Resolver el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y detener el tráfico de armas que usa el crimen organizado en México, no está en manos del gobierno mexicano, planteó ayer en la Cámara de Diputados el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Rico Ferrat.
Y es que, explicó el funcionario, en el primer caso no decrece el consumo de drogas en la unión americana y, en el segundo, “funcionarios federales y estatales” estadunidenses “están vinculados con grupos del crimen organizado de México y permiten el tráfico de armas”.
Aún más, expuso, la administración de Barack Obama tiene otras prioridades ante la crisis económica y financiera por lo que el Plan Mérida pasó a segundo plano y el Congreso estadunidense hará una nueva reducción al presupuesto previsto de mil 400 millones de dólares en el periodo 2008-2010.
“El dato real es que en este momento lo que ha aprobado la Cámara de Representantes, es muy inferior a lo que planteamos bilateralmente con el Ejecutivo de Estados Unidos (en la administración Bush), y en las próximas semanas vamos a estar muy atentos para ver qué decide el Senado.
“Los quiero alertar —dijo a diputados de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y la de Seguridad Pública— es muy importante lo que viene en los días siguientes y podría darse una nueva reducción (en los recursos del Plan Mérida)”.
El caso es que, puntualizó, pese a la preocupación de México por combatir al narcotráfico y al crimen organizado, además de ser un asunto que afecta a la seguridad de ambas naciones, “la discusión en el Senado de Estados Unidos se centra en otras cuestiones como salud, seguridad social y presupuesto”.
En este orden, ante cuestionamientos de diputados del PRI, entre ellos Edmundo Ramírez, presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en torno del tráfico de armas, el subsecretario explicó que, no obstante que se han aprobado operativos en ambos lados de la frontera, “el tráfico de armas sigue siendo un problema, más cuando funcionarios federales y estatales de Estados Unidos están vinculados con grupos del crimen organizado de México”.
Al respecto, el coordinador de la bancada convergente, Alejandro Chanona consideró preocupante que se reduzcan los recursos al Plan Mérida, sobre todo en momentos en que el gobierno de Felipe Calderón se encuentra en la fase más severa de la lucha contra el crimen organizado. Convino con el subsecretario Rico Ferrat en que el gobierno de México no podrá solucionar el problema del tráfico de drogas en tanto EU mantenga el enorme mercado de consumo.
El subsecretario insistió en el tema del tráfico de armas e indicó que 90% de éste concierne a lo que puede llamarse una tradición “de los migrantes mexicanos que, al regresar a México compran una o dos armas para revenderlas, incluso como una forma de financiar el viaje a sus lugares de origen”.
Empero, citó, “nos interesa el restante 10 por ciento, que son armas de asalto, granadas de fragmentación”, como las que usaron en Morelia, Michoacán, en septiembre de 2008 y de las cuales se han decomisado más de dos mil, por lo que además deben modernizarse los sistemas de detección de drogas y armas en las aduanas mexicanas.
Y es que, explicó el funcionario, en el primer caso no decrece el consumo de drogas en la unión americana y, en el segundo, “funcionarios federales y estatales” estadunidenses “están vinculados con grupos del crimen organizado de México y permiten el tráfico de armas”.
Aún más, expuso, la administración de Barack Obama tiene otras prioridades ante la crisis económica y financiera por lo que el Plan Mérida pasó a segundo plano y el Congreso estadunidense hará una nueva reducción al presupuesto previsto de mil 400 millones de dólares en el periodo 2008-2010.
“El dato real es que en este momento lo que ha aprobado la Cámara de Representantes, es muy inferior a lo que planteamos bilateralmente con el Ejecutivo de Estados Unidos (en la administración Bush), y en las próximas semanas vamos a estar muy atentos para ver qué decide el Senado.
“Los quiero alertar —dijo a diputados de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y la de Seguridad Pública— es muy importante lo que viene en los días siguientes y podría darse una nueva reducción (en los recursos del Plan Mérida)”.
El caso es que, puntualizó, pese a la preocupación de México por combatir al narcotráfico y al crimen organizado, además de ser un asunto que afecta a la seguridad de ambas naciones, “la discusión en el Senado de Estados Unidos se centra en otras cuestiones como salud, seguridad social y presupuesto”.
En este orden, ante cuestionamientos de diputados del PRI, entre ellos Edmundo Ramírez, presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en torno del tráfico de armas, el subsecretario explicó que, no obstante que se han aprobado operativos en ambos lados de la frontera, “el tráfico de armas sigue siendo un problema, más cuando funcionarios federales y estatales de Estados Unidos están vinculados con grupos del crimen organizado de México”.
Al respecto, el coordinador de la bancada convergente, Alejandro Chanona consideró preocupante que se reduzcan los recursos al Plan Mérida, sobre todo en momentos en que el gobierno de Felipe Calderón se encuentra en la fase más severa de la lucha contra el crimen organizado. Convino con el subsecretario Rico Ferrat en que el gobierno de México no podrá solucionar el problema del tráfico de drogas en tanto EU mantenga el enorme mercado de consumo.
El subsecretario insistió en el tema del tráfico de armas e indicó que 90% de éste concierne a lo que puede llamarse una tradición “de los migrantes mexicanos que, al regresar a México compran una o dos armas para revenderlas, incluso como una forma de financiar el viaje a sus lugares de origen”.
Empero, citó, “nos interesa el restante 10 por ciento, que son armas de asalto, granadas de fragmentación”, como las que usaron en Morelia, Michoacán, en septiembre de 2008 y de las cuales se han decomisado más de dos mil, por lo que además deben modernizarse los sistemas de detección de drogas y armas en las aduanas mexicanas.
Moisés Sánchez Limón, Crónica, 5 de marzo.
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