Por segunda ocasión, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) optó por no sancionar a la concesionaria Televisa, aunque en esta ocasión por la vía de absolverla, al considerar infundadas las causales incluidas en el dictamen presentado por la secretaría ejecutiva. Por mayoría de 5 a 3, se estimó que no hubo alteración de las pautas de los mensajes de los partidos y del instituto al arranque de las precampañas ni la empresa manipuló la pauta al incluir cortinillas en la presentación de los mismos.
El consejero presidente, Leonardo Valdés, defendió el dictamen, por haber “una notoria alteración injustificada en el orden de la transmisión. De nada sirve que una autoridad electoral tolere el artificio como el mecanismo para confundir o expresar inconformidad en la administración de un bien público a tutelar.” Convocó a los consejeros “a asumir el desafío que implica ser árbitro de las elecciones y a normar un criterio jurídico para enfrentar los desafíos de la democracia renovada”.
Quienes votaron por exculpar al consorcio fueron Marco Antonio Gómez Alcántar –el más vehemente defensor de la inocencia de Televisa–, Macarita Elizondo –quien hizo una amplia exposición legal sobre lo infundado de las conductas atribuidas a la empresa–, a quienes se plegaron Arturo Sánchez, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños, promotor del perdón original considerado ilegal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ahora se limitó a levantar la mano para otorgar el segundo perdón, sin argumento alguno.
Nuevamente PAN y PRI optaron por un silencio que no los comprometiera; sólo PRD, PT y PSD advirtieron sobre las consecuencias nocivas de la absolución a Televisa. Al determinar que interrumpir programas, actuar de manera concertada con Televisión Azteca, colocar cortinillas para prejuzgar sobre el contenido de los espots y transmitirlos en paquete, “les estamos diciendo que pueden seguir incurriendo en esta conducta atípica violatoria de la ley”, advirtió el representante perredista Rafael Hernández, quien agregó que ya no habrá impedimento legal para que lo vuelvan a hacer.
Al oponerse a la sanción, Gómez Alcántar enfatizó en la disparidad de criterios entre perdonar a Radio UNAM y sancionar a Televisa, que cumplió con la totalidad de los espots. “Si se aprueba el proyecto, corremos el riesgo de convertirnos en autoridad poco seria para nuestros regulados; vulneraríamos el principio de certeza y pondríamos en duda la legalidad. No podemos mandar a los integrantes de la industria de la radio y la televisión el mensaje de que es más rentable no transmitir en absoluto que transmitir en bloque.”
Para los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade sólo se acreditaba una sola de las conductas enunciadas en el dictamen: la manipulación de los espots. “Estamos ante un acto de manipulación innegable que buscó alterar la vía de comunicación de los partidos”, tratando de generar molestia entre la ciudadanía ante la difusión de espots, alterando el sentido original.
Elizondo fue quien más ampliamente explicó la inviabilidad de la sanción: “no hay evidencia que confirme que los mensajes y la propaganda fueron en alguna forma manipulados o superpuestos”. Tras señalar que no hay prohibición expresa, apeló al principio legal de que “lo no prohibido es permitido”.
A sus argumentos cedieron Guerrero y Sánchez. Éste añadió: “Sí, no nos gustan estas conductas, pero, ¿dónde está norma legal? No me da certeza de que haya ocurrido la manipulación. Los señores concesionarios insertaron cortinillas. ¿Dónde dice que no se puede hacer? ¿Qué dice el Cofipe?”
El representante del PVEM, el senador Arturo Escobar, defendió a Televisa, acusando a los consejeros de apartarse de la legalidad, en especial a Figueroa, quien le reviró: “la primera obligación de un senador es defender los intereses del Estado”.
A su vez, el petista Silvano Garay resumió las consecuencias de la nueva decisión del IFE: “vamos a terminar pidiendo disculpas a Televisa”.
Las críticas a los consejeros vinieron también del perredista Javier Hernández Manzanares, quien destacó lo deplorable de “que haya servidores públicos que no ven otra cosa más que la televisión. Y ya les pegó, ya hablan y dicen lo que la televisión les está ordenando decir, porque no tienen capacidad de pensamiento”, en referencia a los defensores de declarar infundado el dictamen a debate.
