Desahoga el IFE casos sobre excesos en propaganda oficial

Casi 10 meses después de que se presentaron las primeras quejas sobre presuntos excesos de funcionarios en en el uso de propaganda oficial para la difusión de imágenes personales, el Instituto Federal Electoral (IFE) comenzará a desechar hoy el primer paquete de procedimientos iniciados. En ellos aplicará los nuevos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para restringir el inicio de procedimientos cuando no se tengan elementos suficientes.

Este año el IFE ha acumulado 171 casos de presuntos excesos de funcionarios frente a las restricciones en la publicidad oficial contenidas en el artículo 134 constitucional, el cual señala que no se podrán difundir imágenes personales en la publicidad oficial. Y en esa lista se encuentran una queja presentada contra el presidente Felipe Calderón y 13 denuncias contra gobernadores, donde destaca el de Jalisco, Emilio González Márquez, panista que acumula tres procesos.

No sólo el panista tiene denuncias, también mandatarios priístas: la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; el de Nuevo León, Natividad González Parás, y el de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, con dos procedimientos.

La aplicación de las disposiciones constitucionales ha atravesado por complicaciones. El incumplimiento del Legislativo en aprobar la ley secundaria obligó al IFE a autorizar un primer reglamento sobre propaganda institucional. Recientemente se pretendía perfeccionar con una regulación más amplia relacionada con la equidad en el comportamiento de los funcionarios, cuyo procesamiento apresurado suscitó el rechazo de los partidos y, por ende, su postergación.

Paralelamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un primer recurso del diputado Gerardo Villanueva, quien se inconformó con un procedimiento en su contra por haberse promovido presuntamente de manera ilegal. El caso fue aislado, pero sirvió para que se fijaran criterios al IFE sobre las premisas para iniciar una investigación semejante.

En la jurisprudencia 20/2008 se asentó que, antes del inicio y emplazamiento al procedimiento ordinario sancionador de algún funcionario relacionado con violaciones al artículo 134 constitucional, el IFE deberá corroborar que se está en presencia de propaganda electoral; analizar si dicha propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social difundida por el servidor público, implicó su promoción personal; advertir la posible vulneración al precepto constitucional citado y la posible responsabilidad del servidor; determinar si éste fue parcial al aplicar los recursos bajo su responsabilidad; examinar la calidad del presunto infractor para determinar la existencia de alguna circunstancia que material o jurídicamente haga inviable la instauración del procedimiento sancionador ordinario, por ejemplo cuando la conducta atribuida esté protegida por alguna prerrogativa en el ejercicio de su cargo.

Paralelamente, la pretensión de los consejeros de ampliar la regulación más allá de la publicidad oficial y enfocarla a la imparcialidad no sólo en el manejo de los recursos, sino también en su desempeño, tuvo un revés con el rechazo de los partidos, dada la premura con que se pretendía discutirla.

Hay disposiciones centrales que no se pueden aprobar a la ligera, coincidieron PAN y PRD en su argumentación para postergar la aprobación de un acuerdo “para reforzar la equidad de las precampañas y campañas electorales, e imparcialidad en el uso de los recursos públicos”, aspectos que se debatirán en enero.

Entrevistados por separado, los consejeros electorales Virgilio Andrade y Benito Nacif sostuvieron que, con los criterios que definieron los magistrados, el propio IFE comenzará hoy a desechar gran cantidad de casos iniciados, ya sea por quejas de partidos –de las cuales se han presentado 70– o por el IFE mediante sus vocalías ejecutivas; hasta ahora hay acumulados 101 procedimientos de oficio.

De éstos, según el informe del IFE, casi 25 por ciento se han concentrado en el estado de México: 24. Por lo que hace al desglose de las 70 quejas que han promovido los partidos políticos, hay 38 recursos en contra de alcaldes, 24 contra diputados locales, 18 involucran a diputados federales y cuatro a senadores.

La queja contra Calderón se refiere a la promoción de la iniciativa de reforma energética que envió al Congreso y que fue acompañada con promocionales donde el michoacano aludía a su proyecto y objetivos de la reforma.

Alonso Urrutia, La Jornada, 22 de diciembre.

Con límites legales, las coaliciones tendrán que pasar la prueba de las urnas en 2009

Con las elecciones de 2009, la etapa de las coaliciones amplias que prevalecieron en los últimos años parece llegar a su fin como efecto de la reforma legal que las reduce prácticamente a candidaturas comunes y obliga a los partidos pequeños a pasar la prueba de las urnas. En principio esto pretendería acabar con la existencia de membretes, como el que utilizó la familia Riojas, cuyo Partido de la Sociedad Nacionalista, sólo sirvió para realizar negocios, aprovechando la vida artificial que le confirió el Partido de la Revolución Democrática en 2000.

En la pasada elección federal (2006) una alianza de partidos, que contendió con el nombre de coalición Por el Bien de Todos, logró consolidar la mayor presencia de izquierda en las cámaras. Hoy, los partidos que la integraban mantienen disputas de cara a los comicios intermedios. En buena medida, esto se deriva de las nuevas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impide que por la vía de un convenio previo se repartan curules y prerrogativas.

La reforma electoral –los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia la denominan “contrarreforma”– ha modificado radicalmente el punto sobre las coaliciones, pues ahora cada partido que integre una aparecerá en la boleta y, si bien se sumarán los votos para el candidato, se contarán en particular por para cada partido. Solamente en el caso de que no se alcance el porcentaje mínimo necesario, se tomará el porcentaje necesario de la coalición para que puedan mantener el registro.

Más allá de la participación de la coalición Por el Bien de Todos, los términos del convenio eran bastante atractivos para el Partido del Trabajo y para Convergencia, que bajo el esquema de la coalición pactado previamente, con 35 por ciento, aproximadamente obtenido, el PRD se quedó con 23.5 por ciento, el PT 6 por ciento y Convergencia 5.5 por ciento.

De los 158 legisladores que alcanzó Por el Bien de Todos, 126 son perredistas, en tanto que al PT y Convergencia les correspondieron 16 a cada uno, mientras que en el Senado, de 36 legisladores, 26 fueron para el PRD, cuatro para el PT y seis para Convergencia.

En términos de prerrogativas, el sol azteca pasó de recibir 360 millones en 2006 a 446 millones en 2007, esto es, un incremento de 23 por ciento. Por su parte, el PT, de 135 millones que obtenía alcanzó 211 millones de pesos, alrededor de 60 por ciento más, una proporción similar a los beneficios que Convergencia tuvo de un convenio bastante provechoso para ambos partidos.

Alianza por México
La Alianza por México, que integraron el partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), resultó ser más onerosa para el tricolor, el cual prácticamente asumió todas las pérdidas electorales y de prerrogativas que tuvo la alianza, al desplomarse en la votación y obtener 22 por ciento. A pesar del retroceso, el PVEM pudo incrementar sus prerrogativas y su presencia en el Congreso, pues tiene 19 diputados, 17 derivados de la representación proporcional y seis senadores, cuatro de representación proporcional.

