El Senado modificó por completo la nueva Ley de Migración, con el fin de suprimir todos los ordenamientos que implicaban criminalizar a los extranjeros que cruzan por territorio nacional, perseguirlos y propiciar que la fuerza pública cometiera abusos y vejaciones en su contra.
Se modificaron 32 artículos y se eliminaron los dos más polémicos, el 26 y el 151, que daban facultades a la Policía Federal (PF) para detener a migrantes en cualquier punto del territorio y multar a quien empleara a extranjeros indocumentados.
Se suprimieron las facultades que se daban a autoridades para hacer detenciones con base en denuncias anónimas y perseguir a defensores de migrantes.
Se estableció que la política del Estado mexicano en la materia debe sustentarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos de nacionales y extranjeros que transiten hacia Estados Unidos.
Otro principio es que “en forma alguna una situación migratoria irregular configurará un delito”.
Desde muy temprano, el sacerdote Alejandro Solalinde, titular del albergue Hermanos en el Camino, se presentó en el recinto senatorial y se entrevistó con los coordinadores de las bancadas, entre ellos el priísta Manlio Fabio Beltrones, para pedirles que se modificara el dictamen previo.
Le informaron que en la madrugada los integrantes de las comisiones dictaminadoras habían concluido las modificaciones para borrar de esa legislación los aspectos que hacían que fuera equiparada con la ley Arizona.
Alejandro Solalinde presenció luego la discusión en lo particular de la Ley de Migración. Lo hizo desde uno de los escaños de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sentado junto a la senadora Yeidckol Polevnsky, el sacerdote escuchó a Tomás Torres decir que la ley que en ese momento se iba a aprobar era un tributo para él (Solalinde) y demás religiosos e integrantes de organismos no gubernamentales que auxilian a centro y sudamericanos que viajan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.
El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, se congratuló por que se dio marcha atrás a artículos “deleznables, ominosos para la tradición política mexicana en materia humanitaria y de asilo”.
Dijo que “nuestra política migratoria no puede ser candil encendido en Estados Unidos y mazmorra oscura en nuestro territorio para los centroamericanos”.
El priísta Francisco Herrera León sostuvo que la señal que el Senado manda al país y al mundo es que aquí “no se criminaliza ni se penaliza ni se persigue a nadie”. Agregó: “queremos devolverle a México autoridad moral”.
El panista Humberto Andrade Quezada sostuvo que “de una vez por todas se deja de lado cualquier posible sospecha de la criminalización del migrante”.
Detalló que el artículo 26, “que levantó mucha controversia”, se suprimió en su totalidad, no sólo la parte referida a las facultades de la PF para detener a migrantes.
También Monreal aplaudió la supresión de ese artículo, que daba a la Secretaría de Seguridad Pública facultades para asumir tareas en materia migratoria.
“Qué bueno que también le quitaron al secretario de Gobernación las facultades extraordinarias que le conferían en ese rubro”, añadió.
Del artículo 80 bis eliminaron la obligación del Estado mexicano de “disuadir la emigración de mexicanos por canales informales y sin la debida autorización del país de destino”, lo cual, a juicio de senadores del PRD y PT, significaba hacer “el trabajo sucio a Estados Unidos”.
El panista Andrade destacó que se modificó el artículo 161 con el fin de evitar “que las asociaciones de la sociedad civil que de manera tan generosa, tan humanitaria, prestan auxilio, ayudan y acompañan al migrante, sean perseguidas, y ni siquiera puedan ser sujeto de revisión, como hasta hoy ha venido ocurriendo”.
Se cambió el término aseguramiento por el de presentación, y se fijaron condiciones dignas para los extranjeros en las estaciones migratorias.
El martes pasado la ley se aprobó en lo general con 84 votos en favor y 15 en contra. Ayer en lo particular fue por unanimidad: los 86 senadores presentes en el recinto avalaron el dictamen, que se votó en paquete.
El cambio radical al dictamen que había impuesto la Secretaría de Gobernación se logró, en buena parte, por la insistencia de senadores del PRD y su grupo de asesores. La norma señala que la política migratoria del Estado mexicano será congruente “con lo que reclama para sus connacionales en el exterior”.
