Condena legislativa a declaraciones de Ortiz Mayagoitia sobre inseguridad

El responsable directo de la seguridad de la población es el gobierno federal, respondieron diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) a los señalamientos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, en el sentido de que el Congreso de la Unión es corresponsable de la falta de seguridad en el país.

En tanto, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afirmó que en el tema de la seguridad pública cada quien tiene que asumir sus responsabilidades.

A su vez, el coordinador del PRI en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, señaló que en materia de justicia “estamos atrasadísimos”, en tanto que el perredista Juan Guerra Ochoa consideró la declaración del presidente de la corte como el signo evidente del fracaso en materia de seguridad: “Es señal de que el Estado se encuentra rebasado por el poder delincuencial”, dijo.

Guerra advirtió que la postura del ministro presidente manifiesta la crisis total, porque “es el reconocimiento del fracaso, pues campea la corrupción entre los jueces, los policías y el Ministerio Público”.

Para el legislador del sol azteca, la SCJN evade su responsabilidad, porque si bien no está facultada para presentar iniciativas ante el Congreso, sabe que puede hacerlas llegar tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, donde se les dará el trámite correspondiente y su segura aprobación.

“No estamos cerrados, ni lo estaremos a las solicitudes de la Suprema Corte, pero lo que ha sucedido con Guillermo Ortiz es que sus palabras manifiestan la derrota del Estado ante el poder delincuencial. El ministro sí es responsable de la corrupción de los jueces que sucumben ante la corrupción de narcotraficantes y secuestradores. Es una vergüenza que los ministros se traten de salvar, pero aquí no se salva nadie y es indigno que tiren la primera piedra”.

Por su parte, Gamboa Patrón acusó al gobierno federal de incumplir su tarea al no ejercer a cabalidad los recursos destinados al combate a la delincuencia: “No podemos autorizar un presupuesto de 6 mil millones de pesos en materia de seguridad, y que hasta el momento sólo se hayan ejercido mil 600 millones; es verdaderamente un crimen para la sociedad mexicana que tengamos recursos para combatir al crimen organizado y por culpa de las reglas de operación y de los anexos técnicos, que son responsabilidad sólo y en exclusiva del gobierno federal, no se estén ejerciendo estos recursos”.

Señaló que el Poder Judicial también “tiene una enorme responsabilidad” en la problemática debido a que “falta que se empiecen a ejercer” las leyes aprobadas por el Legislativo en su último periodo ordinario de sesiones, relacionadas con la justicia y la seguridad pública.

Por separado, entrevistado al concluir una gira de supervisión de obras, Marcelo Ebrard consideró que “lo peor que podemos hacer hoy las instituciones del Estado es ver a quién le echamos la culpa de las cosas”. Dijo que si bien en los últimos años se han hecho muchas cosas faltan otras que permitan avanzar en aspectos como mejorar los ministerios públicos y depurar los cuerpos policiacos.

Sobre este último punto señaló que ya el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, estableció un acuerdo con autoridades federales para que el Centro de Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realice nuevas evaluaciones de los policías locales a fin de reforzar los controles sobre su personal operativo.

Roberto Garduño y Ángel Bolaños, La Jornada, 14 de agosto.