Mientras el PRI se desplomaba en su presencia en el Congreso y en sus prerrogativas, el PVEM, fruto del convenio previamente pactado avanzaba y cargaba todas las pérdidas a su aliado, con la consiguiente molestia interna de los priístas. Y es que la coalición se pactó sobre la base –rezaba el convenio– de reconocer la “votación histórica” de los ecologistas de 6.6 por ciento.

Así, mientras el PVEM, de recibir 190 millones de pesos de financiamiento en 2006 pasó a que le adjudicaran 223 millones a partir de 2007, alrededor de 18 por ciento más– mientras que el PRI que recibía 613 millones, perdió casi 100 millones, pues en 2007 percibió sólo 518 millones de pesos, una proporción de poco más de 15 por ciento a la baja.

Si en 2006 las coaliciones beneficiaron a partidos que de alguna manera mantienen una presencia nacional, el caso de 2000, algunas coaliciones verdaderamente llevaron a las cámaras y favorecieron registro, con prerrogativas incluidas, a partidos efímeros. La denominada Alianza por México confirió existencia legal al Partido Alianza Social y a la Sociedad Nacionalista: ambos perderían el registro tres años después, cuando ya no pudieron contender en coalición.

Multas sin pagar
En aquella ocasión, habiendo obtenido menos de 19 por ciento de la votación, el PRD solamente obtuvo, para efecto de prerrogativas y de espacios en el Congreso, 10.8 por ciento, transfiriendo 3.2 por ciento al PT, 2 por ciento a Convergencia y uno por ciento al PSN y el PAS, aunque el convenio establecía que, en ese caso, se garantizaría el porcentaje mínimo para que estos dos últimos mantuvieran el registro.

La consecuencia: la familia Riojas, que dirigía, creó sus empresas que eran las proveedoras de ese partido a costos muy elevados. El IFE impuso multas superiores a 200 millones por irregularidades en el manejo financiero que nunca pudieron ser cobradas, como tampoco se pudieron recuperar los bienes que con las prerrogativas adquirió ese partido que vivió tres años a costa de una coalición en la que nunca se supo cuántos votos aportó.

A partir de entonces, se reformó la ley a efecto de que ningún partido de reciente creación pudiera participar en coalición en su primera incursión electoral.


Alonso Urrutia, La Jornada, 22 de diciembre.

Denuncia la CNDH el “incremento muy preocupante” de secuestros de migrantes

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, y el quinto visitador general, Mauricio Farah Gebara, manifestaron que en 2008 “hemos visto un incremento muy preocupante en el número de secuestros de migrantes, los cuales no serían posibles sin la participación de las autoridades”.

Soberanes Fernández y Farah Gebara señalaron que en particular, este año “hemos visto un crecimiento en la industria del secuestro, la delincuencia organizada y la delincuencia común, en bandas que secuestran a los migrantes indocumentados que se dirigen hacia Estados Unidos y los retienen para extorsionarlos a ellos y a sus familiares”.

Ambos funcionarios detallaron que “no se puede entender que en el país haya un crecimiento en el secuestro de migrantes sin la participación de las autoridades, municipales, por la tolerancia y la omisión”; por esa causa se han incrementado las denuncias por este delito.

Luego de supervisar en Nogales, Sonora, el funcionamiento del Programa Paisano en las garitas y oficinas aduanales, el ombudsman nacional subrayó que “este programa está funcionado; no hemos detectado nada irregular, parece que está funcionado bien, pero hay que esperar que concluya para hacer la evaluación”.

Farah Gebara explicó que en los recorridos por la frontera las denuncias recibidas por los migrantes son que los tardan mucho en las revisiones de los documentos y en los trámites que tienen que hacer, y también han reportado abuso de algunas autoridades.

–¿Y denuncias de corrupción? –se les cuestiona.

–Sí, sí se han dado casos; no sólo los ha documentado la comisión nacional, sino también otras autoridades.

El presidente de la CNDH subrayó que “ el Programa Paisano es aceptable, pero la situación se agrava en el trayecto que recorren los migrantes a sus lugares de origen, donde son extorsionados o hay corrupción”.

Soberanes Fernández destacó que “los problemas contra los migrantes no sólo están presentes en la frontera norte, sino también en la sur; allá hay problemas con agentes de Migración; sufren maltrato, extorsión, amenazas y hay corrupción.

“Ésa es otra preocupación de la CNDH: ahí, en la frontera sur, debe haber una actitud más decidida de los gobiernos federal y estatales para frenar el maltrato de que son objeto los migrantes centroamericanos que se internan por ese punto en su travesía para llegar a Estados Unidos”, concluyó.

Víctor Ballinas, La Jornada, 22 de diciembre.

Limitada, perspectiva de autoridades del DF sobre derechos humanos: centro Fray Vitoria

Las autoridades del Distrito Federal aún tienen una perspectiva limitada en torno a los derechos humanos, por lo que, aunque existen esfuerzos importantes en la materia, no impactan de manera concreta e integral en el diseño de políticas públicas y programas de gobierno, asegura el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En un informe sobre la situación que guardaron en 2008 los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la capital del país, la ONG revela que 5.4 por ciento de la población capitalina no cuenta con ingresos suficientes ni para comprar comida, lo que vulnera el derecho a la alimentación que todo Estado debe garantizar; en tanto, 10.3 puede alimentarse, pero no accede a otros servicios, como educación o salud.

Asimismo, señala que 31.8 por ciento de los capitalinos no tiene ingresos suficientes para adquirir una vivienda u otros bienes materiales indispensables para contar con una vida digna.

El análisis, que pretende ser una herramienta para incidir en las políticas públicas sobre garantías fundamentales, refiere que existen grandes desigualdades en materia alimentaria entre las diferentes delegaciones de la ciudad, a pesar de que el Distrito Federal genera 22 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país y concentra el mayor nivel de ese indicador por habitante. Mientras en la Benito Juárez apenas 0.5 por ciento de la población padece pobreza alimentaria, en Milpa Alta la cifra es de 10.9.

El organismo, encabezado por Miguel Concha Malo, indica que según datos del Inegi, 58 por ciento de los trabajadores de la ciudad percibe menos de tres salarios mínimos, lo que genera limitaciones incluso para que la mayoría de las familias de la capital adquieran los productos de la canasta básica.

Subraya que un indicador de que el derecho a la alimentación no se garantiza totalmente en el Distrito Federal es que hay sobrepeso, obesidad y anemia en diferentes sectores de la población.

Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la ONG señala que la anemia está presente en 21 por ciento de los niños de tres a cinco años, en 14.8 de los de hasta 11 años y en 8.1 de adolescentes de la ciudad de México. Además, 9 por ciento de la población de 20 a 49 años y casi 19 por ciento de los adultos mayores de 50 están en dicha condición.