Representantes de organismos defensores de migrantes y visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentes en el recinto aplaudieron la reforma.
Se modificaron 32 artículos y se eliminaron los dos más polémicos, el 26 y el 151, que daban facultades a la Policía Federal (PF) para detener a migrantes en cualquier punto del territorio y multar a quien empleara a extranjeros indocumentados.
Se suprimieron las facultades que se daban a autoridades para hacer detenciones con base en denuncias anónimas y perseguir a defensores de migrantes.
Se estableció que la política del Estado mexicano en la materia debe sustentarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos de nacionales y extranjeros que transiten hacia Estados Unidos.
Otro principio es que “en forma alguna una situación migratoria irregular configurará un delito”.
Desde muy temprano, el sacerdote Alejandro Solalinde, titular del albergue Hermanos en el Camino, se presentó en el recinto senatorial y se entrevistó con los coordinadores de las bancadas, entre ellos el priísta Manlio Fabio Beltrones, para pedirles que se modificara el dictamen previo.
Le informaron que en la madrugada los integrantes de las comisiones dictaminadoras habían concluido las modificaciones para borrar de esa legislación los aspectos que hacían que fuera equiparada con la ley Arizona.
Alejandro Solalinde presenció luego la discusión en lo particular de la Ley de Migración. Lo hizo desde uno de los escaños de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sentado junto a la senadora Yeidckol Polevnsky, el sacerdote escuchó a Tomás Torres decir que la ley que en ese momento se iba a aprobar era un tributo para él (Solalinde) y demás religiosos e integrantes de organismos no gubernamentales que auxilian a centro y sudamericanos que viajan por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos.
El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, se congratuló por que se dio marcha atrás a artículos “deleznables, ominosos para la tradición política mexicana en materia humanitaria y de asilo”.
Dijo que “nuestra política migratoria no puede ser candil encendido en Estados Unidos y mazmorra oscura en nuestro territorio para los centroamericanos”.
El priísta Francisco Herrera León sostuvo que la señal que el Senado manda al país y al mundo es que aquí “no se criminaliza ni se penaliza ni se persigue a nadie”. Agregó: “queremos devolverle a México autoridad moral”.
El panista Humberto Andrade Quezada sostuvo que “de una vez por todas se deja de lado cualquier posible sospecha de la criminalización del migrante”.
Detalló que el artículo 26, “que levantó mucha controversia”, se suprimió en su totalidad, no sólo la parte referida a las facultades de la PF para detener a migrantes.
También Monreal aplaudió la supresión de ese artículo, que daba a la Secretaría de Seguridad Pública facultades para asumir tareas en materia migratoria.
“Qué bueno que también le quitaron al secretario de Gobernación las facultades extraordinarias que le conferían en ese rubro”, añadió.
Del artículo 80 bis eliminaron la obligación del Estado mexicano de “disuadir la emigración de mexicanos por canales informales y sin la debida autorización del país de destino”, lo cual, a juicio de senadores del PRD y PT, significaba hacer “el trabajo sucio a Estados Unidos”.
El panista Andrade destacó que se modificó el artículo 161 con el fin de evitar “que las asociaciones de la sociedad civil que de manera tan generosa, tan humanitaria, prestan auxilio, ayudan y acompañan al migrante, sean perseguidas, y ni siquiera puedan ser sujeto de revisión, como hasta hoy ha venido ocurriendo”.
Se cambió el término aseguramiento por el de presentación, y se fijaron condiciones dignas para los extranjeros en las estaciones migratorias.
El martes pasado la ley se aprobó en lo general con 84 votos en favor y 15 en contra. Ayer en lo particular fue por unanimidad: los 86 senadores presentes en el recinto avalaron el dictamen, que se votó en paquete.
El cambio radical al dictamen que había impuesto la Secretaría de Gobernación se logró, en buena parte, por la insistencia de senadores del PRD y su grupo de asesores. La norma señala que la política migratoria del Estado mexicano será congruente “con lo que reclama para sus connacionales en el exterior”.
Representantes de organismos defensores de migrantes y visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentes en el recinto aplaudieron la reforma.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 25 de febrero.
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