El crimen organizado persigue la labor en favor de los migrantes

La labor pastoral, humanitaria y gratuita continúa siendo una actividad criminalizada por las autoridades y objeto de persecución por parte de grupos de delincuencia común y organizada, establece el reporte La caridad hacia el migrante, una actividad criminalizada y perse- guida en México, informe sobre la situación de las defensoras y defensores de migrantes en México 2011-2012 elaborado por la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), instancia dependiente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En el documento de 29 páginas también se expresa que además se incrementaron los casos de criminalización social al trabajo de defensa de derechos humanos relacionados con acciones xenofóbicas de autoridades, medios de comunicación y algún sector de la población, y detalla que en 2011 los defensores de migrantes fueron víctimas de 32 incidentes de seguridad, y entre enero y noviembre de este año sufrieron 49.

En un detallado desglose de los casos de agresiones en contra de defensores, asegura que “la vulnerabilidad que experimentaron los defensores se incrementó desde 2010, pues mientras en cinco años, es decir, de 2004 a 2009 ocurrieron 18 incidentes, en el año y medio posterior, es decir, entre todo 2010 y la mitad de 2011 hubo 69.

En el informe, la DPMH también indica que de los 66 incidentes ocurridos entre junio de 2011 y noviembre de este año 25 fueron cometidos por agentes estatales; 38 por agentes no estatales y tres por grupos no identificados.

Añade que entre los obstáculos que experimentan los defensores identificados por la CIDH están lossecuestros, detenciones ilegales, criminalización de sus actividades,allanamientos a las organizaciones, estigmatización como defensores de delincuentes, así como obstáculos en el acceso a las denuncias de violaciones a los derechos de los migrantes.

En tanto la DPMH documentó en este periodo casos de violaciones al derecho a la vida; de privaciones ilegales de la libertad; violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal; el uso excesivo del sistema penal; injerencias arbitrarias; violaciones al acceso a la justicia; amenazas y un incremento de acciones de deslegitimización y/o criminalización a la labor de personas defensoras de derechos humanos.

La expectativa es que esta situación cambie durante la nueva administración federal, aunque para la DPMH el hecho de que la migración siga considerándose en el contexto de la seguridad nacional no es un buen augurio y tampoco nota un cambio en la percepción del Poder Legislativo.

En el reporte también refiere que este año se registraron tres privaciones ilegales de la libertad contra defensores de migrantes, que fueron realizadas por funcionarios públicos y en dos de los casos intervino la policía municipal de Tenosique; en uno, elementos del Ejército Mexicano, y en el último policías municipales con el apoyo de un cacique, además, alude que en los tres casos no existieron razones para las detenciones.

También agrega que en este periodo se registraron tres violaciones al derecho a la integridad y seguridad personales, en las que la intención fue amedrentar la labor humanitaria y de defensa de derechos humanos; dos fueron realizadas por autoridades y la otra por personas no identificadas.

En el reporte se indica que las denuncias en contra de los defensores ha sido una práctica utilizada por las autoridades migratorias para intentar desprestigiar la labor de los defensores y de autoridades de seguridad pública, como herramienta para que no apoyen a las personas migrantes, y añade que se documentaron también “tres casos del uso excesivo del sistema penal, en dos, amenazaron con denunciar a los defensores por el delito de tráfico de personas, a pesar de que el artículo 161 de la Ley de Migración establece como una excepción la actividad de las defensoras; en el otro acusaron al defensor ‘de abandono de personas, por no brindarle atención médica adecuada a un migrante”.

Carolina Gómez Mena, La Jornada, 29 de diciembre.