No es posible comparar la Ley de Migración aprobada por el Senado de la República y la llamada Ley Arizona (SB1070), a riesgo de incurrir en imprecisiones, pues la Ley de Migración supone avances realmente notorios en materia de derechos humanos.
Mientras la Ley Arizona “criminaliza” a los migrantes, la nueva Ley de Migración parte de la premisa de que los migrantes no son delincuentes, considerándolos como personas que cuentan con los mismos derechos que los mexicanos, en concordancia con lo que contempla la Constitución.
Asimismo, la Ley de Migración contrasta abiertamente con lo dispuesto en la Ley General de Población, en relación con los derechos humanos de los migrantes.
Por un lado, la LGP restringe los derechos de los extranjeros más allá de los límites que permite la Constitución, toda vez que les confiere un trato de criminales, al obligar a todas las autoridades del país (federales, estatales y municipales), a que denuncien ante la autoridad migratoria a los extranjeros que no cuenten con documentos.
En comparación, la Ley de Migración consagra los derechos de los migrantes independientemente de su condición migratoria.
Además, la Ley General de Población hasta ahora vigente deja amplios márgenes de discrecionalidad a la autoridad, en asuntos tales como el que para otorgar permisos de trabajo a los extranjeros, la autoridad migratoria establezca si la actividad es honesta o el que la autoridad pueda determinar el lugar de residencia de los extranjeros.
Mientras la Ley Arizona “criminaliza” a los migrantes, la nueva Ley de Migración parte de la premisa de que los migrantes no son delincuentes, considerándolos como personas que cuentan con los mismos derechos que los mexicanos, en concordancia con lo que contempla la Constitución.
Asimismo, la Ley de Migración contrasta abiertamente con lo dispuesto en la Ley General de Población, en relación con los derechos humanos de los migrantes.
Por un lado, la LGP restringe los derechos de los extranjeros más allá de los límites que permite la Constitución, toda vez que les confiere un trato de criminales, al obligar a todas las autoridades del país (federales, estatales y municipales), a que denuncien ante la autoridad migratoria a los extranjeros que no cuenten con documentos.
En comparación, la Ley de Migración consagra los derechos de los migrantes independientemente de su condición migratoria.
Además, la Ley General de Población hasta ahora vigente deja amplios márgenes de discrecionalidad a la autoridad, en asuntos tales como el que para otorgar permisos de trabajo a los extranjeros, la autoridad migratoria establezca si la actividad es honesta o el que la autoridad pueda determinar el lugar de residencia de los extranjeros.
La Crónica, 25 de febrero.
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