La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió su Recomendación 12/2009, dirigida al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, por el caso de varios integrantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, quienes fueron víctimas de robo, allanamiento, intimidación y amenazas.
A decir del organismo, la Procuraduría General de Justicia de esa entidad ha sido omisa para investigar el caso.
“Para realizar una diligencia, dicha autoridad tardó 367 días y luego determinó la reserva de la averiguación, por carecer de elementos para ejercitar acción penal”, informó la CNDH.
El 24 de octubre de 2006, mediante información publicada en algunos medios de comunicación, la CNDH tuvo conocimiento de que las oficinas de ese centro fueron allanadas dos días antes.
Se buscó y entabló contacto con Diego Cadenas Gordillo, subdirector de Defensa del Centro, quien ratificó los hechos y solicitó la intervención de la CNDH, que inició la queja respectiva, previo acuerdo de atracción.
El 17 de noviembre de ese mismo año, personal de aquel centro de derechos humanos informó a visitadores de la Comisión Nacional de diversos actos de agresión, vigilancia e intimidación de que eran víctimas, entre ellos el robo de una computadora portátil.
Según el organismo que preside José Luis Soberanes Fernández, del estudio de las evidencias obtenidas se advierten conductas y omisiones violatorias a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido acceso a la justicia, por parte de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación en esa entidad.
Estos han incurrido en omisión y dilación al no ejercer las facultades y obligaciones de sus cargos, y al no investigar en forma objetiva e imparcial han ocasionado que la procuración y administración de justicia no lleve a cabo de manera pronta, lo que inhibe el quehacer de los defensores sociales.
Por ello, en su Recomendación la CNDH solicita al gobernador de Chiapas instruya al procurador estatal se realicen las diligencias e investigaciones correspondientes.
Olivier Pavón, Crónica, 9 de marzo.
A decir del organismo, la Procuraduría General de Justicia de esa entidad ha sido omisa para investigar el caso.
“Para realizar una diligencia, dicha autoridad tardó 367 días y luego determinó la reserva de la averiguación, por carecer de elementos para ejercitar acción penal”, informó la CNDH.
El 24 de octubre de 2006, mediante información publicada en algunos medios de comunicación, la CNDH tuvo conocimiento de que las oficinas de ese centro fueron allanadas dos días antes.
Se buscó y entabló contacto con Diego Cadenas Gordillo, subdirector de Defensa del Centro, quien ratificó los hechos y solicitó la intervención de la CNDH, que inició la queja respectiva, previo acuerdo de atracción.
El 17 de noviembre de ese mismo año, personal de aquel centro de derechos humanos informó a visitadores de la Comisión Nacional de diversos actos de agresión, vigilancia e intimidación de que eran víctimas, entre ellos el robo de una computadora portátil.
Según el organismo que preside José Luis Soberanes Fernández, del estudio de las evidencias obtenidas se advierten conductas y omisiones violatorias a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al debido acceso a la justicia, por parte de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación en esa entidad.
Estos han incurrido en omisión y dilación al no ejercer las facultades y obligaciones de sus cargos, y al no investigar en forma objetiva e imparcial han ocasionado que la procuración y administración de justicia no lleve a cabo de manera pronta, lo que inhibe el quehacer de los defensores sociales.
Por ello, en su Recomendación la CNDH solicita al gobernador de Chiapas instruya al procurador estatal se realicen las diligencias e investigaciones correspondientes.
Olivier Pavón, Crónica, 9 de marzo.
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