Sólo asistieron ocho consejeros; Benito Nacif se encuentra en Europa en una comisión oficial.
El consejero presidente, Leonardo Valdés, defendió el dictamen, por haber “una notoria alteración injustificada en el orden de la transmisión. De nada sirve que una autoridad electoral tolere el artificio como el mecanismo para confundir o expresar inconformidad en la administración de un bien público a tutelar.” Convocó a los consejeros “a asumir el desafío que implica ser árbitro de las elecciones y a normar un criterio jurídico para enfrentar los desafíos de la democracia renovada”.
Quienes votaron por exculpar al consorcio fueron Marco Antonio Gómez Alcántar –el más vehemente defensor de la inocencia de Televisa–, Macarita Elizondo –quien hizo una amplia exposición legal sobre lo infundado de las conductas atribuidas a la empresa–, a quienes se plegaron Arturo Sánchez, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños, promotor del perdón original considerado ilegal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ahora se limitó a levantar la mano para otorgar el segundo perdón, sin argumento alguno.
Nuevamente PAN y PRI optaron por un silencio que no los comprometiera; sólo PRD, PT y PSD advirtieron sobre las consecuencias nocivas de la absolución a Televisa. Al determinar que interrumpir programas, actuar de manera concertada con Televisión Azteca, colocar cortinillas para prejuzgar sobre el contenido de los espots y transmitirlos en paquete, “les estamos diciendo que pueden seguir incurriendo en esta conducta atípica violatoria de la ley”, advirtió el representante perredista Rafael Hernández, quien agregó que ya no habrá impedimento legal para que lo vuelvan a hacer.
Al oponerse a la sanción, Gómez Alcántar enfatizó en la disparidad de criterios entre perdonar a Radio UNAM y sancionar a Televisa, que cumplió con la totalidad de los espots. “Si se aprueba el proyecto, corremos el riesgo de convertirnos en autoridad poco seria para nuestros regulados; vulneraríamos el principio de certeza y pondríamos en duda la legalidad. No podemos mandar a los integrantes de la industria de la radio y la televisión el mensaje de que es más rentable no transmitir en absoluto que transmitir en bloque.”
Para los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade sólo se acreditaba una sola de las conductas enunciadas en el dictamen: la manipulación de los espots. “Estamos ante un acto de manipulación innegable que buscó alterar la vía de comunicación de los partidos”, tratando de generar molestia entre la ciudadanía ante la difusión de espots, alterando el sentido original.
Elizondo fue quien más ampliamente explicó la inviabilidad de la sanción: “no hay evidencia que confirme que los mensajes y la propaganda fueron en alguna forma manipulados o superpuestos”. Tras señalar que no hay prohibición expresa, apeló al principio legal de que “lo no prohibido es permitido”.
A sus argumentos cedieron Guerrero y Sánchez. Éste añadió: “Sí, no nos gustan estas conductas, pero, ¿dónde está norma legal? No me da certeza de que haya ocurrido la manipulación. Los señores concesionarios insertaron cortinillas. ¿Dónde dice que no se puede hacer? ¿Qué dice el Cofipe?”
El representante del PVEM, el senador Arturo Escobar, defendió a Televisa, acusando a los consejeros de apartarse de la legalidad, en especial a Figueroa, quien le reviró: “la primera obligación de un senador es defender los intereses del Estado”.
A su vez, el petista Silvano Garay resumió las consecuencias de la nueva decisión del IFE: “vamos a terminar pidiendo disculpas a Televisa”.
Las críticas a los consejeros vinieron también del perredista Javier Hernández Manzanares, quien destacó lo deplorable de “que haya servidores públicos que no ven otra cosa más que la televisión. Y ya les pegó, ya hablan y dicen lo que la televisión les está ordenando decir, porque no tienen capacidad de pensamiento”, en referencia a los defensores de declarar infundado el dictamen a debate.
Sólo asistieron ocho consejeros; Benito Nacif se encuentra en Europa en una comisión oficial.
Alonso Urrutia, La Jornada, 14 de marzo.
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