Guatemala, Honduras y El Salvador han detectado, de acuerdo con reportes de asistencia consular hacia sus ciudadanos, que las policías mexicanas secuestran a los migrantes de esas nacionalidades, principalmente, para luego pedir rescate a sus familiares que viven en Estados Unidos.
Tierra Blanca, Veracruz, es la principal zona donde se han registrado esos acontecimientos y, a decir de los diplomáticos, la policía de los estados y las municipales son las principales abusadoras de los migrantes en su trayecto hacia Estado Unidos.
El argumento principal que utilizan policías estatales y municipales —corporaciones que no tienen facultades migratorias— para detener a los indocumentados es que éstos están cometiendo una falta administrativa o han exhibido alguna actitud sospechosa.
La extorsión se lleva a cabo vía telefónica, aprovechando el cautiverio de los migrantes, a quienes les piden información privada de ellos mismos y de sus familiares que radican en Estados Unidos.
Una vez contactada la persona, le solicitan el depósito inmediato del dinero en una cuenta bancaria. Los montos del rescate pueden ir desde 5 mil hasta 50 mil pesos mexicanos.
Algunos policías los dejan en libertad, al ver que sus familiares no podrán pagar el rescate. Dentro de los testimonios que los migrantes hacen a sus consulados en México, una vez liberados, detallan que son encerrados en cuartos de casas de la región, no son alimentados y los amenazan con armas.
De acuerdo con la organización civil Sin Fronteras, en un monitoreo realizado durante 2006 y 2007, “los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros”.
La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación de la identidad.
Tierra Blanca, Veracruz, es la principal zona donde se han registrado esos acontecimientos y, a decir de los diplomáticos, la policía de los estados y las municipales son las principales abusadoras de los migrantes en su trayecto hacia Estado Unidos.
El argumento principal que utilizan policías estatales y municipales —corporaciones que no tienen facultades migratorias— para detener a los indocumentados es que éstos están cometiendo una falta administrativa o han exhibido alguna actitud sospechosa.
La extorsión se lleva a cabo vía telefónica, aprovechando el cautiverio de los migrantes, a quienes les piden información privada de ellos mismos y de sus familiares que radican en Estados Unidos.
Una vez contactada la persona, le solicitan el depósito inmediato del dinero en una cuenta bancaria. Los montos del rescate pueden ir desde 5 mil hasta 50 mil pesos mexicanos.
Algunos policías los dejan en libertad, al ver que sus familiares no podrán pagar el rescate. Dentro de los testimonios que los migrantes hacen a sus consulados en México, una vez liberados, detallan que son encerrados en cuartos de casas de la región, no son alimentados y los amenazan con armas.
De acuerdo con la organización civil Sin Fronteras, en un monitoreo realizado durante 2006 y 2007, “los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros”.
La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación de la identidad.
Natalia Gómez Quintero, El Universal 15 de agosto.
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