Como lo había anunciado, el PVEM busca complementar con la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, la reforma energética que se espera apruebe el Congreso de la Unión, en el próximo periodo ordinario de sesiones que se inicia en septiembre.
De acuerdo con la propuesta, se consideran energías renovables el viento, la radiación solar directa, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica en sus formas maremotriz, maremotérmica, de las olas, las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal y el calor de los yacimientos geotérmicos.
El planteamiento verde ecologista deja en claro que “la energía nuclear, los bioenergéticos y la energía hidráulica con capacidad mayor a 10 megavatios, no serán consideradas energías renovables”.
La propuesta considera garantizar la solvencia de recursos económicos para una serie de fondos específicos, mediante un fideicomiso que tendrá una partida específica del Presupuesto de Egresos, aportaciones de los estados, el Distrito Federal y municipios, aportaciones voluntarias de personas físicas o morales, así como de organizaciones internacionales de cooperación multilateral o bilateral.
De igual manera, obtendrá recursos por la venta de certificados de energía renovable, emitidos por la Secretaría de Energía a personas físicas o morales del interior del país o del extranjero, que deseen apoyar el aprovechamiento de las energías renovables o que estén obligadas a ello, conforme a la norma vigente y a las convenciones internacionales de las que México forma parte.
La propuesta del PVEM, firmada por los senadores Arturo Escobar y Ludivina Menchaca, y cinco diputados federales, prevé requisitos de participación social y de canalización de recursos, así como el fortalecimiento de las empresas del sector social con proyectos de aprovechamiento, mediante su inclusión en los programas de desarrollo rural.
En la iniciativa se establece que el Sistema Eléctrico Nacional debe aceptar la electricidad generada a partir de energías renovables en cualquier momento que se produzca, bajo los términos de los suministradores, pero los proyectos deben atender la normatividad en materia de desarrollo rural sustentable, protección del medio ambiente y derechos agrarios.
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