La resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio tendría que sentar precedente a fin de no sólo revertir la sentencia de 21 años de prisión impuesta a estas mujeres, sino también terminar con la criminalización de la protesta social y la constante vulneración de los derechos de indígenas y pobres en el país, afirmó Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh).
De igual forma, el dictamen deberá garantizar para este y otros casos el acceso al debido proceso, principalmente porque el de las indígenas ñañúes no es un asunto aislado, sino un patrón de conducta en los tribunales, siempre en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población.
El litigante recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde mediados del año pasado, pues omitió responder si la aceptaba o no, y fue más evidente todavía cuando formuló nuevas acusaciones en contra de Alberta y Teresa. En una segunda sentencia, el juez las condenó a 21 años de cárcel y en el mismo acto Jacinta Francisco Marcial recuperó su libertad.
En días pasados la CNDH hizo pública la negativa de la PGR a acatar su recomendación, pero no es un asunto reciente, explicó Díaz, aunque contribuye a subrayar la actitud incongruente que mantiene la procuraduría con este caso, al mantener las acusaciones contra Teresa y Alberta, mismas que retiró en el caso de Jacinta, quien también había sido acusada de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigación en 2006.
En Querétaro, Teresa y Alberta cumplieron ayer cuatro años en prisión. La primera confió en que la SCJN determine su inocencia, pero ante todo, quiere que la PGR reconozca su error.
Cuestionó que la procuraduría no dé crédito a su versión sobre lo acontecido el 6 de marzo de 2006 y en cambio crea fielmente lo que declararon los agentes federales.
Recordó que en esa fecha, los elementos de la AFI, vestidos de civil, arribaron al tianguis de Santiago Mexquititlán presuntamente para decomisar mercancía pirata. Teresa estaba en el puesto de su hermano y le pidió a uno de los elementos que se identificara. El resto de los comerciantes exigieron una indemnización por la mercancía que habían destrozado.
Después la detuvieron y aunque ella sólo habló con uno de los policías, en el expediente están inscritos los nombres de varios de ellos, a quienes supuestamente secuestró. Recordó que después de cinco meses en prisión se enteró de que también la acusaban de posesión de droga.
Para Alberta todo se trata de una venganza de la PGR porque impidieron que los elementos policiacos “hicieran lo que quisieran” en su comunidad.
De igual forma, el dictamen deberá garantizar para este y otros casos el acceso al debido proceso, principalmente porque el de las indígenas ñañúes no es un asunto aislado, sino un patrón de conducta en los tribunales, siempre en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población.
El litigante recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde mediados del año pasado, pues omitió responder si la aceptaba o no, y fue más evidente todavía cuando formuló nuevas acusaciones en contra de Alberta y Teresa. En una segunda sentencia, el juez las condenó a 21 años de cárcel y en el mismo acto Jacinta Francisco Marcial recuperó su libertad.
En días pasados la CNDH hizo pública la negativa de la PGR a acatar su recomendación, pero no es un asunto reciente, explicó Díaz, aunque contribuye a subrayar la actitud incongruente que mantiene la procuraduría con este caso, al mantener las acusaciones contra Teresa y Alberta, mismas que retiró en el caso de Jacinta, quien también había sido acusada de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigación en 2006.
En Querétaro, Teresa y Alberta cumplieron ayer cuatro años en prisión. La primera confió en que la SCJN determine su inocencia, pero ante todo, quiere que la PGR reconozca su error.
Cuestionó que la procuraduría no dé crédito a su versión sobre lo acontecido el 6 de marzo de 2006 y en cambio crea fielmente lo que declararon los agentes federales.
Recordó que en esa fecha, los elementos de la AFI, vestidos de civil, arribaron al tianguis de Santiago Mexquititlán presuntamente para decomisar mercancía pirata. Teresa estaba en el puesto de su hermano y le pidió a uno de los elementos que se identificara. El resto de los comerciantes exigieron una indemnización por la mercancía que habían destrozado.
Después la detuvieron y aunque ella sólo habló con uno de los policías, en el expediente están inscritos los nombres de varios de ellos, a quienes supuestamente secuestró. Recordó que después de cinco meses en prisión se enteró de que también la acusaban de posesión de droga.
Para Alberta todo se trata de una venganza de la PGR porque impidieron que los elementos policiacos “hicieran lo que quisieran” en su comunidad.
Ángeles Cruz y Mariana Chávez, El Universal, 27 de marzo.
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