El sobrepeso y la obesidad representan un problema no sólo para el país en general, sino para la ciudad de México, pues se ubica por encima de la media nacional en ese rubro. El informe indica que 5 por ciento de los niños menores de cinco años presentan ese problema, y la cifra se eleva a 35 por ciento en los de cinco a 11 años; 32.3 por ciento en adolescentes y 73 en adultos de 20 a 49 años.

El centro Fray Francisco de Vitoria destaca que representa un “avance” que el derecho a la alimentación sea reconocido en la legislación capitalina, pero subraya que eso no es suficiente, pues “aún falta perspectiva de derechos humanos” en el diseño de los programas gubernamentales en materia de alimentación.

Ante esa perspectiva, en el texto se propone que se impulse la creación de una ley local en materia de alimentación y producción de comestibles que tome en cuenta la soberanía en la materia, que se incrementen los apoyos para que la población adquiera la canasta básica a bajo costo, replantear la política agrícola en la capital, elaborar un diagnóstico sobre el estado de salud y nutrición de la población, así como diseñar programas adecuados para atender la obesidad y el sobrepeso, entre otros.

En lo referente a los derechos laborales, el informe indica que en el Distrito Federal “se incumple con la obligación gubernamental para garantizarlos y protegerlos”, pues menos de la mitad de la población económicamente activa de la ciudad tiene un trabajo formal, y a las mujeres se les dificulta hallar empleo.

El documento refiere que 32 por ciento de los capitalinos que laboran no cuentan con prestaciones, 20 por ciento trabaja de 49 a 56 horas a la semana y 28 por ciento percibe menos de 3 mil 155 pesos al mes.

Agrega que para el segundo trimestre de 2008, la población subocupada en el Distrito Federal fue de 305 mil 593 personas, de las cuales, 71 mil 527 se han visto en la necesidad de buscar otra fuente de ingreso para satisfacer sus necesidades, y de éstas, 42 por ciento son mujeres.

En ese contexto, la ONG considera que la política pública en materia de empleo opera más en el sentido económico que en el social. Por ello, recomienda aplicar acciones que reviertan los efectos en la sociedad de la reforma laboral en marcha, impulsar la democratización de los sindicatos, generar apoyos integrales a la pequeña y media empresa y un programa permanente de creación de empleos, entre otras.

Emir Olivares Alonso, La Jornada, 21 de diciembre.

Profundo respeto de militares a derechos humanos: general Martínez Castuera

Temamatla, Méx., 20 de diciembre. “Lo más honroso para un soldado es perder la vida por la patria”, fue la frase con que mandos del Ejército dieron inicio a la ceremonia de graduación de 459 elementos adscritos al curso de adiestramiento para el Cuerpo de Fuerzas Especiales que participan en el combate al crimen organizado.

En ese contexto, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, comandante del Centro de Adiestramiento de las Fuerzas Especiales, aseguró que ante la reorganización de las estructuras y capacitación de las fuerzas armadas ordenadas por los altos mandos ante las acciones contra el narcotráfico, el Ejército mantiene “un profundo respeto por los derechos humanos”.

Esta afirmación se presenta en un contexto en el que la presencia del Ejército en labores de seguridad ha sido cuestionada por diversos sectores, como organismos nacionales e internacionales defensores de las garantías fundamentales.

De hecho, operativos castrenses han generado recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Recientemente dos mujeres fueron baleadas por militares que realizaban tareas de seguridad. El 12 de diciembre en Aldama, Chihuahua, los soldados abrieron fuego contra Gabriela Arzeta, con cuatro meses de embarazo, quien huía de presuntos sicarios. El ataque castrense provocó la muerte de la mujer.

Cuatro días después, en un hecho similar, en Escobedo, Nuevo León, resultó gravemente herida Sanjuana Hernández, ya que al no detener su vehículo en un retén, los soldados le dispararon.

De acuerdo con Martínez Castuera, las fuerzas especiales tienen el objetivo de realizar misiones de “alto impacto” en contra el narcotráfico, por lo que para tal labor se requiere de “personal altamente preparado, con una inigualable experiencia y conocimientos amplios sobre la materia, de tal forma que los hagan actuar de manera contundente y precisa contra la delincuencia organizada”.

Tras una demostración de acciones especiales para enfrentar a los criminales, como el asalto desde helicópteros, el enfrentamiento a campo abierto y el rescate de rehenes de casas de seguridad, el general Martínez refirió ante el comandante de la primera región militar, Salvador Cienfuegos Cepeda –quien asistió al acto en representación del titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván–, que el adiestramiento impartido “busca cumplir en todo momento con la ruta profesional de fuerzas especiales trazada para el personal de jefes, oficiales y tropa, enseñando doctrina de adiestramiento”.

Otro objetivo es “contar con personal que actúe de manera eficiente ante las diferentes tareas encomendadas, apegándonos a nuestras leyes y reglamentos y un profundo respeto a los derechos humanos”.

Martínez Castuera exhortó a los recién graduados a conservar su lealtad al país, ya que los militares “tenemos la obligación de mantenernos firmes en nuestros principios y por ningún motivo quebrantarlos, desviando nuestros conocimientos hacia otros intereses, con el fin de no defraudar la confianza que el pueblo de México ha despositado en el Ejército y la Fuerza Aérea”.

A su vez, Édgar Alan Cruz Morales, quien tomó la palabra a nombre de los graduados, aseguró que el objetivo de los adiestramientos es formar a seres humanos con valores y virtudes.

Es necesario que cada graduado “use sus conocimientos en forma ética y contribuya al desarrollo de la sociedad que hoy demanda que nos conduzcamos de una manera íntegra y honesta”.

Emir Olivares Alonso, La Jornada, 21 de diciembre.

Urge reunión PRI-AN-PRD: Jesús Ortega

Aguascalientes, Ags., 20 de diciembre. Jesús Ortega Martínez, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió a sus homólogos del PRI, Beatriz Paredes, y el PAN, Germán Martínez, reunirse urgentemente para llegar a un acuerdo y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Federal Electoral vigilen las próximas campañas con el fin de impedir que dinero del crimen organizado las patrocine.

“Los poderes fácticos penetran las venas del Estado, y más vale adoptar ahora medidas preventivas para que no cunda el mal. Por eso debemos lograr un rápido acuerdo con Beatriz y Germán a fin de que el narco no tome las campañas electorales.”

Expreso desconfianza en que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República realicen esa tarea, por estar “envueltas en el ojo del huracán”.

Respecto al PRD, se comprometió a no eludir su responsabilidad, y aseguró que cuidará bien los perfiles de sus candidatos.

Sobre Andrés Manuel López Obrador, negó que se proponga dejar las filas perredistas.

