Durante una reunión del gabinete de seguridad pública, realizada en la Secretaría de Gobernación –a la que asistieron los presidentes de ambas cámaras del Congreso–, se acordó concretar en los próximos días un pacto para avanzar en el combate a la violencia y la criminalidad, que pretende incluir el compromiso del Legislativo de aprobar el paquete de reformas secundarias en materia de justicia penal y la iniciativa presidencial para imponer la cadena perpetua a secuestradores.
Ayer, la Permanente dio entrada a la petición formal de Felipe Calderón a las comisiones de Justicia y de Gobernación del Senado para que se dictamine la iniciativa que presentó en marzo del año pasado, para establecer en el Código Penal Federal la prisión vitalicia a quienes secuestren personas. Sin embargo, los presidentes de esos órganos legislativos, el panista Alejandro González Alcocer y el priísta Jesús Murillo Karam, advirtieron que no hay consenso.
Eso de la cadena perpetua a secuestradores es una vacilada, sostuvo el también secretario general del PRI.
Encuentro a puerta cerrada
Por lo que toca a la reunión en Bucareli, fue un encuentro a puerta cerrada en el que participaron los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, Juan Camilo Mouriño, Guillermo Galván y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Ahí, según detalló después el presidente del Senado, Santiago Creel, la intención de firmar ese pacto es que cada poder asuma una serie de compromisos puntuales que permitan combatir la delincuencia organizada y de manera puntual los secuestros.
Creel, quien asistió a la reunión junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, detalló que el pacto que se les presentó “consiste en primer lugar en una convocatoria a las distintas autoridades vinculadas a la seguridad pública, es decir, gobiernos federal, estatales y municipales, el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil, a que asuman compromisos puntuales que tienen que ver con el cumplimiento irrestricto de la ley en el combate a la corrupción, con la transparencia y la cultura de la legalidad”.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, informó a través de un comunicado que en la reunión del gabinete de seguridad pública se realizó un balance de la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado, y Mouriño “hizo énfasis en la necesidad de contar con el acompañamiento del Poder Legislativo, con el propósito de continuar los cambios legales necesarios”.
Según el comunicado de prensa, tanto Creel como Zavaleta plantearon que el citado acuerdo sea de largo alcance y trascienda el periodo de la actual administración, definiendo objetivos y compromisos concretos de cada uno de los actores.
En este contexto, se señala, ofrecieron la colaboración del Poder Legislativo para avanzar en las reformas al marco legal que se requieran para instrumentar los ordenamientos contenidos en la reforma constitucional sobre seguridad y justicia penal, entre otros los que permitirán la extinción del dominio –sobre bienes asegurados a narcotraficantes– y las nuevas facultades de investigación a la policía.
Se trata de modificaciones al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Una de las iniciativas discutidas es la que el Ejecutivo envió recientemente a la Cámara de Diputados para instrumentar la prisión vitalicia a secuestradores, iniciativa que está también en el Senado desde marzo de 2007.
Ayer por la tarde, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a la petición formal del presidente Felipe Calderón, para que las comisiones de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Senadores dictaminen su propuesta de marzo de 2007, encaminada a imponer cadena perpetua a los secuestradores, el subsecretario de Gobernación, Ulises Ramírez, se presentó en la sede senatorial para insistir con legisladores del PAN en ese punto.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, informó que analizaron con Ramírez varios puntos de la agenda pendiente, pero le hicieron notar que no hay consenso en el Senado para aprobar la prisión vitalicia, ya que incluso legisladores panistas consideran que no es la solución al problema del secuestro, mientras persista el alto grado de impunidad.
El priísta Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, reiteró que el PRI no votará en favor de esa iniciativa, que ya se discutió en el Senado el año pasado y no se aprobó, porque no resuelve nada. “Con todo respeto, es una vacilada.”
Expuso que darán velocidad a una iniciativa integral, que solucione el problema, no a cortinas de humo, “porque es un engaño a la sociedad”.
