Durante los cierres de precampaña de los aspirantes a diputados federales, locales y jefes delegacionales, líderes de IU y NI suscribieron un pacto de civilidad para que el próximo domingo se lleve a cabo una elección “limpia”.
Después de casi 15 días de acusaciones mutuas, denuncias penales y cuestionamientos por la supuesta utilización de recursos públicos en algunas precampañas, Jesús Ortega, líder nacional del PRD, logró que ambas corrientes se comprometieran a evitar cualquier acción que pueda provocar conflictos o enfrentamientos.
Los perredistas se comprometieron a desterrar prácticas nocivas, como la entrega de cualquier incentivo para promocionar el voto, y cualquier otro ilícito que pueda empañar el proceso interno.
Con el propósito de garantizar que no se incurra en el rebase de topes de gastos de campaña, acordaron que no podrá utilizarse transporte colectivo para trasladar electores a los centros de votación, y quien lo haga será sancionado.
Como parte de este acuerdo, se instaló de forma permanente una mesa política integrada por el dirigente nacional y la secretaria general del partido, Jesús Ortega y Hortensia Aragón, respectivamente, así como por el encargado del PRD-DF, Manuel Oropeza.
Además de un representante del gobierno capitalino, Héctor Hernández, subsecretario de Asuntos Metropolitanos, así como de los líderes de Nueva Izquierda, René Arce y Jesús Zambrano; mientas que por Izquierda Unida estarán Dolores Padierna y Alejandra Barrales.
La mesa será la encargada de hacer cumplir el acuerdo, además de “apagar el fuego” que se pudiera presentar en algunos distritos o delegaciones, a fin de evitar que ocurran acontecimientos como los de hace un año, en los que debió intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Atenderán denuncias
A través del teléfono 51-30-18-50, extensiones 533 y 534, la ciudadanía podrá denunciar intentos de coacción del voto, entrega de despensas, acarreos y cualquier otro tipo de irregularidades.
Héctor Hernández anunció que el próximo domingo la Contraloría General atenderá cualquier señalamiento sobre la utilización de recursos públicos durante la jornada electoral.
Además, el gobierno capitalino vigilirá que los servidores públicos participen en la jornada como ciudadanos o, en su caso, como militantes y no incurran en actos ilícitos.
Georgina Pineda, Milenio, 12 de marzo.
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