Durante la sesión solemne de este martes, Ortiz Mayagoitia reconoció que es “claramente justificada la indignación de la sociedad al sentir amenazada su tranquilidad y su seguridad personal y familiar”.
Puntualizó que si bien corresponde a la Suprema Corte vigilar las leyes, acciones persecutorias y sentencias, es facultad del presidente Felipe Calderón, así como de diputados y senadores garantizar que “las disposiciones jurídicas, particularmente las que establecen los delitos y los castigos, sean claras, contundentes y precisas”.
Asimismo, dijo que otra de las tareas del Legislativo y Ejecutivo “consiste en procurar la prevención de los ilícitos y perseguir a quien los comete”. A unos días de que Calderón pidiera legislar sobre la cadena perpetua a secuestradores, el Presidente de la SCJN declaró que la tarea para el Estado “es la de dictar sentencias justas, imparciales y objetivas”.
Jorge Monroy, El Economista, 13 de agosto.
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