“Más bien son especulaciones y deseos de quienes buscan dividir al PRD”, donde hay conflictos, problemas y debates, como en cualquier partido, pero no un riesgo de que el ex candidato presidencial renuncie.

Añadió que buscará reunirse con él para buscar solución a los grandes problemas del país.

En su “nueva etapa” el PRD será propositivo. “Vamos a tirar los espejos de todas las oficinas para dejar de vernos a nosotros mismos, y abriremos las ventanas para ver hacia el exterior y proponer soluciones y alternativas a la problemática económica frente a la cual el gobierno federal no tiene salida por estar ocupado en frivolidades”, afirmó.

Claudio Bañuelos corresponsal, La Jornada, 21 de diciembre.

Avance de 41% en actividades relacionadas con los comicios de 2009, reporta el IFE

El Instituto Federal Electoral (IFE) aseguró ayer que tiene un avance firme en la organización de los comicios del próximo año, al resaltar que en tres meses se han llevado a cabo 41.74 por ciento de las actividades previstas con miras a las jornada electoral del 5 de julio.

Para el proceso de 2009, el órgano electoral se planteó la realización de 321 actividades –contempladas en el Plan Integral del Proceso Electoral Federal–, de las cuales 134 ya se efectuaron.

En un comunicado, señaló que un informe con estos avances será presentado al Consejo General del IFE, el cual sesionará el lunes.

Entre las actividades efectuadas sobresale la firma de un convenio entre las autoridades electorales y la Organización de Naciones Unidas, por conducto de su Programa para el Desarrollo, con el fin de poner en práctica la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2009.

Horarios de promocionales

También se encuentra la presentación de los dictámenes al Consejo General para la designación de funcionarios que actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales.

De igual manera, el Comité de Radio y Televisión efectuó el sorteo para determinar los horarios de transmisión de los promocionales de los partidos políticos en las pautas del periodo de precampañas, y se actualizó el sistema de cómputo para agilizar el registro, las cancelaciones y las sustituciones de candidatos a diputados.

La Jornada, 21 de diciembre.

Más deportación de cubanos luego del acuerdo con México: Aguilera de la Paz

Como resultado del memorando de entendimiento en materia migratoria suscrito en octubre pasado por los gobiernos de México y Cuba, se ha incrementado el número de isleños indocumentados devueltos a la isla, informó el embajador de La Habana, Manuel Aguilera de la Paz.

Resaltó que a partir de la firma se han realizado dos operaciones marítimas para la devolución de sus compatriotas; la primera con 41 detenidos y la segunda con algo más de 20. Pero en lo que va del año se ha deportado a más de 100, puntualizó.

Entrevistado luego de inaugurar la exposición fotográfica Cuba va, del mexicano Martín Martínez Martínez, refirió que “la mafia” de Miami sigue tratando de llevar cubanos a Estados Unidos vía México. Pero se trata de un fenómeno –precisó– que debe reducirse como resultado de las nuevas reglas migratorias.

Por lo pronto, señaló que en su país los ciudadanos han sido informados de las normas suscritas con el gobierno mexicano.

Aguilera de la Paz insistió en que un aliciente para la migración de cubanos indocumentados es la ley de ajuste y la política de pies secos y pies mojados que aplica Estados Unidos, según las cuales el isleño que llegue por tierra será admitido en ese país sin mayor trámite.

Por otra parte, el diplomático se manifestó satisfecho por la primera reunión que sostuvieron los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Cuba, Raúl Castro, en el contexto de la Cumbre de América Latina y el Caribe, realizada recientemente en Brasil; consideró que se trata de un hecho muy importante, con el que culmina una etapa de reconstrucción de vínculos que “inexplicablemente” se habían dañado.

“Esto es algo que nunca debió suceder y que, afortunadamente, ha quedado atrás. Estamos entrando a un momento de auge de nuestras relaciones, de entendimiento y de concertación, lo cual no quiere decir que no tengamos diferencias, sino que a pesar de ellas podemos trabajar sobre la base del respeto mutuo, de la no injerencia, de la comprensión de nuestras realidades y de la cooperación mutuamente ventajosa”, añadió.

Georgina Saldierna, La Jornada, 21 de diciembre.

Mexicanos, 80% de los migrantes que cruzan a EU cada año: ONG

Tucson, Arizona, 20 de diciembre. Entre la última semana de febrero y la primera de marzo de cada año, en lo que se conoce como “la semana pico”, 6 mil 500 migrantes en promedio intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos por la región del desierto de Arizona, señala el reverendo Robin Hoover, presidente de la organización no gubernamental Humane Borders (Fronteras Compasivas).

Aunque los migrantes que vienen sin documentos –precisa en entrevista el reverendo– empiezan a llegar al país a mediados de enero y hasta la primera quincena de mayo, lo que es la época de mayor afluencia, el flujo se extiende hasta julio, aunque ya en menor porcentaje.

Miembro de la iglesia cristiana, el religioso dice que empezó su activismo a mediados de 1986, el cual consistió en dar comida, ropa y cobijas a los centroamericanos que cruzaban por México durante las guerras en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Robin Hoover, quien desde hace más de 20 años apoya a los migrantes, recuerda: “primero trabajé más en lo referente al asilo político y con refugiados, sobre todo cuando los guatemaltecos y nicaragüenses huían de sus naciones y los salvadoreños se veían obligados a migrar”.

Alzamiento del EZLN

Incluso –apunta–, “en 1994, cuando el conflicto en Chiapas por el alzamiento del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), estuve en México ayudando a los indígenas. Hubo muchos problemas.

“Y ya para 2000, cuando se endurece aún más la política migratoria de Estados Unidos y empieza a saberse sobre las muertes en esta parte de la frontera, me dediqué a ayudar a los migrantes.

“Por estos días –señala el reverendo– no hay muchos que traten de ingresar a Estados Unidos. Es la temporada en que salen o ya se han ido, y vuelven los flujos a mediados de enero y hasta julio. Aunque su intensidad es mayor en la última semana de febrero o la primera de marzo. Y para eso, hay que estar listos, y ellos no vienen preparados para lo que van a afrontar. Algunos intentarán cruzar la línea fronteriza por primera vez. Otros ya lo han intentado varias veces, de cuatro hasta 10, y en alguna de esas logran pasar”.

Entrevistado en sus oficinas, después de un recorrido por parte del desierto, Robin Hoover señala: “desde 2000, cada año ingresan al país cientos de miles de migrantes. Actualmente se estima que llegan más de 600 mil al año, de los que se calcula que 480 mil son mexicanos”.

Cuenta que “fue en 2000 cuando fundamos Humane Borders, con el objetivo de pugnar por una frontera justa y humana. Nos dedicamos a proveer agua a quienes se internan por el desierto, porque la mayoría de las muertes que ocurren ahí es por deshidratación, aunque también fallecen por frío, por golpe de calor o por picaduras de animales.

