El senador del PRD, René Arce, propuso un Acuerdo Nacional de Estrategia Integral contra el Crimen Organizado, a fin de hacer frente a los altos índices de inseguridad e impunidad que afectan al país, y que no pueden ser combatidos con demagogia como —dijo— lo pretende el presidente Felipe Calderón.
Aseguró que la estrategia anticrimen del gobierno federal es un fracaso y criticó que se recurra a las declaraciones demagógicas, oportunistas y de gran atractivo mediático basadas en la tesis del "populismo penal", de que a mayores penas menos delincuencia.
Para el legislador está plenamente demostrado en el ámbito mundial que el problema de los secuestros, del crimen organizado y de la delincuencia en general, no se resuelve con el incremento en las penas.
"Ese es un camino demasiado fácil de recorrer, pero que no nos lleva más que a soslayar el grave y complejo problema social que está en el fondo, entre otros delitos, el secuestro, causa un profundo dolor, indignación, enojo y rabia no sólo en las víctimas de este tipo de delitos sino en la sociedad en general", enfatizó.
El legislador perredista dijo compartir la indignación social, y el profundo dolor de la familia Martí, de los familiares y amigos de otras víctimas del secuestro, así como de los familiares de las víctimas civiles de la violencia criminal en todo el país, especialmente los menores asesinados hace unas semanas en el estado de Sinaloa.
Sin embargo, dijo, no compartimos la demagogia punitiva, en primer lugar, porque en el Código Penal Federal ya existe la pena máxima de 70 años a quienes secuestren con privación de la vida, pero sobre todo porque estamos convencidos de que se debe contar con un sistema de justicia penal sólido que acabe con la impunidad y la corrupción.
Dicho sistema, dijo, debe tender a depurar nuestras policías y procuradurías y, evidentemente contar con una estrategia de Estado eficaz y eficiente que dé resultados en materia de inseguridad, cuya base tendría que iniciarse por la coordinación entre las propias instancias de seguridad del Ejecutivo federal que ya no pueden ocultar su confrontación interinstitucional.
En torno al Acuerdo Nacional de Estrategia Integral contra el Crimen Organizado, dijo que éste de ser el eje de un Compromiso de Estado para que conjuntamente con los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión exista una real participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones que se emprendan en esta ardua y trascendental tarea nacional.
Entre otros, la estrategia se basa en que debe admitirse que la delincuencia es un problema social tan grave y complicado que exige un enfoque integral de desarrollo económico con una perspectiva social.
Las acciones preventivas no son sólo de carácter policial, sino también y prioritariamente, de índole social y por ello, la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública y, específicamente, en prevención social del delito debe estar encabezada por niveles más altos de gobierno.
Aseguró que la estrategia anticrimen del gobierno federal es un fracaso y criticó que se recurra a las declaraciones demagógicas, oportunistas y de gran atractivo mediático basadas en la tesis del "populismo penal", de que a mayores penas menos delincuencia.
Para el legislador está plenamente demostrado en el ámbito mundial que el problema de los secuestros, del crimen organizado y de la delincuencia en general, no se resuelve con el incremento en las penas.
"Ese es un camino demasiado fácil de recorrer, pero que no nos lleva más que a soslayar el grave y complejo problema social que está en el fondo, entre otros delitos, el secuestro, causa un profundo dolor, indignación, enojo y rabia no sólo en las víctimas de este tipo de delitos sino en la sociedad en general", enfatizó.
El legislador perredista dijo compartir la indignación social, y el profundo dolor de la familia Martí, de los familiares y amigos de otras víctimas del secuestro, así como de los familiares de las víctimas civiles de la violencia criminal en todo el país, especialmente los menores asesinados hace unas semanas en el estado de Sinaloa.
Sin embargo, dijo, no compartimos la demagogia punitiva, en primer lugar, porque en el Código Penal Federal ya existe la pena máxima de 70 años a quienes secuestren con privación de la vida, pero sobre todo porque estamos convencidos de que se debe contar con un sistema de justicia penal sólido que acabe con la impunidad y la corrupción.
Dicho sistema, dijo, debe tender a depurar nuestras policías y procuradurías y, evidentemente contar con una estrategia de Estado eficaz y eficiente que dé resultados en materia de inseguridad, cuya base tendría que iniciarse por la coordinación entre las propias instancias de seguridad del Ejecutivo federal que ya no pueden ocultar su confrontación interinstitucional.
En torno al Acuerdo Nacional de Estrategia Integral contra el Crimen Organizado, dijo que éste de ser el eje de un Compromiso de Estado para que conjuntamente con los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión exista una real participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones que se emprendan en esta ardua y trascendental tarea nacional.
Entre otros, la estrategia se basa en que debe admitirse que la delincuencia es un problema social tan grave y complicado que exige un enfoque integral de desarrollo económico con una perspectiva social.
Las acciones preventivas no son sólo de carácter policial, sino también y prioritariamente, de índole social y por ello, la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública y, específicamente, en prevención social del delito debe estar encabezada por niveles más altos de gobierno.
Ceclia Téllez Cortés, Crónica, 9 de agosto.
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