No hace falta revisar o suspender libertades o garantías individuales para frenar la violencia en el país, “se ha hecho y esa política ha fracasado”, señaló el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.
El lunes el gobernador de Chihuahua —una de las entidades más azotadas en los últimos meses por la delincuencia—, José Reyes Baeza, propuso al presidente Felipe Calderón revisar el régimen de garantías ciudadanas para afrontar al crimen, tema del cual opinó ayer el ombudsman nacional.
“El gobernador no se ha dado cuenta que en su estado, principalmente en la parte norte, se han suspendido ya en gran medida las garantías ciudadanas y no ha habido ningún avance, porque no acaba la ola de violencia”.
Aseguró que la inseguridad en México no se origina por el nivel de libertades, sino por una deficiente labor policiaca. “El problema no son las garantías individuales, sino el nulo trabajo de inteligencia policial, que implica una respuesta tardía para descubrir y atacar a los delincuentes”.
Para recuperar la paz, dijo, el gobierno federal debe concentrarse en mejorar la capacitación de efectivos, de manera especial en el área de inteligencia, “para saber dónde están las organizaciones criminales, cómo actúan y cómo aniquilarlas”.
“Con la suspensión de garantías se perjudica a personas decentes y conforme a la ley no se puede fastidiar a la gente buena... Hay que atacar a la delincuencia con una estrategia eficaz, con trabajo de análisis previo”.
Sobre lo que ocurre de manera específica en Chihuahua, informó que la CNDH ya investiga casos en los cuales efectivos militares y policiales han vulnerado sin éxito las libertades y garantías de ciudadanos. Mencionó actos de esta naturaleza cometidos en las ciudades de Juárez y Ojinaga, a donde ya se han enviado visitadores del organismo.
“Estamos muy pendientes, hay visitadores presentes y la comisión ya prepara varias recomendaciones”.
Y con respecto a la comunidad de Creel, en el municipio de Bocoyna, donde un comando armado acribilló en días pasados a 13 personas durante una fiesta, adelantó que también se abrió una investigación, a fin de analizar presuntas violaciones a los derechos humanos.
Según datos de la CNDH, Chihuahua ocupa el primer lugar en violaciones a garantías de civiles, tras la puesta en marcha del Operativo Conjunto. De diciembre de 2006 a principios de 2008 sumaba 33 quejas; hoy son más de 200.
El lunes el gobernador de Chihuahua —una de las entidades más azotadas en los últimos meses por la delincuencia—, José Reyes Baeza, propuso al presidente Felipe Calderón revisar el régimen de garantías ciudadanas para afrontar al crimen, tema del cual opinó ayer el ombudsman nacional.
“El gobernador no se ha dado cuenta que en su estado, principalmente en la parte norte, se han suspendido ya en gran medida las garantías ciudadanas y no ha habido ningún avance, porque no acaba la ola de violencia”.
Aseguró que la inseguridad en México no se origina por el nivel de libertades, sino por una deficiente labor policiaca. “El problema no son las garantías individuales, sino el nulo trabajo de inteligencia policial, que implica una respuesta tardía para descubrir y atacar a los delincuentes”.
Para recuperar la paz, dijo, el gobierno federal debe concentrarse en mejorar la capacitación de efectivos, de manera especial en el área de inteligencia, “para saber dónde están las organizaciones criminales, cómo actúan y cómo aniquilarlas”.
“Con la suspensión de garantías se perjudica a personas decentes y conforme a la ley no se puede fastidiar a la gente buena... Hay que atacar a la delincuencia con una estrategia eficaz, con trabajo de análisis previo”.
Sobre lo que ocurre de manera específica en Chihuahua, informó que la CNDH ya investiga casos en los cuales efectivos militares y policiales han vulnerado sin éxito las libertades y garantías de ciudadanos. Mencionó actos de esta naturaleza cometidos en las ciudades de Juárez y Ojinaga, a donde ya se han enviado visitadores del organismo.
“Estamos muy pendientes, hay visitadores presentes y la comisión ya prepara varias recomendaciones”.
Y con respecto a la comunidad de Creel, en el municipio de Bocoyna, donde un comando armado acribilló en días pasados a 13 personas durante una fiesta, adelantó que también se abrió una investigación, a fin de analizar presuntas violaciones a los derechos humanos.
Según datos de la CNDH, Chihuahua ocupa el primer lugar en violaciones a garantías de civiles, tras la puesta en marcha del Operativo Conjunto. De diciembre de 2006 a principios de 2008 sumaba 33 quejas; hoy son más de 200.
Daniel Blancas Madrigal y José Contreras, Crónica, 20 de agosto.
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