Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron un paquete informativo con sustentos jurídicos contra la legalización del aborto y también con cifras de los gobiernos federal y capitalino.
El material desvanece uno de los principales argumentos en favor de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas.
También afirma la existencia de un registro de miles de muertes de mujeres por practicarse abortos clandestinos. Sin embargo, en 2006 sólo fallecieron ocho personas por aborto en el Distrito Federal.
La información entregada a los ministros y a los principales líderes de opinión del país contiene materiales, un DVD y folletos con sustentos jurídicos, científicos, bioéticos y filosóficos para defender “el valor de la vida”. Los documentos exponen “las contradicciones de la ley”.
El kit informativo puntualiza que el Gobierno del Distrito Federal ya había promovido, con anterioridad, la legalización del aborto voluntario, basado en argumentos de salud pública, pues alegó que los legrados provocan una cantidad importante de muertes.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal y del INEGI, en 2006 murieron 30 mil 54 mujeres, de las cuales sólo 111 se debieron a causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. Las autoridades de salud en el DF respondieron que de éstas víctimas, sólo ocho fallecieron por aborto.
La coalición de organizaciones Manos a la Vida, responsable de la elaboración de este paquete informativo, destaca que los problemas de salud pública se refieren a la mortalidad de miles de mujeres ocasionada por padecimientos del corazón, la diabetes mellitus, tumores malignos, así como por enfermedades cerebro- vasculares y del hígado.
El folleto denominado “Estrategias para manipular información y legalizar el aborto voluntario” retoma información del INEGI, publicada en 2006, en la que registró 155 mil 703 nacimientos en el DF y donde la mortalidad femenina fue de ocho casos, lo que representa 0.005 por ciento; por lo tanto, el aborto no representa un problema de salud pública.
Documento panista
Además, el PAN en la Asamblea Legislativa entregará este viernes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento con 14 razones jurídicas por las cuales se debe declarar inconstitucional la despenalización del aborto.
Ezequiel Rétiz, diputado local del PAN, aseguró que esta acción la llevarán a cabo para robustecer el dictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano y lograr que se sumen las ocho firmas de los ministros necesarias para aceptar las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la PGR y la CNDH contra la interrupción legal del embarazo.
En entrevista, precisó que en los meses pasados existieron acercamientos con los ministros para exponer los argumentos, pero ahora que se entró en la recta final del litigio se reforzará el cabildeo.
“Ya hemos realizado el cabildeo, pero ahora vamos a enviar los argumentos condensados con el dictamen del ministro Aguirre Anguiano. Lo haremos a la luz del famoso alegato de oídas”, dijo Rétiz.
Piden fallo a favor
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirme la constitucionalidad de la despenalización del aborto en la capital.
El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, enfatizó que es importante que la SCJN despenalice el aborto para que “dejen de morir miles de mujeres en esta ciudad” y que el asunto de la sexualidad sea considerado un tema de seguridad pública.
“Sería un enorme avance” que la SCJN confirme la constitucionalidad del aborto, pues fortalecería la confianza ciudadana en los órganos de justicia”, indicó.
Además, la jerarquía católica del país manifestó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice la protección de la vida, como se establece en la Constitución y su voto sea contra la legalización del aborto en la Ciudad de México.
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera, sostuvo que “ante la ola devastadora” que es el aborto, los ministros tomarán una decisión que “no es religiosa ni científica”, sino jurídica.
“No estamos promoviendo una polémica porque sería lo menos recomendable en este momento, pero tampoco una confrontación sino un llamado a la sensatez, a la prudencia y si se quiere a la jurisprudencia para que este asunto se resuelva con base en razones y con base a derecho”, subrayó.
Sobre la posibilidad de que la Corte reconozca como constitucionales las reformas al Código Penal local y a la Ley General de Salud del Distrito Federal, dejó en claro que la Iglesia respetará el fallo de la máxima instancia judicial del país.
Guía espiritual
El prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de la Santa Sede, arzobispo Raymond L. Burke, afirmó que los políticos que públicamente defienden el aborto no deben comulgar.
Ello “no tiene ninguna intención de interferir en la vida pública, sino en el estado espiritual de los funcionarios o políticos”.
Los ministros de la comunión, dijo, se las pueden negar hasta que “hayan reformado la propia vida”.
“Cualquier funcionario público, que con conocimiento y consentimiento, sostiene acciones que están contra la ley moral”, si apoya públicamente el aborto comete un pecado, afirmó el prefecto del tribunal católico.
