Gobierno federal y estados firman un convenio para garantizar gobernabilidad y paz social en la elección



Foto: notimex

El presidente Felipe Calderón anunció la firma de un convenio entre el gobierno federal y los estados para garantizar que el próximo proceso electoral se desarrolle en condiciones de gobernabilidad, seguridad y paz social.

De igual modo, dio a conocer el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad con el cual las entidades federativas contarán con recursos hasta por 12 mil millones de pesos para la construcción de penales y obras del sistema de justicia penal.

Al encabezar la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario explicó que ante la amenaza que se cierne sobre los comicios por parte de la delincuencia organizada, es urgente el convenio mediante el cual se establece la formación de grupos de coordinación operativa que atenderán situaciones que atenten contra la seguridad y la paz social; su labor dependerá de un plan operativo que considerará la información del IFE y los mapas de riesgo de cada entidad federativa.

Firmado por el Ejecutivo, los integrantes del consejo y atestiguado por el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés, el convenio establece que los grupos coordinarán las fuerzas del orden público para que intervengan en aquellos casos donde se pudiera vulnerar la gobernabilidad democrática del país.

A juicio de Calderón, la seguridad está más allá de cualquier bandera partidista, “la estabilidad en nuestras instituciones y su fortaleza, la salvaguarda de nuestra democracia exige de nosotros un compromiso irrestricto, sigamos pues trabajando sin mezquindad, sin cálculos políticos por México y los mexicanos”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario ratificó su compromiso de actuar más allá de cualquier objetivo de corto plazo, más allá de cualquier interés político o electoral.

Recordó que estos son tiempos cruciales para la vida democrática del país: “Dentro de cuatro meses, los mexicanos acudiremos a las urnas para elegir a los representantes que habrán de dirigir la nación y representar a los ciudadanos  tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo”.

Aseguró que en las elecciones de julio próximo, “estaremos honrando el régimen democrático y de libertades que hemos construido con mucho esfuerzo los mexicanos a lo largo de varias décadas.”

Estimó que la principal amenaza para la democracia y las instituciones son, precisamente, la criminalidad y sus intereses, y admitió que la violenta ambición de los criminales por buscar el control de la sociedad intenta incidir en los procesos electorales.

“Hemos sido testigos de casos como el asesinato del candidato a gobernador del  Estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en 2010. En los últimos cinco años, 28 alcaldes en funciones han perdido la vida a manos de criminales”.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, incluso en el caso de su natal Michoacán, Calderón dijo que en elecciones recientes, se tiene el registro de candidatos de todas las filiaciones políticas, fuertemente presionados por delincuentes.

“Frente a estos hechos, debemos dar respuestas contundentes. El Estado mexicano no cede ni debe ceder ante la amenaza de los criminales”, afirmó.

En este sentido, mencionó que la principal razón de la lucha contra la delincuencia son las víctimas de la violencia que en ningún momento deben considerarse como “cifras”.

FONDO PARA OBRAS. Respecto del Fondo para la Infraestructura en Seguridad se explicó que los estados podrán pagar solamente los intereses del financiamiento que obtengan.

A la fecha son 3 estados que ya presentaron sus cartas de intención a Banobras: Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Calderón explicó que habrá un apoyo a fondo perdido para realizar los proyectos ejecutivos que demandan tales obras-

“Se trata de hacerlas pronto, y en el menor tiempo posible”, dijo.

Mencionó que a través del Fondo Nacional de Infraestructura, se destinarán hasta 400 millones de pesos para cubrir el pago de estudios y proyectos en obras de seguridad pública y justicia.

Con este mecanismo, dijo,  los estados dispondrán de financiamiento para salas especiales para juicios orales, Centros de Control de Confianza, Unidades Especializadas de Combate al Secuestro y nuevos Centros de Readaptación Social.

Cecilia Téllez y Cecilia Higuera, La Crónica, 1º de marzo.

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