González Alcocer, en tanto, detalló que trabajan desde hace meses en la reforma secundaria, que permitirá instrumentar, entre otras cosas, el marco legal para los arraigos e intercepciones telefónicas, con jueces especiales que podrán otorgar las órdenes respectivas incluso a través de Internet.
Ayer, la Permanente dio entrada a la petición formal de Felipe Calderón a las comisiones de Justicia y de Gobernación del Senado para que se dictamine la iniciativa que presentó en marzo del año pasado, para establecer en el Código Penal Federal la prisión vitalicia a quienes secuestren personas. Sin embargo, los presidentes de esos órganos legislativos, el panista Alejandro González Alcocer y el priísta Jesús Murillo Karam, advirtieron que no hay consenso.
Eso de la cadena perpetua a secuestradores es una vacilada, sostuvo el también secretario general del PRI.
Encuentro a puerta cerrada
Por lo que toca a la reunión en Bucareli, fue un encuentro a puerta cerrada en el que participaron los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, Juan Camilo Mouriño, Guillermo Galván y Genaro García Luna, respectivamente, así como el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Ahí, según detalló después el presidente del Senado, Santiago Creel, la intención de firmar ese pacto es que cada poder asuma una serie de compromisos puntuales que permitan combatir la delincuencia organizada y de manera puntual los secuestros.
Creel, quien asistió a la reunión junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, detalló que el pacto que se les presentó “consiste en primer lugar en una convocatoria a las distintas autoridades vinculadas a la seguridad pública, es decir, gobiernos federal, estatales y municipales, el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil, a que asuman compromisos puntuales que tienen que ver con el cumplimiento irrestricto de la ley en el combate a la corrupción, con la transparencia y la cultura de la legalidad”.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, informó a través de un comunicado que en la reunión del gabinete de seguridad pública se realizó un balance de la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado, y Mouriño “hizo énfasis en la necesidad de contar con el acompañamiento del Poder Legislativo, con el propósito de continuar los cambios legales necesarios”.
Según el comunicado de prensa, tanto Creel como Zavaleta plantearon que el citado acuerdo sea de largo alcance y trascienda el periodo de la actual administración, definiendo objetivos y compromisos concretos de cada uno de los actores.
En este contexto, se señala, ofrecieron la colaboración del Poder Legislativo para avanzar en las reformas al marco legal que se requieran para instrumentar los ordenamientos contenidos en la reforma constitucional sobre seguridad y justicia penal, entre otros los que permitirán la extinción del dominio –sobre bienes asegurados a narcotraficantes– y las nuevas facultades de investigación a la policía.
Se trata de modificaciones al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Una de las iniciativas discutidas es la que el Ejecutivo envió recientemente a la Cámara de Diputados para instrumentar la prisión vitalicia a secuestradores, iniciativa que está también en el Senado desde marzo de 2007.
Ayer por la tarde, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada a la petición formal del presidente Felipe Calderón, para que las comisiones de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Senadores dictaminen su propuesta de marzo de 2007, encaminada a imponer cadena perpetua a los secuestradores, el subsecretario de Gobernación, Ulises Ramírez, se presentó en la sede senatorial para insistir con legisladores del PAN en ese punto.
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, informó que analizaron con Ramírez varios puntos de la agenda pendiente, pero le hicieron notar que no hay consenso en el Senado para aprobar la prisión vitalicia, ya que incluso legisladores panistas consideran que no es la solución al problema del secuestro, mientras persista el alto grado de impunidad.
El priísta Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, reiteró que el PRI no votará en favor de esa iniciativa, que ya se discutió en el Senado el año pasado y no se aprobó, porque no resuelve nada. “Con todo respeto, es una vacilada.”
Expuso que darán velocidad a una iniciativa integral, que solucione el problema, no a cortinas de humo, “porque es un engaño a la sociedad”.
González Alcocer, en tanto, detalló que trabajan desde hace meses en la reforma secundaria, que permitirá instrumentar, entre otras cosas, el marco legal para los arraigos e intercepciones telefónicas, con jueces especiales que podrán otorgar las órdenes respectivas incluso a través de Internet.
Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Alonso Urrutia, La Jornada, 14 de agosto.
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