Caracas, 26 de marzo. El ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, calificó hoy de “politizada” la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “falta de independencia del Poder Judicial” en Venezuela, y acusó a la organización de “intervenir en asuntos internos” del país, señalamientos que el organismo tildó de “sin fundamento”.
La CIDH criticó el uso del “poder punitivo del Estado para criminalizar a los disidentes políticos”, en alusión al líder opositor Oswaldo Álvarez Paz, encarcelado hace unos días, y al dueño de la televisora Globovisión, Guillermo Zuloaga, a quien se sigue proceso judicial por insultos al presidente Hugo Chávez y difundir información falsa.
Durante una gira de trabajo por Ecuador, el canciller respondió que dicha instancia hace suyos los argumentos de la “oposición golpista y avala a dos personajes públicos que en estos momentos están siendo juzgados por violar las leyes e incitar al odio”.
Maduro subrayó que la CIDH “no se puede imponer como especie de derecho supranacional, especie de poder que puede intervenir en asuntos internos”, al tiempo que llamó a los países latinoamericanos a reaccionar contra ese “intento de utilización de manera politizada”.
Por su parte, el organismo de derechos humanos denunció en su sede en Washington que en semanas recientes ha recibido “ataques sin fundamento” por las autoridades venezolanas, que buscan desacreditar su trabajo.
En un comunicado, la CIDH “rechaza los ataques personales, denigrantes y sin fundamento, así como las expresiones dirigidas a desacreditar y debilitar” la labor que realiza dicha entidad en el país sudamericano.
La historia de enfrentamientos entre Hugo Chávez y la CIDH data al menos de 2002, cuando el organismo reconoció como legítimo al gobierno impuesto por el golpe de Estado de abril de ese año, que duró menos de 48 horas.
Desde entonces, el gobierno venezolano ha mostrado sistemáticamente su desacuerdo con lo que hace y dice la entidad, dependiente de la Organización de Estados Americanos, que por su parte lo incluye siempre en una lista de naciones donde no se respetan los derechos humanos.
En febrero pasado el organismo entregó un informe, en el cual advierte sobre el debilitamiento del estado de derecho y la democracia en el país, documento que fue calificado por Chávez de “ignominioso” y “basura”.
Como parte de la reciente polémica por las detenciones de Zuloaga y Álvarez, el mandatario venezolano celebró el buen funcionamiento de las instituciones judiciales de la nación y el “fin de la impunidad”.
Chávez dijo sentirse “contento como jefe de Estado de que las instituciones funcionen. Aquí los ricos podían hacer de todo. ¿Eso es lo que critican? Bienvenido el veneno. Cuando el canalla arremete, es porque vamos bien”.
Sin embargo, la organización no gubernamental venezolana Espacio Público advirtió que las recientes acusaciones judiciales contra críticos del presidente están formuladas con una interpretación “subjetiva y discrecional” de los códigos penales, lo cual afecta el “pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
De igual forma, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras se preguntó “qué se puede decir todavía” sobre Venezuela y su presidente, y aseveró que “una vez más el ajuste de cuentas políticas sirve de argumento para retomar el poder del paisaje mediático”.
En esta dinámica de enfrentamiento el gobierno de Estados Unidos también censuró las detenciones de los opositores y destacó que la “escasa cooperación” de Venezuela en la lucha antidrogas se ha convertido en un problema para la región.
El secretario de Estado adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, apuntó: “hemos tenido algunos retos en la cooperación con Venezuela. Ese es un problema que tenemos que resolver”.
Para hacer frente a dichas consideraciones, el embajador venezolano en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, envió de nuevo a Washington una nota de protesta diplomática por la “injerencia” en los asuntos internos de Caracas.
“Las relaciones entre ambos países sólo mejorarán si Estados Unidos muestra respeto por el proceso democrático interno venezolano y sus decisiones judiciales”, enfatizó Álvarez a Valenzuela durante una reunión en Washington.
Mientras los señalamientos en su contra arrecian, Chávez se reunió este viernes en Quito con su homólogo ecuatoriano Rafael Correa para ampliar la cooperación de ambas naciones en los terrenos comercial y energético.
Luego de haber inaugurado juntos una gasolinera para anunciar el lanzamiento de una marca de lubricantes desarrollados en conjunto, ambos mandatarios sostuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet.
Tanto Correa como Chávez están acompañados por varios ministros, quienes están encargados de concretar más de 40 acuerdos comerciales, entre ellos la constitución de tres empresas binacionales de minería, pesca y cacao, en las que Ecuador tendrá 51 por ciento de participación accionaria.