“Humane Borders ha consolidado su trabajo con la ayuda de muchas organizaciones civiles, sociales, religiosas y académicas, así como con el trabajo de decenas de voluntarios, más de 150 ahora –precisa–, pero han colaborado más de 7 mil 500 para llevar agua al desierto para los migrantes”.

Señala que actualmente tienen 96 estaciones de agua por esta vasta región desértica. Cada año se llevan 25 mil galones y los voluntarios hacen por lo menos 90 viajes de mantenimiento”.

Manifiesta que debido a las leyes, “que cada vez son más duras, no podemos entregar mapas a los migrantes con la ubicación de las estaciones. Muchos ya las ubican, y pasan la voz de dónde están, pero por la persecución de que son objeto, cada vez se internan por rutas diferentes, aumentando los peligros que corren”.

Ayuda bastante la tecnología –dice–, ya que muchos traen teléfono celular. Con las señales GPS se pueden salvar vidas, por ello impulsamos que se coloquen más torres en el desierto, ya que hemos visto que muchos indocumentados se han salvado porque cuando ya están muy mal mandan la señal de auxilio por su teléfono, y es posible localizarlos; si hubiera más torres, más vidas podrían salvarse”.

En la entrevista, Robin Hoover, quien en 2006 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos del ex presidente Vicente Fox, comenta que “los indígenas tohono o’odham no permiten que en su vasto territorio del desierto se coloquen estaciones de agua, porque ahí hay actividades ilícitas, como tráfico de armas, drogas y otros, y no quieren problemas, aunque reconoce que en algunas ocasiones, cuando hay muchos migrantes extraviados en esa zona, les han brindado ayuda para sobrevivir; pero son las menos”.

Víctor Ballinas enviado, La Jornada, 21 de diciembre.

Llegan a Cuba el destructor Almirante Chabanenko y 2 barcos de guerra rusos

La Habana, 19 de diciembre. Un destacamento naval ruso llegó este viernes al puerto de La Habana al frente del moderno destructor Almirante Chabanenko, en el contexto de un intercambio de salvas de saludo y bienvenida. El barco fue recibido por oficiales de la marina de guerra de Cuba luego de 17 años desde la última vez que surcaron las aguas caribeñas barcos soviéticos.

“Es una visita repleta de simbolismo y de que vuelven los viejos tiempos entre Rusia y Cuba”, dijo emocionado Yaser Rodríguez, arqueólogo de 25 años que tenía apenas ocho en 1991 cuando se desintegró la Unión Soviética y dejó a Cuba “sola en medio de un mar de capitalismo”, según dijo entonces el líder Fidel Castro.

Muchos cubanos se agolparon por la mañana a la entrada de la bahía de La Habana para ver al Almirante Chabanenko, uno de los tres barcos del destacamento naval ruso de visita en Cuba hasta el próximo martes, el único que ancló en esta fecha en su puerto.

El saludo fue una andanada de cañonazos desde el Morro, una fortaleza del siglo XVII situada en la boca de la bahía.

El destructor, el más moderno de la flota rusa, con 169 metros de eslora y 19 metros de manga, y los buques de reabastecimiento Iván Bubnov y SB-406, son los primeros de guerra rusos que visitan la isla en 17 años, y llegaron a La Habana procedentes de Nicaragua, Panamá y Venezuela, países que visitaron anteriormente.

En Nicaragua entregaron ayuda humanitaria, en Panamá atracaron en una antigua base naval estadunidense y en Venezuela efectuaron maniobras militares durante dos días.

El Almirante Chabanenko, que puede detectar y destruir submarinos enemigos a mil kilómetros de distancia, conserva las estrellas rojas, emblema del desaparecido Ejército Rojo que siguen usando las fuerzas armadas rusas, y tiene en su popa la bandera blanca y azul de San Andrés, utilizada por los buques de guerra rusos desde la época de Pedro el Grande.

Las autoridades cubanas emitieron un escueto anuncio oficial sobre la llegada del destacamento ruso, sin mayores detalles.

Voceros de la marina y la embajada rusa en esta capital dijeron que con esta visita se busca “desarrollar las relaciones y la cooperación” entre las dos armadas, así como dar un impulso a la “cooperación militar”, y que su presencia no representa “una amenaza para terceros países”.

A sólo 100 metros de donde atracó el barco se alza la catedral de Nuestra Señora de Kazán, inaugurada en octubre pasado por el metropolita Kiril, canciller de la Iglesia Ortodoxa rusa, y el presidente Raúl Castro. Los guardiamarinas rusos serán recibidos por el vicealmirante Pedro Pérez Betancourt y visitarán la Catedral Ortodoxa Rusa y el monumento al Soldado Internacionalista Soviético.

Cuba y Rusia están reconstruyendo sus vínculos. El presidente ruso, Dimitri Medvediev, hace tres semanas visitó Cuba durante una gira por América Latina y dijo que quiere profundizar sus relaciones económicas, militares y de cooperación con la isla, a la que vende autos Lada, maquinaria y aviones Ilyushin Il-96 para uso oficial.

Pero Cuba no ha importado armas en los últimos 18 años, solamente repuestos desde Rusia, según las autoridades.

En su reciente e histórica visita a Cuba, Medvediev no sólo se reunió con Raúl Castro sino que también fue recibido por el convaleciente Fidel Castro.

Cuba fue uno de los principales aliados de Moscú durante la guerra fría. La isla importaba su petróleo, equipos y armamento de la Unión Soviética, que compraba toda su cosecha de azúcar.

Tras la desintegración de la Unión Soviética hace 17 años, Cuba perdió de la noche a la mañana más de 80 por ciento de su comercio y cayó en una crisis de la que recién ahora está emergiendo.

Pero el momento más tenso de las relaciones entre los dos países se produjo ante la decisión unilateral del entonces presidente ruso Vladimir Putin de cerrar en 2001 la base de inteligencia de Lourdes, en las afueras de La Habana.

En el nuevo contexto, luego de recibir a Dimitri Medvediev el 28 de noviembre, el líder Fidel Castro, alejado del poder hace dos años y medio por una crisis de salud, le explicó la política “paciente y pacífica” de Cuba, pero sin descuidar la defensa.

“Ningún país comprende mejor esta política que Rusia, amenazada constantemente por el mismo adversario de la paz”, escribió Castro en referencia a Estados Unidos.

Si bien se trata de los primeros buques de guerra rusos en el Caribe desde que desapareció la Unión Soviética, Estados Unidos se ha mostrado tolerante ante esa presencia. El portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, dijo en septiembre pasado que “no creo que esto preocupe a nadie en este edificio”.

Nelson Roque, del cubano Centro de Estudios de la Información para la Defensa, escribió sin embargo que “Estados Unidos, la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la Unión Europea observan desde hace tiempo con preocupación la nueva situación de Rusia”, que busca recuperar su antiguo poderío militar.

