CIUDAD DE MÉXICO. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos condenaron el asesinato de los familiares de la activista Josefina Reyes y exigieron al gobierno mexicano investigar y enjuiciar a los responsables.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la organización estadounidense Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgieron a las autoridades federales y estatales a proteger al resto de los integrantes de la familia y poner fin a la violencia que existe contra los defensores de derechos en el país.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos —integrada por 69 organizaciones de todo el país— calificó como un “exterminio” el asesinato de los integrantes de la familia Reyes Salazar y señaló que el Estado ha sido omiso y negligente.
“La principal prioridad de las autoridades mexicanas debe ser el garantizar la seguridad del resto de la familia”, explicó Susan Lee, directora del Programa de América para Amnistía Internacional.
En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó que “continuará atenta a la evolución” del caso y que personal de ese organismo acompañe a la familia para el proceso jurídico y atención emocional.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que ante esas “trágicas” muertes, se subraya la necesidad de que el Estado proteja no sólo a los defensores de derechos humanos sino también a sus familiares.
“Es indispensable que el Ejecutivo redoble sus esfuerzos para crear un mecanismo de protección elaborado con la plena participación de las organizaciones”, insistió.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la organización estadounidense Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgieron a las autoridades federales y estatales a proteger al resto de los integrantes de la familia y poner fin a la violencia que existe contra los defensores de derechos en el país.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos —integrada por 69 organizaciones de todo el país— calificó como un “exterminio” el asesinato de los integrantes de la familia Reyes Salazar y señaló que el Estado ha sido omiso y negligente.
“La principal prioridad de las autoridades mexicanas debe ser el garantizar la seguridad del resto de la familia”, explicó Susan Lee, directora del Programa de América para Amnistía Internacional.
En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó que “continuará atenta a la evolución” del caso y que personal de ese organismo acompañe a la familia para el proceso jurídico y atención emocional.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que ante esas “trágicas” muertes, se subraya la necesidad de que el Estado proteja no sólo a los defensores de derechos humanos sino también a sus familiares.
“Es indispensable que el Ejecutivo redoble sus esfuerzos para crear un mecanismo de protección elaborado con la plena participación de las organizaciones”, insistió.
Liliana Alcántara, El Universal, 26 de febrero.
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