Durante el último día de las Jornadas por los Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana, los participantes se pronunciaron por defender el derecho a la protesta y la movilización, toda vez que son acciones denostadas y criminalizadas que, sin embargo, buscan la garantía de los derechos humanos.
Alan García, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que si bien los activistas forman parte de un movimiento general de defensa y promoción de derechos humanos, para ser reconocido como tal “no hace falta carnet, título alguno ni estar inscrito ante alguna organización en particular. La defensa de éstos es una convicción”.
El papel fundamental de los activistas, dijo, es instrumentar las declaraciones universales en dicha materia.
García señaló que para que el activismo pueda potenciar el trabajo por los derechos humanos es necesario ejercer, a su vez, tres derechos básicos: el acceso a la justicia, a la protesta social y a la libertad de expresión.
Por su parte, Gerardo Sauri, coordinador de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, enumeró las estrategias para avanzar en la materia, como son el cabildeo en el proceso legislativo y con el Ejecutivo, tanto local como federal; la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; la movilización masiva, y la acción directa, como los plantones.
Por su parte, Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, alertó sobre el riesgo de que las causas defendidas por los activistas se desdibujen en medio de la ola de violencia que se vive en el país.
Coincidió García en señalar que los retos para los defensores de derechos humanos “están atravesados por el contexto de inseguridad y violencia” que priva en México.
Los participantes lamentaron que no haya un mecanismo permanente de protección de derechos humanos, así como la burocratización a la que se enfrentan los activistas cuando llegan a ser protegidos por una medida cautelar dictada por alguna instancia internacional para poder hacerla operativa.
Asimismo, coincidieron en destacar la importancia de aprobar la reforma constitucional en la materia, cuya votación se ha pospuesto en el Senado, pues permitiría llamar a cuentas a aquellas instituciones o funcionarios que se nieguen a aceptar o cumplir una recomendación por parte de los diversos organismos en la materia, así como la independencia y autonomía de los mismos.
Alan García, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que si bien los activistas forman parte de un movimiento general de defensa y promoción de derechos humanos, para ser reconocido como tal “no hace falta carnet, título alguno ni estar inscrito ante alguna organización en particular. La defensa de éstos es una convicción”.
El papel fundamental de los activistas, dijo, es instrumentar las declaraciones universales en dicha materia.
García señaló que para que el activismo pueda potenciar el trabajo por los derechos humanos es necesario ejercer, a su vez, tres derechos básicos: el acceso a la justicia, a la protesta social y a la libertad de expresión.
Por su parte, Gerardo Sauri, coordinador de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, enumeró las estrategias para avanzar en la materia, como son el cabildeo en el proceso legislativo y con el Ejecutivo, tanto local como federal; la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; la movilización masiva, y la acción directa, como los plantones.
Por su parte, Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, alertó sobre el riesgo de que las causas defendidas por los activistas se desdibujen en medio de la ola de violencia que se vive en el país.
Coincidió García en señalar que los retos para los defensores de derechos humanos “están atravesados por el contexto de inseguridad y violencia” que priva en México.
Los participantes lamentaron que no haya un mecanismo permanente de protección de derechos humanos, así como la burocratización a la que se enfrentan los activistas cuando llegan a ser protegidos por una medida cautelar dictada por alguna instancia internacional para poder hacerla operativa.
Asimismo, coincidieron en destacar la importancia de aprobar la reforma constitucional en la materia, cuya votación se ha pospuesto en el Senado, pues permitiría llamar a cuentas a aquellas instituciones o funcionarios que se nieguen a aceptar o cumplir una recomendación por parte de los diversos organismos en la materia, así como la independencia y autonomía de los mismos.
Ariane Díaz, La Jornada, 26 de febrero.
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