Condicionan priistas su apoyo a los acuerdos sobre seguridad

La bancada del PRI en el Senado condicionó su apoyo a los acuerdos alcanzados durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a que se presenten propuestas serias integrales y eficientes, y no mediáticas ni carentes de estrategia integral.
Durante la plenaria que los senadores priistas realizan en esta ciudad, el tema de la seguridad acaparó la mayor parte del tiempo.
El jurista Diego Valadés hizo una exposición de la visión que tiene acerca del incremento de la inseguridad y de la violencia; posteriormente, varios senadores hicieron uso de la palabra.
Al final, los legisladores llegaron a la conclusión de que el país enfrenta la mayor crisis de inseguridad en la historia y que el gobierno federal es ineficiente y omiso para enfrentar el fenómeno.
La bancada acordó impulsar reformas legales para dotar al Estado de mayores y más eficaces herramientas para enfrentar a la delincuencia, entre ellas, una ley federal antisecuestros.
Por la tarde, la fracción del PRI emitió un comunicado en el que expresó su interés en respaldar los acuerdos contraídos durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero con algunas condiciones.
Según el comunicado, el grupo parlamentario priista impulsará desde el Senado “todas aquellas propuestas serias, integrales y eficientes que se presenten en materia de seguridad pública y administración de justicia, evitando caer en propuestas coyunturales o simplemente mediáticas, carentes de una estrategia integral y eficiente que nada abonan en la construcción de una verdadera reforma de la seguridad pública”.
La congregación del PRI reconoció “el grave problema de inseguridad que enfrenta nuestro país, ante el cual las respuestas hasta ahora implementadas han sido notoriamente insuficientes y carentes de una estrategia integral y eficiente”.
Como parte del nuevo marco jurídico que se requiere para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia, el partido tricolor impulsará que haya una obligatoria y eficiente coordinación entre los tres niveles de gobierno, que defina de manera clara las competencias y atribuciones así como la participación que tendrá cada uno de ellos en materia de seguridad pública.
Además, las bases para la creación de un centro de inteligencia con autonomía técnica, cuya función principal sea la de generar y administrar información de datos personales de los integrantes de los cuerpos policíacos, así como su desempeño y situación económica, huellas dactilares, registro vehicular, registro de armas y telefonía móvil.
El grupo parlamentario del PRI también propondrá una reforma integral del Ministerio Público, a fin de proveerle de autonomía y se transforme en un órgano del Estado, que represente los intereses de la sociedad en la persecución de los delitos.

José Contreras, Crónica, 22 de agosto.