La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados desechó por improcedente la iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución enviada por el presidente Felipe Calderón, quien pretendía obtener nuevas facultades para atraer delitos del fuero común.
El priísta Alfonso Navarrete Prida, presidente de la comisión, expuso que modificar el citado artículo implicaría un agravio a la soberanía de las entidades federativas y un perjuicio contra otros actores sociales.
“Se desechó porque aún entendiendo lo loable del principio que anima al Presidente de la República, lo cierto es que las competencias jurídicas en materia penal deben estar reguladas con toda claridad, y si hay necesidad de ampliar las facultades de conexidad (concatenación de una cosa con otra) de delitos locales con federales y la facultad de atracción de un delito del fuero común a uno del fuero federal, se modifica la ley, pero no se faculta al Congreso de la Unión a dar una opinión en este sentido, que podría interpretarse de muchas maneras; sería dubitativa y podría generar impunidad.”
La iniciativa de reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que pidieron la opinión de la de Derechos Humanos.
El proyecto de opinión de la mayoría de los diputados fue en sentido negativo –con el voto en contra de legisladores panistas–, al señalar que la misma fracción 21 faculta a las autoridades federales para conocer delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con ilícitos federales.
La opinión negativa de los diputados manifiesta que si bien comparten la preocupación del Ejecutivo federal de que el Estado mexicano debe garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad, combatiendo cualquier acción que vulnere la paz social, la propuesta de establecer un nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción “concede un margen de discrecionalidad muy amplia a la autoridad federal y, en consecuencia, atenta contra la soberanía de los estados y debilita el federalismo”.
Durante la discusión del tema, Navarrete calificó la iniciativa de inoportuna, porque “se rompería con el sistema de competencias y de atracción: pensemos solamente en el Código Federal de Procedimientos Penales”.
Si fuera aprobada, “a partir de este momento cualquier conducta podría ser considerada como susceptible de atracción, porque ya sería discrecional. Ya no hablamos ni de conexidad de delitos, ni de delitos federales, ni del fuero común: rompe el sistema de competencias”.
La diputada panista Rosi Orozco justificó la iniciativa porque, dijo, ante las circunstancias excepcionales que vive el país, la autoridad federal podrá atraer delitos del fuero común argumentando que trascienden el ámbito de las entidades federativas, y que los tratados internacionales exigen atenderlos.
En respuesta, la petista Teresa Guadalupe Reyes avizoró una amenaza a la legalidad, sobre todo a los derechos humanos.
“Es riesgosísimo que el Ejecutivo quiera imponer lo que para él serían los valores fundamentales. Es el riesgo político de facultar al Ejecutivo a que determinara sus valores y nos impusiera sus valores fundamentales.”
La replica correspondió a la panista Gloria Romero, quien observó en la propuesta presidencial elementos que fortalecen los derechos humanos, porque “lamentablemente vemos muchas lagunas, muchas insuficiencias, las cuales a veces provocan impunidad”.
El priísta Alfonso Navarrete Prida, presidente de la comisión, expuso que modificar el citado artículo implicaría un agravio a la soberanía de las entidades federativas y un perjuicio contra otros actores sociales.
“Se desechó porque aún entendiendo lo loable del principio que anima al Presidente de la República, lo cierto es que las competencias jurídicas en materia penal deben estar reguladas con toda claridad, y si hay necesidad de ampliar las facultades de conexidad (concatenación de una cosa con otra) de delitos locales con federales y la facultad de atracción de un delito del fuero común a uno del fuero federal, se modifica la ley, pero no se faculta al Congreso de la Unión a dar una opinión en este sentido, que podría interpretarse de muchas maneras; sería dubitativa y podría generar impunidad.”
La iniciativa de reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que pidieron la opinión de la de Derechos Humanos.
El proyecto de opinión de la mayoría de los diputados fue en sentido negativo –con el voto en contra de legisladores panistas–, al señalar que la misma fracción 21 faculta a las autoridades federales para conocer delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con ilícitos federales.
La opinión negativa de los diputados manifiesta que si bien comparten la preocupación del Ejecutivo federal de que el Estado mexicano debe garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad, combatiendo cualquier acción que vulnere la paz social, la propuesta de establecer un nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción “concede un margen de discrecionalidad muy amplia a la autoridad federal y, en consecuencia, atenta contra la soberanía de los estados y debilita el federalismo”.
Durante la discusión del tema, Navarrete calificó la iniciativa de inoportuna, porque “se rompería con el sistema de competencias y de atracción: pensemos solamente en el Código Federal de Procedimientos Penales”.
Si fuera aprobada, “a partir de este momento cualquier conducta podría ser considerada como susceptible de atracción, porque ya sería discrecional. Ya no hablamos ni de conexidad de delitos, ni de delitos federales, ni del fuero común: rompe el sistema de competencias”.
La diputada panista Rosi Orozco justificó la iniciativa porque, dijo, ante las circunstancias excepcionales que vive el país, la autoridad federal podrá atraer delitos del fuero común argumentando que trascienden el ámbito de las entidades federativas, y que los tratados internacionales exigen atenderlos.
En respuesta, la petista Teresa Guadalupe Reyes avizoró una amenaza a la legalidad, sobre todo a los derechos humanos.
“Es riesgosísimo que el Ejecutivo quiera imponer lo que para él serían los valores fundamentales. Es el riesgo político de facultar al Ejecutivo a que determinara sus valores y nos impusiera sus valores fundamentales.”
La replica correspondió a la panista Gloria Romero, quien observó en la propuesta presidencial elementos que fortalecen los derechos humanos, porque “lamentablemente vemos muchas lagunas, muchas insuficiencias, las cuales a veces provocan impunidad”.
Roberto Garduño, La Jornada, 26 de febrero.
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