Si bien es cierto que la Ley de Migración aprobada por el Senado de la República, supone importantes avances en materia de derechos humanos en comparación con la Ley General de Población hasta hoy vigente, también es cierto que mucho de lo que contempla la nueva Ley, en realidad viene a dar sustento jurídico a numerosas acciones emprendidas ya desde hace tiempo por el Instituto Nacional de Migración.
Por ejemplo, la Ley de Migración establece disposiciones para garantizar atención especial a los migrantes en situación de vulnerabilidad, no obstante el INM brinda el apoyo a menores migrante a través de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI´s), los cuales fueron creados desde el año 2007, al reconocer la situación de particular vulnerabilidad que enfrentan los menores migrantes que viajan no acompañados.
En relación también con la atención a migrantes en situación de vulnerabilidad, los Grupos Beta de Protección a Migrantes, que en diciembre pasado cumplieron 20 años de existencia, efectúan desde su creación una labor encomiable de rescate, asesoría y ayuda humanitaria a los migrantes, muchos de los cuales han salvado la vida en situaciones extremas gracias a la intervención de los agentes Beta.
Por otro lado, la nueva Ley de Migración permite que cualquier persona que acuda voluntariamente con la autoridad migratoria a regularizar su situación migratoria lo pueda hacer, lo cual ya se venía haciendo mediante los Programas de Regularización migratoria del INM.
Por lo que hace a la obligatoriedad para que autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen en materia de prevención, persecución y atención a los migrantes víctimas del delito que ahora consagra la Ley de Migración, Gobernación y el Instituto Nacional de Migración venían impulsando distintos acuerdos con otras Secretarías de Estado y con gobiernos estatales.
, como los signados con Chiapas, Tabasco y Campeche, como parte de la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, con el propósito de coordinar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia que afecta a los extranjeros indocumentados que cruzan por nuestro territorio.
Programas como Repatriación Humana y Repatriación humana al interior, operan desde hace varios años para garantizar el retorno a los connacionales que así lo soliciten, de manera que puedan regresar con seguridad a sus lugares de origen desde la frontera norte, y para reincorporar con seguridad a aquellos connacionales que sean deportados por la patrulla fronteriza estadounidense, todo lo cual es prueba de que la preocupación por proteger los derechos humanos de los migrantes no es un asunto nuevo para el INM.
Asimismo, el Anteproyecto de Ley de Migración que impulsaba el INM en coordinación con Legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil, contemplaba un sistema de protección a los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, la legal estancia por razones humanitarias a las víctimas o testigos de algún delito para garantizarles sus derechos y la adecuada distribución de competencias en materia migratoria, para propiciar una mejor coordinación de las instituciones relacionadas con el tema, temas todos que ahora contempla la nueva Ley de Migración, muchos de los cuales en su momento, se ejecutaron por parte del INM mediante circulares internas, que permitían solventar la carencia de un marco jurídico adecuado, habida cuenta de que durante años, el Poder Legislativo hizo caso omiso a las múltiples voces que pedían a gritos una nueva Ley de Migración.
Por ejemplo, la Ley de Migración establece disposiciones para garantizar atención especial a los migrantes en situación de vulnerabilidad, no obstante el INM brinda el apoyo a menores migrante a través de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI´s), los cuales fueron creados desde el año 2007, al reconocer la situación de particular vulnerabilidad que enfrentan los menores migrantes que viajan no acompañados.
En relación también con la atención a migrantes en situación de vulnerabilidad, los Grupos Beta de Protección a Migrantes, que en diciembre pasado cumplieron 20 años de existencia, efectúan desde su creación una labor encomiable de rescate, asesoría y ayuda humanitaria a los migrantes, muchos de los cuales han salvado la vida en situaciones extremas gracias a la intervención de los agentes Beta.
Por otro lado, la nueva Ley de Migración permite que cualquier persona que acuda voluntariamente con la autoridad migratoria a regularizar su situación migratoria lo pueda hacer, lo cual ya se venía haciendo mediante los Programas de Regularización migratoria del INM.
Por lo que hace a la obligatoriedad para que autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen en materia de prevención, persecución y atención a los migrantes víctimas del delito que ahora consagra la Ley de Migración, Gobernación y el Instituto Nacional de Migración venían impulsando distintos acuerdos con otras Secretarías de Estado y con gobiernos estatales.
, como los signados con Chiapas, Tabasco y Campeche, como parte de la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, con el propósito de coordinar esfuerzos en la lucha contra la delincuencia que afecta a los extranjeros indocumentados que cruzan por nuestro territorio.
Programas como Repatriación Humana y Repatriación humana al interior, operan desde hace varios años para garantizar el retorno a los connacionales que así lo soliciten, de manera que puedan regresar con seguridad a sus lugares de origen desde la frontera norte, y para reincorporar con seguridad a aquellos connacionales que sean deportados por la patrulla fronteriza estadounidense, todo lo cual es prueba de que la preocupación por proteger los derechos humanos de los migrantes no es un asunto nuevo para el INM.
Asimismo, el Anteproyecto de Ley de Migración que impulsaba el INM en coordinación con Legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil, contemplaba un sistema de protección a los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, la legal estancia por razones humanitarias a las víctimas o testigos de algún delito para garantizarles sus derechos y la adecuada distribución de competencias en materia migratoria, para propiciar una mejor coordinación de las instituciones relacionadas con el tema, temas todos que ahora contempla la nueva Ley de Migración, muchos de los cuales en su momento, se ejecutaron por parte del INM mediante circulares internas, que permitían solventar la carencia de un marco jurídico adecuado, habida cuenta de que durante años, el Poder Legislativo hizo caso omiso a las múltiples voces que pedían a gritos una nueva Ley de Migración.
La Crónica, 28 de febrero.
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