Al nuevo plan de seguridad anunciado por el gobierno de Estados Unidos le hace falta un compromiso de cerrar su frontera al tráfico de armas y ver qué está pasando en los bancos con el lavado de dinero, señaló la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green. En tanto, diputados de PRI, PAN y PRD coincidieron en que si bien es una decisión soberana de ese país, pidieron que ésta no se convierta en pretexto para violentar aún más los derechos humanos de los migrantes.
Es el momento de replantear las obligaciones comunes
Green Macías, quien fuera secretaria de Relaciones Exteriores, precisó que es necesario leer con cuidado el documento presentado por la secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, para tener una idea clara de cómo se va a dar un mayor nivel de colaboración en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, porque hasta ahora el movilizar a la Guardia Nacional y reforzar a las policías en la frontera son medidas que ya se han aplicado.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, consideró que la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y del presidente Barack Obama, marcan el momento preciso para replantear las obligaciones de los dos países en materia de seguridad pública. “Hasta ahora Estados Unidos le pide a México que no dejemos pasar droga, y el gobierno de México le demanda a su vez que ya no pasen más armas a territorio nacional, pero es necesario que cada uno asuma sus responsabilidades”, dijo.
El también perredista Silvano Aureoles, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que la violencia fronteriza es resultado de la incapacidad de los dos gobiernos para hacer frente a las distintas problemáticas que la generan, por lo que el envío de más agentes federales del vecino país a la frontera no constituye de ninguna manera una solución de fondo y de largo plazo a los problemas.
A su vez, el diputado priísta Roberto Badillo Martínez dijo que de aquel lado de la frontera “pueden hacer todo lo que quieran”. Es más, recordó, “la principal base naval de todo el mundo está en San Diego. Las más grandes bases aéreas de Estados Unidos se hallan en California y Texas. Las más importantes bases de infantería y de tanques están en Texas. Es decir, la frontera ya está militarizada”, apuntó.
Mientras, el coordinador de los diputados del tricolor, Emilio Gamboa, consideró que se debe buscar una distensión en la frontera, antes que militarizarla.
Por su parte, el secretario general adjunto del PRI, Samuel Aguilar Solís, señaló que el plan estadunidense representa “un reconocimiento explícito” del gobierno de Washington de que un gran porcentaje del problema deriva del consumo de drogas en aquel país y del tráfico de armas. Confió en que con ello Estados Unidos sea corresponsable en el combate al crimen organizado.
Sobre este mismo tema, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se manifestó porque ambos gobiernos revisen la agenda de seguridad común para combatir eficazmente a la delincuencia organizada. Emilio Alvarez Icaza, presidente de la comisión, cuestionó el que las autoridades de ese país encuentren salmonela en los tomates que ingresan a su país, y “no detecten los camiones con bazucas y cuernos de chivo”.
Finalmente, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, confió en que detrás del reforzamiento de su frontera con México, el gobierno estadunidense no pretenda “detener el flujo de migrantes y violentar los derechos humanos militarizando” la zona.
(Andrea Becerril, Ciro Pérez Silva, Enrique Méndez, Elizabeth Velasco, Alma E. Muñoz y Alejandro Cruz)
Es el momento de replantear las obligaciones comunes
Green Macías, quien fuera secretaria de Relaciones Exteriores, precisó que es necesario leer con cuidado el documento presentado por la secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Janet Napolitano, para tener una idea clara de cómo se va a dar un mayor nivel de colaboración en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, porque hasta ahora el movilizar a la Guardia Nacional y reforzar a las policías en la frontera son medidas que ya se han aplicado.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, consideró que la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y del presidente Barack Obama, marcan el momento preciso para replantear las obligaciones de los dos países en materia de seguridad pública. “Hasta ahora Estados Unidos le pide a México que no dejemos pasar droga, y el gobierno de México le demanda a su vez que ya no pasen más armas a territorio nacional, pero es necesario que cada uno asuma sus responsabilidades”, dijo.
El también perredista Silvano Aureoles, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que la violencia fronteriza es resultado de la incapacidad de los dos gobiernos para hacer frente a las distintas problemáticas que la generan, por lo que el envío de más agentes federales del vecino país a la frontera no constituye de ninguna manera una solución de fondo y de largo plazo a los problemas.
A su vez, el diputado priísta Roberto Badillo Martínez dijo que de aquel lado de la frontera “pueden hacer todo lo que quieran”. Es más, recordó, “la principal base naval de todo el mundo está en San Diego. Las más grandes bases aéreas de Estados Unidos se hallan en California y Texas. Las más importantes bases de infantería y de tanques están en Texas. Es decir, la frontera ya está militarizada”, apuntó.
Mientras, el coordinador de los diputados del tricolor, Emilio Gamboa, consideró que se debe buscar una distensión en la frontera, antes que militarizarla.
Por su parte, el secretario general adjunto del PRI, Samuel Aguilar Solís, señaló que el plan estadunidense representa “un reconocimiento explícito” del gobierno de Washington de que un gran porcentaje del problema deriva del consumo de drogas en aquel país y del tráfico de armas. Confió en que con ello Estados Unidos sea corresponsable en el combate al crimen organizado.
Sobre este mismo tema, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se manifestó porque ambos gobiernos revisen la agenda de seguridad común para combatir eficazmente a la delincuencia organizada. Emilio Alvarez Icaza, presidente de la comisión, cuestionó el que las autoridades de ese país encuentren salmonela en los tomates que ingresan a su país, y “no detecten los camiones con bazucas y cuernos de chivo”.
Finalmente, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, confió en que detrás del reforzamiento de su frontera con México, el gobierno estadunidense no pretenda “detener el flujo de migrantes y violentar los derechos humanos militarizando” la zona.
(Andrea Becerril, Ciro Pérez Silva, Enrique Méndez, Elizabeth Velasco, Alma E. Muñoz y Alejandro Cruz)
La Jornada, 25 de marzo.
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