El material desvanece uno de los principales argumentos en favor de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas.
También afirma la existencia de un registro de miles de muertes de mujeres por practicarse abortos clandestinos. Sin embargo, en 2006 sólo fallecieron ocho personas por aborto en el Distrito Federal.
La información entregada a los ministros y a los principales líderes de opinión del país contiene materiales, un DVD y folletos con sustentos jurídicos, científicos, bioéticos y filosóficos para defender “el valor de la vida”. Los documentos exponen “las contradicciones de la ley”.
El kit informativo puntualiza que el Gobierno del Distrito Federal ya había promovido, con anterioridad, la legalización del aborto voluntario, basado en argumentos de salud pública, pues alegó que los legrados provocan una cantidad importante de muertes.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal y del INEGI, en 2006 murieron 30 mil 54 mujeres, de las cuales sólo 111 se debieron a causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. Las autoridades de salud en el DF respondieron que de éstas víctimas, sólo ocho fallecieron por aborto.
La coalición de organizaciones Manos a la Vida, responsable de la elaboración de este paquete informativo, destaca que los problemas de salud pública se refieren a la mortalidad de miles de mujeres ocasionada por padecimientos del corazón, la diabetes mellitus, tumores malignos, así como por enfermedades cerebro- vasculares y del hígado.
El folleto denominado “Estrategias para manipular información y legalizar el aborto voluntario” retoma información del INEGI, publicada en 2006, en la que registró 155 mil 703 nacimientos en el DF y donde la mortalidad femenina fue de ocho casos, lo que representa 0.005 por ciento; por lo tanto, el aborto no representa un problema de salud pública.
Documento panista
Además, el PAN en la Asamblea Legislativa entregará este viernes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento con 14 razones jurídicas por las cuales se debe declarar inconstitucional la despenalización del aborto.
Ezequiel Rétiz, diputado local del PAN, aseguró que esta acción la llevarán a cabo para robustecer el dictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano y lograr que se sumen las ocho firmas de los ministros necesarias para aceptar las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la PGR y la CNDH contra la interrupción legal del embarazo.
En entrevista, precisó que en los meses pasados existieron acercamientos con los ministros para exponer los argumentos, pero ahora que se entró en la recta final del litigio se reforzará el cabildeo.
“Ya hemos realizado el cabildeo, pero ahora vamos a enviar los argumentos condensados con el dictamen del ministro Aguirre Anguiano. Lo haremos a la luz del famoso alegato de oídas”, dijo Rétiz.
Piden fallo a favor
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirme la constitucionalidad de la despenalización del aborto en la capital.
El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, enfatizó que es importante que la SCJN despenalice el aborto para que “dejen de morir miles de mujeres en esta ciudad” y que el asunto de la sexualidad sea considerado un tema de seguridad pública.
“Sería un enorme avance” que la SCJN confirme la constitucionalidad del aborto, pues fortalecería la confianza ciudadana en los órganos de justicia”, indicó.
Además, la jerarquía católica del país manifestó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice la protección de la vida, como se establece en la Constitución y su voto sea contra la legalización del aborto en la Ciudad de México.
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera, sostuvo que “ante la ola devastadora” que es el aborto, los ministros tomarán una decisión que “no es religiosa ni científica”, sino jurídica.
“No estamos promoviendo una polémica porque sería lo menos recomendable en este momento, pero tampoco una confrontación sino un llamado a la sensatez, a la prudencia y si se quiere a la jurisprudencia para que este asunto se resuelva con base en razones y con base a derecho”, subrayó.
Sobre la posibilidad de que la Corte reconozca como constitucionales las reformas al Código Penal local y a la Ley General de Salud del Distrito Federal, dejó en claro que la Iglesia respetará el fallo de la máxima instancia judicial del país.
Guía espiritual
El prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de la Santa Sede, arzobispo Raymond L. Burke, afirmó que los políticos que públicamente defienden el aborto no deben comulgar.
Ello “no tiene ninguna intención de interferir en la vida pública, sino en el estado espiritual de los funcionarios o políticos”.
Los ministros de la comunión, dijo, se las pueden negar hasta que “hayan reformado la propia vida”.
“Cualquier funcionario público, que con conocimiento y consentimiento, sostiene acciones que están contra la ley moral”, si apoya públicamente el aborto comete un pecado, afirmó el prefecto del tribunal católico.
Eugenia Jiménez y Luis Velázquez, Milenio, 20 de agosto.
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