La aplicación deficiente del presupuesto federal que se entrega a los estados para seguridad pública ha derivado en el incremento de los índices delictivos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los logros en el combate a la delincuencia son "pobres y dispersos", según el dictamen de la ASF, resultado de deficientes planeación en materia de evaluación y capacitación de policías, adquisición de armamento y equipo, conformación del Sistema Nacional de Información y ampliación de penales, cuatro de los ejes principales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
"La ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento, constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos", establece el documento elaborado por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
En el informe de revisión a la Cuenta Pública de 2007, la Auditoría detalló que, de los 6 mil 652 millones de pesos disponibles el año pasado en el Fondo para Seguridad Pública, los estados no ejercieron 43 por ciento, es decir, 2 mil 863 millones.
En cuanto al Sistema Nacional de Información, no se registraron avances en su integración, lo que es un error a juicio de la ASF, pues urge el uso de nueva tecnología para crear una red de datos encriptados que involucre a estados y municipios.
Agrega que la meta anual de equipamiento de armas para seguridad pública no se cumplió porque, de las 4 mil 438 programadas, sólo se adquirió 79.1 por ciento, es decir, 3 mil 509, mientras que en la proyección de compras de vehículos Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos y Michoacán programaron pero no compraron, y el Estado de México y Durango adquirieron casi cinco veces más de lo previsto.
El órgano fiscalizador detalló que más del 50 por ciento de los policías preventivos no está calificado para ejercer eficientemente sus funciones, pues uno de cada cinco tiene una formación escolar inferior al nivel básico y presenta un sobrepeso promedio de 10 kilos; además, pocos de ellos se encuentran en buenas condiciones de salud, y más del 14 por ciento registra algún trastorno psicológico.
Los logros en el combate a la delincuencia son "pobres y dispersos", según el dictamen de la ASF, resultado de deficientes planeación en materia de evaluación y capacitación de policías, adquisición de armamento y equipo, conformación del Sistema Nacional de Información y ampliación de penales, cuatro de los ejes principales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
"La ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento, constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos", establece el documento elaborado por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
En el informe de revisión a la Cuenta Pública de 2007, la Auditoría detalló que, de los 6 mil 652 millones de pesos disponibles el año pasado en el Fondo para Seguridad Pública, los estados no ejercieron 43 por ciento, es decir, 2 mil 863 millones.
En cuanto al Sistema Nacional de Información, no se registraron avances en su integración, lo que es un error a juicio de la ASF, pues urge el uso de nueva tecnología para crear una red de datos encriptados que involucre a estados y municipios.
Agrega que la meta anual de equipamiento de armas para seguridad pública no se cumplió porque, de las 4 mil 438 programadas, sólo se adquirió 79.1 por ciento, es decir, 3 mil 509, mientras que en la proyección de compras de vehículos Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos y Michoacán programaron pero no compraron, y el Estado de México y Durango adquirieron casi cinco veces más de lo previsto.
El órgano fiscalizador detalló que más del 50 por ciento de los policías preventivos no está calificado para ejercer eficientemente sus funciones, pues uno de cada cinco tiene una formación escolar inferior al nivel básico y presenta un sobrepeso promedio de 10 kilos; además, pocos de ellos se encuentran en buenas condiciones de salud, y más del 14 por ciento registra algún trastorno psicológico.
Claudia Salazar, Armando Estrop y Carole Simmonet, Reforma, 13 de marzo.
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