Preparan consejeros electorales nuevo perdón a la televisora de Chapultepec

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) discutirá hoy el dictamen en el cual se imputa a Televisa haber incurrido en ilegalidades en la transmisión de promocionales el fin de semana en el que arrancaron las precampañas, por lo que debería ser multada con 4 millones 180 pesos, según el dictamen de la secretaría ejecutiva.

Sin embargo, difícilmente podrá encontrar pleno respaldo entre los consejeros electorales, por lo que se perfila que podría ser declarado infundado o, en su caso, parcialmente fundado, con la consiguiente anulación o reducción de la multa.

El proyecto que presentará el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, no modificó ninguno de sus términos, estimando que Televisa “manipuló” y “manoseó” las pautas que le fueron remitidas para la transmisión de los promocionales institucionales y de los partidos políticos, interrumpiendo la programación deportiva los días 31 de enero y primero de febrero, actuando de manera concertada con Tv Azteca, incorporó cortinillas que comúnmente no se colocan en la propaganda gubernamental y empaquetó los anuncios relacionados con las elecciones.

“Se considera que con la conducta antes descrita se daña la estrategia general del proceso electoral y, con ello, se cancela su objetivo principal de promover la participación del pueblo en la vida democrática”, señala el dictamen que será discutido por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideró ilegal y anticonstitucional la vía del sobreseimiento con la que el IFE pretendió allanarse al tema en la sesión del pasado 13 de febrero.

Al referirse específicamente al “empaquetamiento” de promocionales, el documento subraya que la vinculación de hasta seis minutos de anuncios tiende a generar en la audiencia una sensación de saturación con respecto a los mensajes políticos. Con ello se impide una correcta retención por parte del público.

Sin embargo, en las evaluaciones de algunos consejeros, la citada conducta es difícilmente sostenible como para imponer una sanción, toda vez que en la legislación electoral no está expresamente prohibida esta práctica, como tampoco lo está la interrupción de los programas deportivos.
Alonso Urrutia, La Jornada, 13 de marzo.

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