Mouriño llama al Congreso a concretar plan anticrimen

Ante la creciente criminalidad, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, convocó a todos los niveles de gobierno a sumarse a un Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, en el que participen gobernadores, presidente municipales y el Legislativo.

También convocó a los presidentes de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, y del Senado, Santiago Creel, a una reunión en Bucareli para discutir los términos del pacto, que antes propusieron los líderes parlamentarios.

Así lo reveló la diputada perredista, quien confirmó que la iniciativa presidencial para aplicar cadena perpetua a los secuestradores ya fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.

“Nos están convocando a una reunión en la Secretaría de Gobernación; yo espero que esté el gabinete de seguridad para revisar cuáles son las propuestas del gobierno y atender este llamado que nosotros hemos hecho a un pacto nacional”, dijo.

Entrevistada en el Palacio Legislativo, refrendó su convocatoria a las fuerzas políticas, económicas, sociales y religiosas a un pacto nacional para combatir la delincuencia organizada.

Los coordinadores de Convergencia, Alejandro Chanona; del PVEM, Gloria Lavara, y del PT, Ricardo Cantú, respaldaron la convocatoria de Zavaleta.

Mouriño avaló también la medida asumida por el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, de entregar recompensas a los ciudadanos que aporten información sobre las bandas de secuestradores.

Respuesta de la Conago

En respuesta, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, advirtió que la solución para combatir al crimen no se encuentra en los pactos políticos o el incremento de las penas, sino en las acciones de los tres niveles de gobierno.

Afirmó que en la Conago “ya hemos firmado pactos y pronunciamientos, y hemos cerrado filas con el gobierno federal”, pero subrayó: “Lo que se requiere es no darle vueltas al asunto, depurar los cuerpos policiacos, investigar y llegar al fondo en los asuntos”.

“Me sumo a cualquier llamado que se haga, no hay que minimizarlo, pero no hay que hacernos muchas bolas, hay que entrarle al tema, que es atacar la impunidad”.

En conferencia de prensa, el responsable de la política interna del país llamó a todos los niveles de gobierno a que se sumen al Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.

“Hacemos un respetuoso exhorto a los gobiernos estatales y municipales para que, de manera coordinada, demos a este tema la más alta prioridad. Es necesario que cada gobierno someta a estrictos controles de confianza a sus cuerpos de seguridad, particularmente a quienes formen parte de grupos o unidades de combate al secuestro”, indicó.

“Suscribamos un acuerdo que, más allá de buenas intenciones, contenga compromisos concretos del Poder Ejecutivo federal, de los gobiernos de los estados, de las asociaciones de alcaldes, de los poderes Legislativo y Judicial, así como de cada uno de los sectores y actores que lo suscriban.”

Propuso que el acuerdo recoja el clamor social e incorpore las demandas de los ciudadanos. “Un acuerdo con acciones específicas que nos permita evaluar su avance y efectividad junto con la sociedad misma; un acuerdo útil y eficaz que nos obligue a dar resultados”.

Por otra parte, Mouriño reiteró su aval para endurecer las penas contra los secuestradores, pero admitió que toda acción que se adopte para combatir ese delito será insuficiente si no hay coordinación entre todas las instancias de gobierno, incluido el Distrito Federal y los municipios del país.

Explicó que además de la cadena perpetua que propone el Ejecutivo en su iniciativa se requiere trabajar en otros tres frentes: marco jurídico y depuración de corporaciones policiacas; integración correcta de averiguaciones previas, y la negativa a otorgar a esos delincuentes el derecho de preliberación.

Fernando Damián y Liliana Padilla, Milenio, 12 de agosto.