Tuxtla Gutiérrez, Chis. Como parte del Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México que presentó el martes anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se destaca la efectividad de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes que opera en Chiapas desde 2008.
Convirtiéndose en la única en su tipo a escala nacional, dicha instancia ha logrado bajar los índices delictivos y prevenir la comisión de actos violatorios en contra de ese sector de la población.
En este sentido señala que, “en relación con las denuncias por migrantes víctimas del delito, destaca el caso de Chiapas, en el que la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra Inmigrantes tiene en integración averiguaciones previas de secuestros que no se cometieron en el estado y de los que, sin embargo, tuvieron conocimiento. Lo anterior puede considerarse como un indicio de que la existencia de una instancia específica de protección al migrante constituye un aliciente para la denuncia de delitos cometidos en su perjuicio”.
El informe revela que en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó un total de 214 secuestros, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas.
A diferencia de otras entidades de la zona, en este periodo y desde julio de 2009 Chiapas no ha registrado la comisión de secuestros masivos, resultado del trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno, lo que le ha permitido, a pesar de su condición de frontera, disminuir los índices delictivos.
Lo anterior se refuerza con los datos presentados por la propia fiscalía especializada y avalados por diversas organizaciones no gubernamentales, que manifiestan la depreciación de los delitos cometidos en contra de inmigrantes hasta en 95 por ciento, principalmente en zonas consideradas históricamente como focos rojos, como “La Arrocera”, en Huixtla.
Asimismo, sobresale la desarticulación de 25 bandas delictivas dedicadas al asalto a migrantes en 12 municipios de la entidad, con lo que se logró la detención de más de 231 delincuentes.
Por otra parte, entre las acciones emprendidas por la Fiscalía de Migrantes, en los últimos dos años se pusieron en marcha cuatro agencias especializadas del Ministerio Público en Tapachula, Huixtla, Palenque y Arriaga, a las cuales se sumarán próximamente las de Tuxtla Gutiérrez y Comitán.
Como parte de su último informe, la CNDH apuntó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes, de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, informó sobre la remisión a la Procuraduría General de la República de averiguaciones previas referentes a secuestros de migrantes en Medias Aguas, Veracruz, y Reynosa, Tamaulipas.
Cabe recordar que, en su Informe Especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, que resultó del análisis de la información obtenida, visitas de campo, entrevistas y testimonios de la población migrante durante el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de 198 casos de secuestros en los que se privó de su libertad a 9 mil 758 migrantes.
Se documentó que en el sur del país fueron secuestradas 55 por ciento de víctimas; en el norte, 11.8, y en el centro, 1.2. No fue posible precisar el lugar en que fueron plagiadas 32 por ciento de víctimas.
De los nueve mil 758 migrantes secuestrados en el sureste mexicano, se puntualizó que en Chiapas se dieron 42 casos, lo que representó 0.43 por ciento, es decir, menos de la mitad de un punto porcentual.
En este contexto, la CNDH refiere que el pasado tres de febrero el Senado de la República emitió un punto de acuerdo, en el cual se exhorta al Ejecutivo federal a que establezca en la PGR una fiscalía especializada en prevención y atención de delitos cometidos en contra de migrantes.
Convirtiéndose en la única en su tipo a escala nacional, dicha instancia ha logrado bajar los índices delictivos y prevenir la comisión de actos violatorios en contra de ese sector de la población.
En este sentido señala que, “en relación con las denuncias por migrantes víctimas del delito, destaca el caso de Chiapas, en el que la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra Inmigrantes tiene en integración averiguaciones previas de secuestros que no se cometieron en el estado y de los que, sin embargo, tuvieron conocimiento. Lo anterior puede considerarse como un indicio de que la existencia de una instancia específica de protección al migrante constituye un aliciente para la denuncia de delitos cometidos en su perjuicio”.
El informe revela que en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó un total de 214 secuestros, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas.
A diferencia de otras entidades de la zona, en este periodo y desde julio de 2009 Chiapas no ha registrado la comisión de secuestros masivos, resultado del trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno, lo que le ha permitido, a pesar de su condición de frontera, disminuir los índices delictivos.
Lo anterior se refuerza con los datos presentados por la propia fiscalía especializada y avalados por diversas organizaciones no gubernamentales, que manifiestan la depreciación de los delitos cometidos en contra de inmigrantes hasta en 95 por ciento, principalmente en zonas consideradas históricamente como focos rojos, como “La Arrocera”, en Huixtla.
Asimismo, sobresale la desarticulación de 25 bandas delictivas dedicadas al asalto a migrantes en 12 municipios de la entidad, con lo que se logró la detención de más de 231 delincuentes.
Por otra parte, entre las acciones emprendidas por la Fiscalía de Migrantes, en los últimos dos años se pusieron en marcha cuatro agencias especializadas del Ministerio Público en Tapachula, Huixtla, Palenque y Arriaga, a las cuales se sumarán próximamente las de Tuxtla Gutiérrez y Comitán.
Como parte de su último informe, la CNDH apuntó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes, de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, informó sobre la remisión a la Procuraduría General de la República de averiguaciones previas referentes a secuestros de migrantes en Medias Aguas, Veracruz, y Reynosa, Tamaulipas.
Cabe recordar que, en su Informe Especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, que resultó del análisis de la información obtenida, visitas de campo, entrevistas y testimonios de la población migrante durante el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de 198 casos de secuestros en los que se privó de su libertad a 9 mil 758 migrantes.
Se documentó que en el sur del país fueron secuestradas 55 por ciento de víctimas; en el norte, 11.8, y en el centro, 1.2. No fue posible precisar el lugar en que fueron plagiadas 32 por ciento de víctimas.
De los nueve mil 758 migrantes secuestrados en el sureste mexicano, se puntualizó que en Chiapas se dieron 42 casos, lo que representó 0.43 por ciento, es decir, menos de la mitad de un punto porcentual.
En este contexto, la CNDH refiere que el pasado tres de febrero el Senado de la República emitió un punto de acuerdo, en el cual se exhorta al Ejecutivo federal a que establezca en la PGR una fiscalía especializada en prevención y atención de delitos cometidos en contra de migrantes.
La Jornada, 26 de febrero
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