "Las presiones ejercidas por otros servidores públicos o nuestras propias convicciones y preferencias político-electorales pueden influir para que hagamos uso indebido de los recursos públicos".
El delito de condicionamiento de programas o servicios, que es el segundo más cometido, se ilustra en el ejercicio.
"Gustavo, ya tenemos una lista de los damnificados del huracán a quienes les entregaremos las despensas, pero te comento que sólo se las daremos a quien se comprometa a votar por nuestro partido".
Se dan diversos ejemplos de situaciones que pueden enfrentar los funcionarios en el proceso electoral.
No hay un apartado sobre asistencia a mítines, pero se aclara que, como cualquier ciudadano, tienen el derecho de simpatizar con un partido y apoyarlo en sus ratos libres.
El ejercicio se divide en tres: ABC, focos rojos y repaso, y para que el funcionario lo realice en su totalidad, el sistema no le permite saltarse ningún apartado, por lo que deberá dedicarle alrededor de dos horas.
Érika Hernández, Reforma, 2 de marzo.
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