Añadió que aunque Medvediev aseguró que no marchará a una nueva carrera armamentista, “las amenazas que lo rodean le obligarán, cada vez, a tomar nuevas medidas para mantener el equilibrio y la capacidad de respuesta”.

En medios diplomáticos se relacionó la visita con el retorno, 48 años después, de la IV Flota de Estados Unidos a la zona de América Latina, cuyos “fines intervencionistas no necesitan demostrarse”, escribió Castro en mayo.

Cuba posee una pequeña marina de guerra formada por “lanchas coheteras y torpederas, cazasubmarinos y otras unidades de superficie y destino especial”, señala en Internet el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Esas embarcaciones, casi todas de fabricación soviética, “tienen la misión de luchar contra las agrupaciones del enemigo en los accesos al territorio nacional”.

La isla produce lanchas Flecha, de 28 toneladas de desplazamiento, para el servicio de guardacostas, relacionadas con la segu- ridad, la emigración ilegal y el combate del narcotráfico.

Pero ese sector militar fue uno de los más golpeados por la crisis económica. La Academia Naval Granma dejó su edificio y comparte instalaciones con la Academia Superior Máximo Gómez, en el este de La Habana, y varias de sus embarcaciones fueron discontinuadas por obsolescencia.

La visita de Medvediev, que incluyó la cooperación militar en sus pláticas oficiales con Raúl Castro, y la estancia de los buques rusos pueden abrir un tiempo de modernización para la pequeña marina cubana, que tiene que custodiar 3 mil 735 kilómetros de costa.

AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 20 de diciembre.

Frena el Presidente la reforma que inhibiría uso de celulares en plagios

Aprobada por todas las fuerzas políticas del Senado en el periodo extraordinario de sesiones de junio pasado, la reforma constitucional que impide al presidente de la República aplicar el llamado “veto de bolsillo” está congelada en la Cámara de Diputados, por lo que Felipe Calderón puede acudir de nueva cuenta a esa facultad y frenar la promulgación de las modificaciones legales que inhiben el uso de teléfonos celulares en secuestros, extorsiones y otros delitos.

El coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró fundamental que en el próximo periodo de sesiones –que empezará en febrero– los diputados aprueben la minuta con reformas al artículo 72 constitucional, por la que se da un plazo de 30 días naturales al presidente de la República para publicar toda ley o decreto del Congreso de la Unión, y, de no hacerlo, el titular de la Cámara que le remitió la legislación podrá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recordó que acabar con el llamado “veto de bolsillo” que ejerce el Ejecutivo en torno a leyes fue parte del paquete de cambios que se hicieron dentro de la reforma del Estado, que incluyó también la modificación del formato del informe presidencial, a fin de que el mandatario no esté obligado a acudir cada primero de septiembre a la sede del Congreso, sino exclusivamente a entregar por escrito un documento con lo realizado en un año de gobierno.

Con el propósito de que el nuevo formato pueda entrar en vigor este mismo año, en junio se llevó a cabo un periodo extraordinario de sesiones, en el que se aprobaron las reformas constitucionales necesarias, entre ellas la que fija un plazo de 30 días naturales al Ejecutivo para promulgar la ley.

Asimismo, establece que el presidente dispondrá de 10 días naturales, después de que el Congreso le remita una ley o decreto, para formular observaciones, es decir, para proponer cambios a la legislación de que se trate.

Ni el plazo de 10 días ni el de 30 se interrumpirán en los casos de cierre de actividades o suspensión de sesiones en ambas cámaras.

En la actualidad, el Ejecutivo dispone también de 10 días para hacer observaciones a las leyes aprobadas por el Legislativo, pero esto opera sólo en caso de que el Congreso esté en sesión, de lo contrario, el plazo vence cuando se reanudan trabajos.

Por ello, aunque Calderón recibió las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para crear el registro nacional de usuarios de teléfonos celulares, el pasado 9 de diciembre, cuando fueron aprobadas en el Senado, como el periodo terminó dos días después, tendría hasta el próximo primero de febrero para formular observaciones a ese ordenamiento.

Por ello, Beltrones llamó a los diputados a descongelar la reforma constitucional que impedirá que en los hechos el Poder Ejecutivo frene modificaciones legales que otro poder aprobó.

Sin embargo, de acuerdo con diputados consultados, el problema en San Lázaro es que los panistas no votarán en favor de la minuta que elimina el veto presidencial mientras no se apruebe otra proveniente también del Senado, con cambios al artículo 71 de la Carta Magna, por los que se da al Ejecutivo la posibilidad de presentar dos iniciativas de ley por año, a las que el Legislativo dará trato preferente, a lo que se opone el PRD.

Andrea Becerril, La Jornada, 20 de diciembre.

Irreal, compromiso de Calderón sobre derechos humanos: CNDH

Phoenix, Arizona, 19 de diciembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya empezó la indagación sobre las dos agresiones de militares que dispararon contra civiles.

Uno de los casos ocurrió en Chihuahua, donde una mujer resultó muerta el 12 de este mes, y el otro, en Monterrey, Nuevo León, donde el pasado martes otra resultó herida, informó el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández.

Entrevistado en esta ciudad durante un receso de su gira para evaluar el programa Paisano, Soberanes insistió en que “los militares no están capacitados para hacer funciones de policías. Lo vemos claramente en estos últimos dos sucesos: disparan a matar, no para disuadir. Eso no tiene justificación, es homicidio”.

Ante ello, el titular de la CNDH destaca: “tenemos que replantear, reformar la ley militar para que cuando los soldados realicen tareas civiles, como labores de policías, no tengan fuero, y si cometen violaciones a derechos humanos, asesinatos, ultrajes y otros delitos, no sean juzgados por la jurisdicción castrense, sino por tribunales civiles”.

Hoy –subrayó–, “cuando los soldados cometen violaciones a derechos humanos están protegidos por el fuero de guerra, lo que debe cambiar. Por ello, es urgente que se replantee o se reforme ese fuero. “Eso es lo que propuse al presidente Felipe Calderón en el Informe Especial sobre Seguridad Pública que presenté el pasado lunes en Sinaloa; eso es lo que debe atender”.

El ombudsman nacional insistió: “lo que estoy planteando es que cuando los militares cometan atropellos a los derechos humanos en tareas civiles sean juzgados por tribunales civiles, no por la justicia militar, porque no están bajo fuero de guerra, y que éste sólo se aplique cuando estén realizando actividades propias del Ejército”.

