La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que el contenido de las nuevas iniciativas legales que se impulsan en Arizona contra migrantes viola derechos básicos de los mexicanos, por lo que dejó entrever que estas reformas a la legislación local podrían afectar la relación que existe entre México y esa entidad estadounidense.
Julián Ventura Valero, subsecretario para América del Norte de la Cancillería, fijó así la posición de la dependencia, ante la aprobación de al menos cinco iniciativas legales que se traducen en acciones contra migrantes en Arizona, que son más duras que la SB1070 —aprobada el año pasado—, pues no solo criminalizan una vez más la migración indocumentada, también pretenden negarles el acceso a prácticamente todos los servicios básicos como la salud, educación, vivienda y trabajo.
Al respecto, el diplomático sostuvo que “el contenido de las propuestas es violatorio de derechos fundamentales de las comunidades mexicanas y contrario al desarrollo de la valiosa relación política y económica entre México y Arizona”.
Indicó que el gobierno de México “lamenta profundamente el actual ambiente político en Arizona, que una vez más condujo a la consideración de iniciativas que no reconocen las aportaciones de la comunidad migrante”.
Agregó que el gobierno mexicano “reconoce el derecho soberano de todos los países para legislar y decidir sus políticas públicas”; sin embargo, indicó que “seguirá ofreciendo la protección consular y asesoría legal que requieran todos nuestros connacionales, sin importar su condición migratoria”.
Sin embargo, el subsecretario no informó si la SRE emprenderá alguna acción concreta para que el punto de vista del gobierno mexicano pueda ser tomado en cuenta al momento de que los legisladores de Arizona tengan que emitir una decisión sobre estas iniciativas, tales como cabildear en el Congreso de esa entidad a través del cuerpo diplomático, sobre los efectos negativos de esas propuestas en la comunidad y en la relación con México.
De hecho, la falta de acción por parte de la Cancillería previo a que la gobernadora de Arizona, Janice K. Brewer, firmara el 23 abril de 2010 la aprobación de la Ley SB1070 fue uno de los aspectos más criticados por los expertos en ese momento.
Las novedades
Las nuevas propuestas que podrían convertirse en ley en Arizona, prevén, entre otros aspectos, que las escuelas públicas de la entidad denuncien cuando los alumnos y sus padres no tengan papeles que acrediten su estancia legal o usen documentos falsos; verificar el estatus de quienes renten casas o departamentos; que se alerte a la policía sobre un ilegal que busque atención médica, cuando pida trabajo y hasta se haría acreedor de cárcel quien maneje un vehículo estando de forma irregular en la entidad.
Ante las implicaciones de las iniciativas, Ventura Valero dejó entrever que las iniciativas sí podrían afectar la relación entre Arizona y México, aunque en el caso de la SB1070 la titular de la SRE, Patricia Espinosa Cantellano, también se pronunció en este sentido en abril del año pasado cuando la gobernadora de Arizona aprobó esa norma.
En esa ocasión la canciller dijo que la SB1070 “afecta la relación entre Arizona y México, y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación” con esa entidad, aunque posteriormente se rechazó toda posibilidad de boicot comercial o de servicios hacia ese estado y la SRE optó junto con una decena de países latinoamericanos apoyar el litigio que organizaciones civiles estadounidenses iniciaron en las cortes para impedir que entrara en vigor.
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