Asegura Javier Lozano que tiene 360 cambios respecto a la enviada por EPN

La reforma en materia de telecomunicaciones, por sí misma, es más grande que toda la Constitución de Estados Unidos, es una legislación muchísimo mejor que la que se tiene actualmente en la materia y tiene 360 cambios respecto a la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.

Al presentar, como parte de las tres comisiones dictaminadoras, el proyecto de ley ante el pleno senatorial durante la sesión extraordinaria de ayer, Lozano resaltó algunos beneficios no sólo para las empresas, sino para los usuarios, haciendo énfasis en estos últimos.

Habrá, aseguró el panista, ahorros por 20 mil millones de pesos anuales en cobros de larga distancia, que se eliminan a partir del próximo año; se restablece la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); se elimina la “injerencia peligrosa” de la Secretaría de Gobernación en contenidos audiovisuales y la posible censura de lo que se transmita en radio y televisión, así como la censura en la red de internet.

Respecto a las multas a concesionarios, añadió Lozano, se establece hasta el 10 por ciento de los ingresos de quien viole gravemente la ley; se acelera la convergencia de distintos operadores hoy preponderantes para entrar a los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión; se elimina la facultad que hoy tiene el preponderante de celebrar contratos de exclusividad en inmuebles, centros comerciales y condominios y se crea un catálogo de derechos para las audiencias y usuarios con discapacidad.

Destacó que en el caso del roamming, el usuario visitante podrá tener el servicio aunque su compañía no lo ofrezca en una zona del país; la programación de televisión abierta tendrá que estar disponible para los sistemas de televisión de paga, sin cobro y se regresa el apagón analógico al 2015.

 “Más allá de un debate que hemos tenido en los últimos días sobre preponderancia, dominancia, facultades, constitucionalidad, lo único que les puedo garantizar es un estricto apego en este dictamen a lo que establece el texto constitucional, que respeta las decisiones ya tomadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que, estoy convencido, le estamos dando todos los instrumentos para actuar frente a agentes preponderantes en sectores o dominantes con poder sustancial en mercados y servicios relevantes”, dijo Lozano.

Sin embargo, la senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, también al presentar el dictamen, anunció su voto en contra del texto ya que se niega la posibilidad de darle espacios a las comunidades indígenas; se niega la  comercialización de productos y servicios a los medios sociales  y en cambio se pretende otorgarles publicidad gubernamental, lo que implica su control por parte del Gobierno.

Asimismo, se  restringen libertades a los ciudadanos e incluso se invade su privacidad en internet y en telefonía, además de que resta facultades al IFT y no se establecen bases para el funcionamiento y operación de los medios públicos, a los que no se les garantiza independencia.

También en la presentación del dictamen, la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que se tiene que dar garantías y certeza a todos los interesados en invertir en los sectores de telecomunicaciones  y radiodifusión.

Aprobar el dictamen, enfatizó, es  buscar que México, de una vez por todas, deje atrás rezagos y se inserte en la modernidad.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 5 de julio.

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