PHOENIX.- Al proponer un nuevo paquete de cinco duras leyes contra los inmigrantes, los legisladores de Arizona estarían tratando de forzar que la Suprema Corte de Estados Unidos se pronuncie sobre asuntos tan delicados como quién debe obtener la ciudadanía de este país.
El paquete fue aprobado el martes por el comité de Apropiaciones del Senado estatal y se espera que pronto las iniciativas sean votadas por el pleno.
"Si queremos detener la invasión (de indocumentados), porque esto es una invasión, hay que dejar de premiar a la gente por violar las leyes", dijo el presidente del Senado de Arizona, el republicano Russell Pearce, quien encabeza los esfuerzos en el estado para hacer tan difícil la vida de los inmigrantes en el estado, que sencillamente dejen de llegar o se vayan.
Los que se oponen a estas leyes creen que representan una manera drástica de cuestionar y reescribir los valores centrales de Estados Unidos.
Sin embargo, para los simpatizantes de endurecer el clima antiinmigrante, son una forma de aumentar el desafío al Gobierno federal, que actualmente encabeza un proceso legal para cuestionar la constitucionalidad de la ley de Arizona SB1070, aprobada en 2010 y que obliga a los agentes del orden estatales a revisar el estatus migratorio de cualquier persona que luzca indocumentada.
La Administración Obama asegura que con esta ley el estado trata de adjudicarse la responsabilidad de aplicar las leyes migratorias, que es sólo del Gobierno federal. Los pasajes más controvertidos de la SB1070 están suspendidos mientras transcurre el proceso legal.
Entre las propuestas avaladas el martes destaca la SB1611, que obligaría a los indocumentados a mostrar prueba de residencia legal para realizar casi cualquier trámite público en Arizona.
El comité de Apropiaciones también avaló dos iniciativas relativas a la ciudadanía estadunidense, con las que buscan negársela a los hijos de indocumentados.
Otro proyecto obligaría a enfermeras, médicos y hospitales públicos de Arizona a revisar el estatus migratorio de los pacientes y denunciarlos a las autoridades y un quinto exigiría al Departamento de Educación estatal el elaborar un reporte anual para el Congreso en el que especifique el costo económico de educar a indocumentados y extranjeros.
Las propuestas que restringen el acceso a la educación a los inmigrantes, así como la relativa a la ciudadanía violan la Constitución, así que se espera que, si son aprobadas, desencadenen demandas similares a las que enfrenta la SB1070.
"Esta ley (la SB1611) rebasa de lejos a la SB1070 en términos de su potencial para anular derechos y libertades fundamentales de ciudadanos y no ciudadanos", dijo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva del capítulo Arizona de la American Civil Liberties Union (ACLU).
Crearía, añadió la activista, una sociedad "de sus papeles por favor", y un nuevo delito, el de "manejar indocumentado" sería inventado.
"Negarle la ciudadanía a los niños porque sus padres no tienen documentos es una locura", dijo el sacerdote católico Javier Perez, inmigrante de México que habló durante la sesión del martes en el Senado.
Aunque los republicanos tienen la mayoría en la legislatura de estado, no está garantizado que el nuevo paquete sea aprobado, en especial las iniciativas que restringen el otorgamiento de la nacionalidad, las cuales ni siquiera pudieron recibir el apoyo del comité Judicial del Senado en una votación pasada.
Por eso fueron votados de nuevo en el comité de Apropiaciones, que las avaló.
Con información de NYT
Acorralados
Si son aprobadas, las cinco propuestas de ley que discute el Senado de Arizona harán casi imposible la vida de los indocumentados:
· Se le negará la ciudadanía estadounidense a los hijos de indocumentados.
· Forzarán a las escuelas a pedir prueba de residencia legal a los estudiantes, lo mismo a los médicos y enfermeras para prestar cualquier servicio de salud.
· Ninguna licencia estatal se le otorgará a los indocumentados. Ni siquiera se les dará el permiso para casarse.
· Familias enteras, sin importar el estatus legal de todos sus integrantes, serán echadas de viviendas estatales si se encuentra que en estas vivía al menos un indocumentado.