“Relación pésima”

Asimismo, comentó que solicitó una cita con el Ejecutivo para exponerle varios asuntos en materia de derechos humanos, como replantear el fuero de guerra, definir una fecha para el retiro de los militares de las labores policiacas y la pésima relación de la Procuraduría General de la República (PGR) con la CNDH, “la cual no nos permite revisar los expedientes, como en los casos de los atentados de Morelia, Michoacán; los desaparecidos del EPR (Ejército Popular Revolucionario) en Oaxaca y la explosión en la plataforma petrolera Usumacinta, en la sonda de Campeche”.

Son varios los temas que se deben tratar con el Ejecutivo, dijo el ombudsman. Otros son el Programa Nacional de Derechos Humanos, Migración y lo relativo a las cárceles.

Señaló: “Es cierto que nosotros ayudamos a la Secretaría de la Defensa Nacional dando a los militares algunos cursos de derechos humanos, pero creo que más que cursos debería haber una verdadera capacitación policiaca a los soldados, porque pueden saber que existen las garantías individuales, pero ya en operación no actúan como policías, sino como militares, y están capacitados para matar al enemigo, y el presunto delincuente es una persona que supuestamente ha violado la ley, y hay que someterlo para llevarlo a la justicia, no matarlo”.

Otra preocupación de la CNDH –subrayó– es el hecho de que los militares actualmente interrogan a los detenidos, tarea que corresponde al Ministerio Público, “si no, para qué está”. En ocasiones –precisó– los retienen por horas, y es ahí cuando surge la tortura para que confiesen. Hay que analizar con cuidado lo que está ocurriendo: el Ejército está tomando dos funciones: de policía judicial y de Ministerio Público, y no está facultado ni capacitado para ello, lo que deriva en violaciones a la Constitución y a los derechos humanos”.

Soberanes consideró que a escala internacional, los planteamientos que hace el Estado mexicano quedarán en buenas intenciones: “ahí está el problema de seguridad pública. Ya hay una nueva ley, pero dónde están los resultados que se esperaban hace 15 años, el banco de datos y los presupuestos cada vez más altos, como son 100 mil millones de pesos”.

Acusó: “el presidente Felipe Calderón, en lo personal, ha manifestado su intención de avanzar en el respeto a los derechos humanos, pero vemos a su gente, como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que no da a la CNDH la información que se le solicita ni nos deja revisar los expedientes.

“No sólo yo me quejo de su actuación. Ahí está la demanda del presidente del IFAI, Alonso Lujambio, por la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales para negar la información que se le solicita. La PGR se va cerrando, no quiere informar, y no quiere hacerlo porque sus resultados son muy ineficientes.

“Eso quiere decir que el compromiso del gobierno de Calderón con los derechos humanos no queda más que en buenas palabras. El compromiso tiene que pasar a los hechos, y no hay esos hechos, no hay ese compromiso real”, apuntó.

En el caso de la seguridad pública –subrayó el ombudsman– “debe haber un replanteamiento total; no se puede ir nada más tapando los hoyitos. No deben ser sólo chispazos, se requiere todo un replanteamiento”.

Añadió: “veo difícil que en esta administración se tenga una policía capacitada; eso debería ser un plan de Estado, no de gobierno, empezando por la misma reforma penal; ahorita sufrimos una enorme inflación en materia de reformas penales”.

Víctor Ballinas, enviado, La Jornada, 20 de diciembre.

Dentro de la Iniciativa Mérida se creará un mecanismo permanente anticrimen

Washington, 19 de diciembre. Estados Unidos y México crearán “lo antes posible”, en 2009, un mecanismo permanente, con funcionarios de ambas naciones, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, acordaron este viernes sus respectivas cancilleres al término de una reunión sobre la Iniciativa Mérida.

“Nuestros gobiernos tienen la intención de establecer, antes de finalizar 2009, un mecanismo de instrumentación y seguimiento bilateral en México, donde funcionarios de ese país y estadunidenses trabajarán de forma conjunta para llevar a cabo proyectos de cooperación mutuamente acordados”, explicó el comunicado final firmado por la secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, y su homóloga mexicana, Patricia Espinosa.

La forma que tomará ese mecanismo se definirá en una próxima reunión, “lo antes posible en 2009”, señaló el comunicado.

Rice declaró que Estados Unidos respalda a México en su lucha contra el crimen organizado y no ve motivos para dudar de su estrategia gubernamental.

“Tenemos el máximo respeto por el presidente Felipe Calderón. Es cierto, Estados Unidos está preocupado sobre lo que sucede al sur de la frontera”, dijo Rice en rueda de prensa tras la reunión en Washington. Asimismo, recalcó que para Estados Unidos la relación con México es indispensable.

“Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar en el aspecto de la demanda (de drogas), pero este es un problema conjunto, y así lo vemos”, añadió.

Calderón y George W. Bush firmaron en marzo de 2007 la denominada Iniciativa Mérida contra el crimen organizado, a la que luego se añadieron países centroamericanos.

“Desde la celebración de la cumbre en Mérida, el gobierno de México se ha enfrentado a la violencia y al crimen organizado mediante acciones valientes y sin precedentes, y a menudo a costa de grandes sacrificios”, destacó el boletín.

Ambas naciones se congratularon de haber aumentado la colaboración para “encontrar armas y frenar la exportación ilícita que va a parar a organizaciones de narcotraficantes”.

Una de las preocupaciones expresadas regularmente por las autoridades mexicanas es la relativa facilidad con que los cárteles consiguen armas, algunas de grueso calibre, en Estados Unidos.

Interrogada sobre cuál podría ser el impacto de un levantamiento de ciertas prohibiciones a la venta de armas de grueso calibre en Estados Unidos, Rice contestó: “Los traficantes no se preocupan por la ley. Por eso la forma de afrontar esto es mediante la inteligencia (...) asegurarnos de que compartimos inteligencia”, añadió.

En tanto, Espinosa detalló que “ha habido un esfuerzo muy claro para sacar las armas de las calles, de los grupos del crimen organizado, y las cifras de decomiso que hemos alcanzado son muy elocuentes; el intercambio de información y de datos ha sido verdaderamente muy fructífero.

“Por supuesto, si hubiera del lado de los legisladores estadunidenses la decisión de asumir alguna iniciativa al respecto, le daremos un seguimiento muy cuidadoso”, añadió, en referencia a un endurecimiento en la regulación de venta de armas.

Sobre el nuevo mecanismo acordado, la funcionaria mexicana destacó que este esquema de cooperación bilateral permitirá “profundizar nuestros intercambios en materia de combate al crimen organizado.

“En el encuentro que tuvimos esta mañana se puso en evidencia que, independientemente de las transferencias de equipos que están previstas dentro de la Iniciativa Mérida, el esquema que hemos acordado ha permitido una interacción y una operación sin precedentes en la relación bilateral. Esta iniciativa se basa en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de ambos países”, agregó.

La delegación mexicana incluyó al procurador general Eduardo Medina Mora; al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; al subsecretario de Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, y al subsecretario de Marina, almirante Raúl Santos Galván Villanueva.

