El secuestro de inmigrantes deja ganancias al crimen organizado por al menos 140 millones de dólares al año, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La cifra se basa sólo en el pago de rescates de entre los 11 mil 333 plagios que el organismo logró corroborar de abril a septiembre del año pasado y que forman parte de su segundo informe especial sobre la materia presentado el pasado 22 de febrero.
Según la CNDH, en el 60% de los casos documentados se pagó un rescate, es decir, en seis mil 780.
El organismo recolectó 178 testimonios sobre plagios masivos, 153 que sufrieron de manera directa el delito y 25 fueron testigos presenciales, los cuales refirieron que los pagos exigidos por las organizaciones delincuenciales van de los 5 mil a los 15 mil dólares, es decir, un promedio de 10 mil dólares por evento.
Si se tomara en cuenta la cantidad máxima, los 15 mil dólares, los dividendos para criminales rosarían los 102 millones de dólares cada seis meses, 204 millones de dólares al año.
“No hay una estadística oficial clara que permita identificar el problema tal y como se presenta, subsiste una cifra negra de incidencia delictiva, lo que ha logrado corroborar la Comisión son 11 mil 333 casos, pero podrían ser muchos más”, alerta el ombudsman nacional Raúl Plascencia.
Para los pagos por liberación suelen utilizarse compañías especializadas en transferencias internacionales o las que brindan servicios de “dinero exprés”, como Western Union, modo de operación que en breve será denunciado por la CNDH ante la PGR, con base en declaraciones de las propias víctimas.
“Sería necesario tener debidamente identificado el fenómeno con registros públicos institucionales sobre incidencia delictiva, sobre modus operandi, cobros y detención de los responsables, pero es muy escasa la tarea que se ha realizado en los últimos tres años”, reprocha Plascencia.
Sin embargo, ubica de manera clara la presencia del crimen organizado, “por el proceder, las casas de seguridad que manejan, por los registros sistematizados que llevan de quiénes son los migrantes, cuál es su nacionalidad, dónde está su familia, quiénes pueden pagar el rescate y todo el proceso de pago”.
—¿Qué ocurre cuando los migrantes no cuentan con familiares o con recursos para pagar lo exigido por los cárteles? —se le pregunta.
—Hay clara evidencia de que se ejerce violencia en su contra, para tratar de obtener datos que dejen en claro si en verdad carecen de recursos o si están ocultando información; los testimonios hablan de agresiones sexuales, tortura y hasta privaciones de la vida, como una forma para que no queden testigos de lo que acontece.
La cifra se basa sólo en el pago de rescates de entre los 11 mil 333 plagios que el organismo logró corroborar de abril a septiembre del año pasado y que forman parte de su segundo informe especial sobre la materia presentado el pasado 22 de febrero.
Según la CNDH, en el 60% de los casos documentados se pagó un rescate, es decir, en seis mil 780.
El organismo recolectó 178 testimonios sobre plagios masivos, 153 que sufrieron de manera directa el delito y 25 fueron testigos presenciales, los cuales refirieron que los pagos exigidos por las organizaciones delincuenciales van de los 5 mil a los 15 mil dólares, es decir, un promedio de 10 mil dólares por evento.
Si se tomara en cuenta la cantidad máxima, los 15 mil dólares, los dividendos para criminales rosarían los 102 millones de dólares cada seis meses, 204 millones de dólares al año.
“No hay una estadística oficial clara que permita identificar el problema tal y como se presenta, subsiste una cifra negra de incidencia delictiva, lo que ha logrado corroborar la Comisión son 11 mil 333 casos, pero podrían ser muchos más”, alerta el ombudsman nacional Raúl Plascencia.
Para los pagos por liberación suelen utilizarse compañías especializadas en transferencias internacionales o las que brindan servicios de “dinero exprés”, como Western Union, modo de operación que en breve será denunciado por la CNDH ante la PGR, con base en declaraciones de las propias víctimas.
“Sería necesario tener debidamente identificado el fenómeno con registros públicos institucionales sobre incidencia delictiva, sobre modus operandi, cobros y detención de los responsables, pero es muy escasa la tarea que se ha realizado en los últimos tres años”, reprocha Plascencia.
Sin embargo, ubica de manera clara la presencia del crimen organizado, “por el proceder, las casas de seguridad que manejan, por los registros sistematizados que llevan de quiénes son los migrantes, cuál es su nacionalidad, dónde está su familia, quiénes pueden pagar el rescate y todo el proceso de pago”.
—¿Qué ocurre cuando los migrantes no cuentan con familiares o con recursos para pagar lo exigido por los cárteles? —se le pregunta.
—Hay clara evidencia de que se ejerce violencia en su contra, para tratar de obtener datos que dejen en claro si en verdad carecen de recursos o si están ocultando información; los testimonios hablan de agresiones sexuales, tortura y hasta privaciones de la vida, como una forma para que no queden testigos de lo que acontece.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 27 de febrero.
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