Colectivo ciudadano interpone amparo para detener las leyes secundarias

Con la intención de que se respeten sus derechos y se suspenda la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que se lleva a cabo en el Senado, el colectivo Libre Internet para Todos interpuso un amparo ante el Poder Judicial federal. El argumento es que los legisladores omitieron discutir e incluir en el dictamen de las leyes secundarias la iniciativa ciudadana que el colectivo y otras organizaciones presentaron en marzo de 2013.
Jesús Robles Maloof, integrante del colectivo, señaló en entrevista que el Senado ignoró la primera iniciativa ciudadana en la historia de México avalada por 127 mil mexicanos y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el 5 de marzo de 2013. Por ello, dijo, consideramos violados nuestros derechos y los de quienes la firmaron. Sabemos que hubo otras iniciativas, pero en el dictamen no se menciona la ciudadana. Ello habla de la visión que tienen los legisladores de los ciudadanos. En el dictamen se citan las otras iniciativas, pero a la ciudadana ni siquiera la aluden.
Recordó que el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley está reconocido en la fracción cuarta del artículo 71 constitucional, donde también se obliga a los legisladores a discutirla en un plazo no mayor a 30 días.
En la iniciativa de leyes secundarias que se discute en el Senado, comentó Maloof, el derecho de acceso a Internet “es rebajado a simples programas de inclusión digital. Nosotros hablábamos de un Internet garantizado por el Estado –como lo indica el artículo sexto de la Constitución– y que el acceso no dependa de la voluntad del mercado, pues hay zonas donde las empresas no van a invertir en infraestructura”.
El amparo fue interpuesto ante el juzgado decimoquinto en materia administrativa del Distrito Federal. En un lapso menos a 72 horas un juez podría decidir la suspensión y reposición del procedimiento legislativo para que se incluya la iniciativa ciudadana.
Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, 5 de julio.

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