En la delegación estadunidense participaron el secretario de Defensa, Robert Gates; el procurador Michael Mukasey, el subsecretario de seguridad Paul Schneider y el director de la Oficina Nacional de Política Antidrogas, John Walters, entre otros.

AFP y DPA, La Jornada, 20 de diciembre.

Ante el crimen, México paga hoy las omisiones de otros: Calderón

El presidente Felipe Calderón rechazó ayer negociar con la delincuencia y acusó a gobiernos anteriores de haber ignorado o pretendido administrar el crimen en lugar de enfrentarlo con determinación, lo que trajo consecuencias funestas para México.

Con ello dio respuesta, sin mencionarlo por su nombre, a Rubén Aguilar, vocero de la Presidencia en el gobierno de Vicente Fox, quien propuso que Calderón Hinojosa establezca un pacto con los cárteles de la droga, mediante acuerdos de operación, que legalice la venta de estupefacientes y termine con la ola de violencia que se vive en el país.

En el desayuno de fin de año con personal naval, el michoacano buscó dejar “muy claro”, como presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas, “que en México la única vía posible es la de la Constitución, la de la legalidad”.

Con ello pareció aludir a la entrevista publicada por el diario Frontera de Tijuana, en la cual Aguilar Valenzuela planteó que la negociación con el narcotráfico debe darse de facto y no con acuerdos oficiales.

Además, el ex vocero advirtió que es imposible erradicar el narcotráfico y sostuvo que la estrategia de confrontación que mantiene Calderón Hinojosa contra ese tipo de delitos es efectiva pero limitada.

En la Secretaría de Marina, el mandatario fue tajante al señalar: “Mi gobierno no negocia ni negociará jamás con las organizaciones criminales, a las que combatimos sin distingo alguno”.

Declaró estar decidido no sólo a enfrentar, sino a vencer con toda la fuerza del Estado, a los enemigos de México. Y seguros de ello, abundó, se derrotará a quienes quieren ver paralizado el gobierno y a la sociedad sembrando temor, desesperanza y corrupción.

Advirtió que los mexicanos, así como hoy están pagando las consecuencias de lo que no se hizo ayer, saben que lo que se siembra, una semilla, dará resultados cuyos frutos podrán verdaderamente tener los mexicanos del mañana.

Sentenció que esa batalla, desde luego, nadie pensó que sería fácil, pero se mostró confiado en que los mexicanos están dispuestos a librarla y ganarla, si quieren que las generaciones del mañana hereden un país mejor.

Sin importar los costos, este gobierno ha emprendido un esfuerzo inédito por limpiar la casa, por depurar las fuerzas encargadas de la seguridad y la procuración de justicia del país, y por asegurar que las instituciones sean confiables y sirvan a la ciudadanía, aseguró.

También resaltó los “éxitos” de la Armada y rindió homenaje a sus “valientes” elementos que han caído en el cumplimiento del deber, en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

A su vez, el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, también pareció dar respuesta a Aguilar al señalar que cuando se inició este gobierno la delincuencia organizada operaba impunemente, en una situación que no podía ser tolerada.

“No podíamos aceptar más actitudes de indiferencia ante un problema de inseguridad que de continuar ignorado o solapado llevaría a un alto riesgo para la seguridad nacional”, subrayó en clara crítica a la administración anterior.

Expresó el respaldo de la Armada de México a la decisión de Calderón Hinojosa de enfrentar la delincuencia organizada, con el convencimiento de que hacerlo es la mejor arma para combatir este flagelo que atenta contra la existencia del Estado-nación.

Dijo entender el origen de las críticas de quienes de manera honesta proponen al gobierno revalorar las estrategias. “Sin embargo, debemos estar plenamente convencidos de que cualquiera que sea el camino a seguir tendrá un costo elevado de todo tipo de recursos.”

Declaró que la Armada de México mantiene la firme convicción, “señor Presidente, de que su decisión fue la acertada” y de que la ruta trazada es la correcta.

Enfatizó que los marinos mexicanos aceptan el sacrificio y están preparados para cumplir su misión, que es defender la patria de “cualquier intento de doblegar la voluntad de nuestros compatriotas hacia un sometimiento de bajeza y barbarie que promueve la delincuencia organizada”.

Posteriormente, el presidente y el secretario, ya sin la prensa, inauguraron y recorrieron el Hospital de Alta Especialidad, obra que tuvo un costo de mil 100 millones de pesos.

Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 20 de diciembre.

Chávez expropia centro comercial

CARACAS (Reuters).— El presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó ayer la expropiación del Centro Comercial Sambil que se construía desde hace meses en el corazón de Caracas, al tiempo que anunció que la consulta popular sobre una enmienda constitucional que permita su reelección ilimitada puede realizarse el 15 de febrero de 2009.
El Sambil La Candelaria se encuentra en preventa y está ubicado en un terreno de unos 21 mil 600 metros cuadrados. Cuenta con seis niveles comerciales, dos sótanos, oficinas, un centro de convenciones, 10 salas de cine, feria de comida y centro gastronómico, según su página en internet.

“Ahí en La Candelaria, donde no cabe un alma, están haciendo un Sambil. Eso va a colapsar todo el centro de Caracas”, dijo el mandatario en la inauguración de un centro de salud en un barrio pobre de la capital, durante su programa semanal de radio y televisión Aló, presidente.

Chávez ordenó al oficialista alcalde local, Jorge Rodríguez, detener la obra, que está cerca de finalizarse. “Pare eso, señor alcalde, y vamos a revisar todo eso y vamos a expropiar eso y a convertirlo en una clínica (...) en una escuela, en una universidad”, dijo, despertando los aplausos de los asistentes.



Al explicar la medida, el mandatario dijo que la propiedad debe tener un fin social, y que su aliado Freddy Bernal —que hasta noviembre fue alcalde de Libertador, donde se levanta el edificio— tenía responsabilidad por la construcción. “La propiedad privada tiene que tener razón social. Nunca debió darse la autorización para hacer un Sambil en La Candelaria, ahora, ¿quién la dio? (...) La alcaldía de Caracas. Ahora, cuando yo me doy cuenta es que ya levantaron un monstruo ahí, y mandé a investigar”, dijo.





El presidente, que dice conducir una revolución socialista, dedicó casi todo el programa a hacer campaña por una enmienda a la Constitución que elimine el límite a su reelección y le permita quedarse en el cargo después de 2013, y fijó como fecha posible para el referendo aprobatorio de esta el 15 de febrero.



Indicó que “técnicamente” se puede realizar ese día, aunque el Consejo Nacional Electoral sugirió recientemente que lo más probable es que se haga en marzo.

El mandatario insiste en que su permanencia en el poder es necesaria para continuar la obra que inició hace casi una década cuando alcanzó la Presidencia.

El Universal, 22 de diciembre.