El enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el manejo de los procesos de la llamada parapolítica crece como bola de nieve.
Ayer, en un nuevo cruce de acusaciones Uribe insistió en que el tribunal ha manipulado testigos mientras que Francisco Javier Ricaurte, presidente de la CSJ, le pidió a Luis Moreno, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI, con sede en La Haya), quien se encuentra en el país, revisar las actuaciones del gobierno.
El choque se presentó luego de que la revista Semana informara que Antonio López (alias Job), hombre de confianza del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), extraditado en mayo a Estados Unidos, le entregó al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y al secretario de Comunicaciones, César Mauricio Velásquez, videos y grabaciones que demostrarían cómo la CSJ manipulaba testigos de la parapolítica y buscaba que involucraran al presidente Uribe.
Las pruebas fueron entregadas el 23 de abril por alias Job –quien fue asesinado en Medellín el 28 de julio– y Diego Álvarez, el abogado de Don Berna, en la Casa de Nariño, sede de gobierno.
Este hecho, según el magistrado Ricaurte demuestra un complot del gobierno para atacar a la CSJ. Por eso no sólo pidió la intervención de la CPI, sino de la Procuraduría y la Fiscalía colombianas, para que investiguen la actuación de los funcionarios del gobierno.
Según Uribe, las pruebas entregadas por los delegados de Don Berna fueron evaluadas por Del Castillo, quien consideró que no eran relevantes como para informar de ello a la Corte, pero se le notificó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que está adelantando las transcripciones.
El presidente también cuestionó la forma en la que la CSJ ha realizado algunos interrogatorios e hizo alusión al incidente según el cual el magistrado auxiliar Iván Velásquez emborrachó a Betty Barreto, para que denunciara presuntos vínculos entre el ex senador Germán Vargas con los paramilitares.
- Claves
Contexto
• Este nuevo enfrentamiento se da cuando el gobierno se apresta a radicar reformas a la justicia y a los partidos políticos.
• Los proyectos deben ser presentados por el ministro del Interior, Fabio Valencia, quien afrontó la semana pasada un escándalo porque su hermano fue destituido de la dirección seccional de fiscalías de Antioquia, por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
• La oposición dijo que no estudiará las iniciativas hasta que Valencia renuncie porque no tiene la autoridad moral para dirigir estos procesos.
Ayer, en un nuevo cruce de acusaciones Uribe insistió en que el tribunal ha manipulado testigos mientras que Francisco Javier Ricaurte, presidente de la CSJ, le pidió a Luis Moreno, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI, con sede en La Haya), quien se encuentra en el país, revisar las actuaciones del gobierno.
El choque se presentó luego de que la revista Semana informara que Antonio López (alias Job), hombre de confianza del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), extraditado en mayo a Estados Unidos, le entregó al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y al secretario de Comunicaciones, César Mauricio Velásquez, videos y grabaciones que demostrarían cómo la CSJ manipulaba testigos de la parapolítica y buscaba que involucraran al presidente Uribe.
Las pruebas fueron entregadas el 23 de abril por alias Job –quien fue asesinado en Medellín el 28 de julio– y Diego Álvarez, el abogado de Don Berna, en la Casa de Nariño, sede de gobierno.
Este hecho, según el magistrado Ricaurte demuestra un complot del gobierno para atacar a la CSJ. Por eso no sólo pidió la intervención de la CPI, sino de la Procuraduría y la Fiscalía colombianas, para que investiguen la actuación de los funcionarios del gobierno.
Según Uribe, las pruebas entregadas por los delegados de Don Berna fueron evaluadas por Del Castillo, quien consideró que no eran relevantes como para informar de ello a la Corte, pero se le notificó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que está adelantando las transcripciones.
El presidente también cuestionó la forma en la que la CSJ ha realizado algunos interrogatorios e hizo alusión al incidente según el cual el magistrado auxiliar Iván Velásquez emborrachó a Betty Barreto, para que denunciara presuntos vínculos entre el ex senador Germán Vargas con los paramilitares.
- Claves
Contexto
• Este nuevo enfrentamiento se da cuando el gobierno se apresta a radicar reformas a la justicia y a los partidos políticos.
• Los proyectos deben ser presentados por el ministro del Interior, Fabio Valencia, quien afrontó la semana pasada un escándalo porque su hermano fue destituido de la dirección seccional de fiscalías de Antioquia, por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
• La oposición dijo que no estudiará las iniciativas hasta que Valencia renuncie porque no tiene la autoridad moral para dirigir estos procesos.
Clara Isabel Vélez Rincón en Medellín, Milenio, 26 de agosto.
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