Soberanes se despide cuestionando el combate a la inseguridad

Se presenta a la charla con una taza casi vacía de café: cuando mucho, un par de tragos… Es esa también su realidad al frente de la CNDH: después de 10 años de encabezarla, se acerca el fin.

Él mismo lo refiere en el protocolo, rictus de nostalgia: “El 16 de noviembre se acaba esto”.

Bebe un poco. Y ya le queda un sorbo.

Para hablar del estado actual de los derechos humanos en México, José Luis Soberanes se sitúa entre el pasado: la experiencia de un decenio como ombudsman, y el presente: el agobio provocado por la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad pública.

“Vivimos tiempos de tensión”, dice. Y sin más, habla de tres necesidades “para salir del pantano”.

“Una policía adecuada, capacitada, bien pagada, y que el gobierno no haga lo mismo que se ha hecho desde hace años: como la policía no sirve, hay que poner al Ejército en funciones policiacas, como si los soldados estuvieran vacunados contra la impunidad, sabemos que no es así”.

“Una PGR que funcione y haga su trabajo, habría que pensar en la posibilidad de darle autonomía, que deje de ser una dependencia del Ejecutivo”.

“Voluntad política del gobierno para sancionar a responsables… Todos nos hemos rasgado las vestiduras por los mil millones del Chapo en la revista Forbes, pero no vemos el mensaje de fondo de los estadunidenses: ¿quién puede mover mil millones de dólares al margen del sistema financiero?, ¿dónde están los sistemas de control? El mensaje es que las autoridades mexicanas no están haciendo lo que deben. Las alarmas de la corrupción deberían estar a todo vapor”.

En el contexto de la presentación de su último informe de actividades en Los Pinos y la férrea defensa de Felipe Calderón sobre el uso del Ejército en labores de seguridad pública —que incluyó el anuncio adelantado de la detención del Canicón, integrante del Cártel del Golfo—, Soberanes reflexiona:

“Desde el principio me pronuncié porque el Ejército no entrara al asunto de la seguridad, pero entró, y ahora mi petición es que salga de ahí lo más pronto posible, de manera ordenada”.

Su argumento, las constantes violaciones a garantías fundamentales cometidas por militares y su modus operandi detectado en investigaciones de la CNDH:

“Patrullan las calles, ven a alguien sospechoso, lo detienen, se lo llevan al cuartel, le dan una golpiza, lo torturan y, después de que lo obligan a confesar, lo entregan a la PGR para que siga un proceso ya con la confesión hecha”.

Con inquietud, revela la complicidad médica: “Las personas detenidas son llevadas ante los médicos militares para que éstos certifiquen su estado de salud, y en la mayoría de los casos los médicos no reportan lesiones, es una falta de ética, porque nuestras fotografías, videos y certificados muestran lo contrario. ¿Cómo es posible que personas que fueron revisadas por médicos militares salgan limpios? Es una burla”.

—¿Qué hay del trabajo de la PGR?

—No cumple su trabajo, no investiga homicidios ligados al crimen organizado, no busca responsables ni los lleva a tribunales. No funciona en agravios a periodistas ni en trata de personas: no desarticula bandas. Son los policías y militares los que tienen que investigar. Se pretende adoptar el sistema norteamericano, donde la policía es la que investiga y recolecta pruebas. La PGR ni siquiera abre averiguaciones previas. Y ha asumido una actitud deplorable: nos niega información y rechaza recomendaciones, desprecia señalamientos. Es la primera en hacer trampas para salirse de la legalidad, es la primera violadora de las normas jurídicas y con ello propicia la impunidad en sus mandos.

—¿Impunidad?

—Sí, porque la impunidad no nada más es cuando los delincuentes no son castigados, sino también cuando los servidores públicos no cumplen su trabajo, cuando se van por la salida fácil. Parafrasearía, en términos taurinos, una frase de Pepe Alameda: los derechos humanos no es la graciosa huída, sino la apasionada entrega… De la impunidad y el rechazo de las recomendaciones, el Congreso es corresponsable.

—¿Pero qué podría hacer el Congreso?

—Hace unos días en la Cámara, el diputado Cuauhtémoc Velasco denunció los abusos de Pemex en el caso de la plataforma Usumacinta, pero todo quedó en discurso… Debería haber otro tipo de actitudes por parte de los legisladores, porque las anomalías de Pemex derivaron en la muerte de 22 personas, deberían citar a los responsables e inclusive sancionarlos. El Congreso tiene instrumentos y facultades para sancionar.

—¿Y se requerirían también más leyes?

—Solo si quisiéramos caer en el autoengaño, no es con más leyes como se resolverán los problemas. Cuando se aumentan las penas nos quedamos todos muy tranquilos: “es que ya le pusimos 60 años”, pues que le pongan mil. Eso no frena el delito, pero nos seguimos haciendo guajes con esa vacilada de cambiar leyes y no cambiar actitudes, que es lo que debe modificarse. Ya tenemos en México dos sistemas penales: el ordinario y el aplicable al crimen organizado, donde cada vez se reducen más las garantías.

—¿Ha servido de algo la legislación contra la delincuencia organizada?

—Tiene más de 15 años y al parecer ha tenido un efecto contraproducente, porque el crimen ha ido para arriba… Antes de seguir reduciendo garantías individuales, se debería hacer un alto y evaluar si el sistema ha funcionado. Un ejemplo: ¿cuál es la eficacia del arraigo? No llega ni a diez por ciento.

Un respiro. Labios merodeando la taza del café.

—Y en resumen: ¿cuál es el panorama de los derechos humanos en nuestro país?

—Ni blanco ni negro, con claroscuros.

—Cuando la CNDH dependía del gobierno, los funcionarios aceptaban todas las recomendaciones por instrucción presidencial; la Comisión se volvió después un organismo autónomo y hoy los señalamientos se ignoran…

—Trabajo sin red de protección. Si a mí me hubiera nombrado el Presidente, iría con él y le preguntaría: “¿hasta dónde?”, y si me dice “hasta aquí”, pues hasta ahí, pero aquí yo soy como malabarista, sin red de protección, y si me caigo, me caí. Hay mayores peligros pero también mayores ventajas. Siempre digo como la canción: “conocí la libertad y me gustó”. Entonces, prefiero actuar libre de cualquier atadura política en vez de estar subordinado al visto bueno del Presidente.

—¿Sería recomendable que las recomendaciones fueran vinculatorias?

A la par del último trago, la última respuesta:

—No, porque nos volveríamos tribunales de justicia. Lo que necesitamos es madurez democrática y apoyo por parte del Poder Legislativo…

Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 22 de marzo.