· Se encarcelará por 30 días a los inmigrantes que manejen sin licencia.
Reforma, 25 de febrero.
El paquete fue aprobado el martes por el comité de Apropiaciones del Senado estatal y se espera que pronto las iniciativas sean votadas por el pleno.
"Si queremos detener la invasión (de indocumentados), porque esto es una invasión, hay que dejar de premiar a la gente por violar las leyes", dijo el presidente del Senado de Arizona, el republicano Russell Pearce, quien encabeza los esfuerzos en el estado para hacer tan difícil la vida de los inmigrantes en el estado, que sencillamente dejen de llegar o se vayan.
Los que se oponen a estas leyes creen que representan una manera drástica de cuestionar y reescribir los valores centrales de Estados Unidos.
Sin embargo, para los simpatizantes de endurecer el clima antiinmigrante, son una forma de aumentar el desafío al Gobierno federal, que actualmente encabeza un proceso legal para cuestionar la constitucionalidad de la ley de Arizona SB1070, aprobada en 2010 y que obliga a los agentes del orden estatales a revisar el estatus migratorio de cualquier persona que luzca indocumentada.
La Administración Obama asegura que con esta ley el estado trata de adjudicarse la responsabilidad de aplicar las leyes migratorias, que es sólo del Gobierno federal. Los pasajes más controvertidos de la SB1070 están suspendidos mientras transcurre el proceso legal.
Entre las propuestas avaladas el martes destaca la SB1611, que obligaría a los indocumentados a mostrar prueba de residencia legal para realizar casi cualquier trámite público en Arizona.
El comité de Apropiaciones también avaló dos iniciativas relativas a la ciudadanía estadunidense, con las que buscan negársela a los hijos de indocumentados.
Otro proyecto obligaría a enfermeras, médicos y hospitales públicos de Arizona a revisar el estatus migratorio de los pacientes y denunciarlos a las autoridades y un quinto exigiría al Departamento de Educación estatal el elaborar un reporte anual para el Congreso en el que especifique el costo económico de educar a indocumentados y extranjeros.
Las propuestas que restringen el acceso a la educación a los inmigrantes, así como la relativa a la ciudadanía violan la Constitución, así que se espera que, si son aprobadas, desencadenen demandas similares a las que enfrenta la SB1070.
"Esta ley (la SB1611) rebasa de lejos a la SB1070 en términos de su potencial para anular derechos y libertades fundamentales de ciudadanos y no ciudadanos", dijo Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva del capítulo Arizona de la American Civil Liberties Union (ACLU).
Crearía, añadió la activista, una sociedad "de sus papeles por favor", y un nuevo delito, el de "manejar indocumentado" sería inventado.
"Negarle la ciudadanía a los niños porque sus padres no tienen documentos es una locura", dijo el sacerdote católico Javier Perez, inmigrante de México que habló durante la sesión del martes en el Senado.
Aunque los republicanos tienen la mayoría en la legislatura de estado, no está garantizado que el nuevo paquete sea aprobado, en especial las iniciativas que restringen el otorgamiento de la nacionalidad, las cuales ni siquiera pudieron recibir el apoyo del comité Judicial del Senado en una votación pasada.
Por eso fueron votados de nuevo en el comité de Apropiaciones, que las avaló.
Con información de NYT
Acorralados
Si son aprobadas, las cinco propuestas de ley que discute el Senado de Arizona harán casi imposible la vida de los indocumentados:
· Se le negará la ciudadanía estadounidense a los hijos de indocumentados.
· Forzarán a las escuelas a pedir prueba de residencia legal a los estudiantes, lo mismo a los médicos y enfermeras para prestar cualquier servicio de salud.
· Ninguna licencia estatal se le otorgará a los indocumentados. Ni siquiera se les dará el permiso para casarse.
· Familias enteras, sin importar el estatus legal de todos sus integrantes, serán echadas de viviendas estatales si se encuentra que en estas vivía al menos un indocumentado.
· Se encarcelará por 30 días a los inmigrantes que manejen sin licencia.
Reforma, 25 de febrero.
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