La CIDH criticó el uso del “poder punitivo del Estado para criminalizar a los disidentes políticos”, en alusión al líder opositor Oswaldo Álvarez Paz, encarcelado hace unos días, y al dueño de la televisora Globovisión, Guillermo Zuloaga, a quien se sigue proceso judicial por insultos al presidente Hugo Chávez y difundir información falsa.
Durante una gira de trabajo por Ecuador, el canciller respondió que dicha instancia hace suyos los argumentos de la “oposición golpista y avala a dos personajes públicos que en estos momentos están siendo juzgados por violar las leyes e incitar al odio”.
Maduro subrayó que la CIDH “no se puede imponer como especie de derecho supranacional, especie de poder que puede intervenir en asuntos internos”, al tiempo que llamó a los países latinoamericanos a reaccionar contra ese “intento de utilización de manera politizada”.
Por su parte, el organismo de derechos humanos denunció en su sede en Washington que en semanas recientes ha recibido “ataques sin fundamento” por las autoridades venezolanas, que buscan desacreditar su trabajo.
En un comunicado, la CIDH “rechaza los ataques personales, denigrantes y sin fundamento, así como las expresiones dirigidas a desacreditar y debilitar” la labor que realiza dicha entidad en el país sudamericano.
La historia de enfrentamientos entre Hugo Chávez y la CIDH data al menos de 2002, cuando el organismo reconoció como legítimo al gobierno impuesto por el golpe de Estado de abril de ese año, que duró menos de 48 horas.
Desde entonces, el gobierno venezolano ha mostrado sistemáticamente su desacuerdo con lo que hace y dice la entidad, dependiente de la Organización de Estados Americanos, que por su parte lo incluye siempre en una lista de naciones donde no se respetan los derechos humanos.
En febrero pasado el organismo entregó un informe, en el cual advierte sobre el debilitamiento del estado de derecho y la democracia en el país, documento que fue calificado por Chávez de “ignominioso” y “basura”.
Como parte de la reciente polémica por las detenciones de Zuloaga y Álvarez, el mandatario venezolano celebró el buen funcionamiento de las instituciones judiciales de la nación y el “fin de la impunidad”.
Chávez dijo sentirse “contento como jefe de Estado de que las instituciones funcionen. Aquí los ricos podían hacer de todo. ¿Eso es lo que critican? Bienvenido el veneno. Cuando el canalla arremete, es porque vamos bien”.
Sin embargo, la organización no gubernamental venezolana Espacio Público advirtió que las recientes acusaciones judiciales contra críticos del presidente están formuladas con una interpretación “subjetiva y discrecional” de los códigos penales, lo cual afecta el “pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
De igual forma, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras se preguntó “qué se puede decir todavía” sobre Venezuela y su presidente, y aseveró que “una vez más el ajuste de cuentas políticas sirve de argumento para retomar el poder del paisaje mediático”.
En esta dinámica de enfrentamiento el gobierno de Estados Unidos también censuró las detenciones de los opositores y destacó que la “escasa cooperación” de Venezuela en la lucha antidrogas se ha convertido en un problema para la región.
El secretario de Estado adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, apuntó: “hemos tenido algunos retos en la cooperación con Venezuela. Ese es un problema que tenemos que resolver”.
Para hacer frente a dichas consideraciones, el embajador venezolano en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, envió de nuevo a Washington una nota de protesta diplomática por la “injerencia” en los asuntos internos de Caracas.
“Las relaciones entre ambos países sólo mejorarán si Estados Unidos muestra respeto por el proceso democrático interno venezolano y sus decisiones judiciales”, enfatizó Álvarez a Valenzuela durante una reunión en Washington.
Mientras los señalamientos en su contra arrecian, Chávez se reunió este viernes en Quito con su homólogo ecuatoriano Rafael Correa para ampliar la cooperación de ambas naciones en los terrenos comercial y energético.
Luego de haber inaugurado juntos una gasolinera para anunciar el lanzamiento de una marca de lubricantes desarrollados en conjunto, ambos mandatarios sostuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet.
Tanto Correa como Chávez están acompañados por varios ministros, quienes están encargados de concretar más de 40 acuerdos comerciales, entre ellos la constitución de tres empresas binacionales de minería, pesca y cacao, en las que Ecuador tendrá 51 por ciento de participación accionaria.
La Jornada, 27 de marzo.
0 Responses to "Exige Venezuela a EU y CIDH no intervenir en asuntos internos"
Publicar un comentario