CUERNAVACA. La Red Mexicana de Reporteros de Morelos reprobó la actitud omisa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, porque a 48 horas del atentado que sufrieron el corresponsal de la agencia de noticias AP, Oswald Alonso Navarro, y un publicista de Radio Fórmula local, ha sido renuente a ordenar medidas cautelares para garantizar la integridad física del periodista y de su familia.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio por los hechos. El organismo informó que contactó con las víctimas y les ofreció apoyo legal y sicológico necesario.
La noche del viernes, la camioneta en que viajaban Alonso Navarro y el publicista Marco Antonio Vallejo Estrada fue baleada por un comando, que en un primer momento intentó sustraer por la fuerza a uno de los tripulantes.
La protesta de la Red Mexicana de Reporteros, de la cual es socio activo el corresponsal de AP, se debe a que las autoridades se han negado a ordenar vigilancia personal para el periodista, pese a que la fiscalía especializada en la materia de la PGR pidió por escrito a la SSP de Morelos aplicar esa medida cautelar conforme a los protocolos de seguridad.
La red afirmó que la noche del atentado, la fiscalía envió agentes del Ministerio Público para entrevistarse con el periodista “y constataron el incumplimiento de los protocolos de seguridad, debido a la ausencia de medidas cautelares para garantizar la integridad física del periodista, tanto en la presentación de su declaración ministerial como para trasladarse a su domicilio”.
Por eso, la red solicitó a la PGR la implementación urgente de medidas cautelares.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio por los hechos. El organismo informó que contactó con las víctimas y les ofreció apoyo legal y sicológico necesario.
La noche del viernes, la camioneta en que viajaban Alonso Navarro y el publicista Marco Antonio Vallejo Estrada fue baleada por un comando, que en un primer momento intentó sustraer por la fuerza a uno de los tripulantes.
La protesta de la Red Mexicana de Reporteros, de la cual es socio activo el corresponsal de AP, se debe a que las autoridades se han negado a ordenar vigilancia personal para el periodista, pese a que la fiscalía especializada en la materia de la PGR pidió por escrito a la SSP de Morelos aplicar esa medida cautelar conforme a los protocolos de seguridad.
La red afirmó que la noche del atentado, la fiscalía envió agentes del Ministerio Público para entrevistarse con el periodista “y constataron el incumplimiento de los protocolos de seguridad, debido a la ausencia de medidas cautelares para garantizar la integridad física del periodista, tanto en la presentación de su declaración ministerial como para trasladarse a su domicilio”.
Por eso, la red solicitó a la PGR la implementación urgente de medidas cautelares.
Justino Miranda corresponsal, El Universal, 28 de febrero.
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