Los líderes parlamentarios de PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados advirtieron al presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz, que la responsabilidad por los problemas de inseguridad no sólo es de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pues “también los jueces fallan” cuando en miles de casos dejan en libertad a quienes han cometido delitos, a pesar de existir todos los elementos de culpabilidad.
El coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Emilio Gamboa, demandó “cero tolerancia” para los delincuentes, pues México está viviendo la peor crisis de su historia en materia de inseguridad y delincuencia.
En respuesta directa al ministro presidente Guillermo Ortiz, que el pasado martes responsabilizó al Ministerio Público y al Congreso por “los serios problemas delictivos en el país”, el coordinador de los diputados federales del PAN, Héctor Larios, reviró: “Me parece que todos los mexicanos estamos conscientes de que tenemos problemas en el sistema de administración de justicia penal, pues tenemos un altísimo grado de impunidad y sólo uno de cada 100 delitos se paga, y esto es porque nos fallan seguramente las leyes, tenemos que perfeccionarlas, y también nos fallan las autoridades ejecutivas de todos los órdenes de gobierno para poner a disposición de los jueces a los responsables de la comisión de delitos”.
El líder de la bancada perredista, Javier González Garza, aseguró que no caerá en el “juego” de Guillermo Ortiz, pero subrayó que el problema de fondo en México es la impunidad.
“Para mí el problema central de estas cosas es la impunidad. No discutamos si van a tener entre 60 años de prisión o cadena perpetua ”, asentó
Sin consenso
La iniciativa del presidente Felipe Calderón para modificar el Código Penal a fin de aplicar la cadena perpetua no cuenta con “el consenso suficiente ni siquiera en el grupo parlamentario del PAN”, afirmó el senador panista, Alejandro González Alcocer.
En tanto, el PRI presentó ayersu iniciativa para endurecer las penas por el delito de secuestro hasta con 80 años de prisión y de cadena perpetua a quienes priven de la vida a su víctima.
Entre las modificaciones se establece que las penas sean de 40 a 80 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa, cuando el autor del secuestro sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública.
El coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Emilio Gamboa, demandó “cero tolerancia” para los delincuentes, pues México está viviendo la peor crisis de su historia en materia de inseguridad y delincuencia.
En respuesta directa al ministro presidente Guillermo Ortiz, que el pasado martes responsabilizó al Ministerio Público y al Congreso por “los serios problemas delictivos en el país”, el coordinador de los diputados federales del PAN, Héctor Larios, reviró: “Me parece que todos los mexicanos estamos conscientes de que tenemos problemas en el sistema de administración de justicia penal, pues tenemos un altísimo grado de impunidad y sólo uno de cada 100 delitos se paga, y esto es porque nos fallan seguramente las leyes, tenemos que perfeccionarlas, y también nos fallan las autoridades ejecutivas de todos los órdenes de gobierno para poner a disposición de los jueces a los responsables de la comisión de delitos”.
El líder de la bancada perredista, Javier González Garza, aseguró que no caerá en el “juego” de Guillermo Ortiz, pero subrayó que el problema de fondo en México es la impunidad.
“Para mí el problema central de estas cosas es la impunidad. No discutamos si van a tener entre 60 años de prisión o cadena perpetua ”, asentó
Sin consenso
La iniciativa del presidente Felipe Calderón para modificar el Código Penal a fin de aplicar la cadena perpetua no cuenta con “el consenso suficiente ni siquiera en el grupo parlamentario del PAN”, afirmó el senador panista, Alejandro González Alcocer.
En tanto, el PRI presentó ayersu iniciativa para endurecer las penas por el delito de secuestro hasta con 80 años de prisión y de cadena perpetua a quienes priven de la vida a su víctima.
Entre las modificaciones se establece que las penas sean de 40 a 80 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa, cuando el autor del secuestro sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública.
Fernando Damián y Mauricio Juárez, Milenio, 14 de agosto.
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