Calderón: los militares no se pueden ir; no hay policía capacitada

“El retiro de los militares de las calles no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado”, afirmó el presidente Felipe Calderón, al defender la presencia de las fuerzas armadas para apoyar tareas de seguridad en diversos estados del país.

Durante el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente Calderón señaló que esta presencia del Ejército y la Armada de México se volvió “no sólo posible, justa, legítima, sino indispensable”.

Coincidió con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, respecto a la temporalidad de la presencia del Ejército en la calle. No obstante, apuntó que el señalamiento debe hacerse fundamentalmente a las autoridades que son las responsables de a su vez escalar las capacidades técnicas operativas y de recursos humanos a fin de dotar precisamente a las policías locales de las herramientas y los instrumentos acordes a las circunstancias de inseguridad y criminalidad que sufre la ciudadanía.

Desde la perspectiva presidencial, el principal reto que enfrenta México en materia de derechos humanos es la construcción de un Estado de derecho eficaz.

Se comprometió a no echar en saco roto lo dicho por Soberanes durante su informe, el último al frente de ese organismo, y estimó pertinente “en bien de la objetividad y la verdad que merecen conocer los ciudadanos, reconocer los avances de manera ponderada en la lucha contra la inseguridad.

“La corrupción, la impunidad, la inseguridad pública representan en sí mismos la principal amenaza a los derechos humanos de todos los mexicanos. Por décadas estos problemas crecieron hasta convertirse en una amenaza para la sociedad y un desafío para el Estado y sus instituciones”, expresó.

En el Salón López Mateos, acompañado por el titular de la CNDH, por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, así como por miembros del Consejo Consultivo, el Ejecutivo federal dijo que como presidente siempre ha tenido la disyuntiva y el dilema de dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen o de asumir con la fuerza del Estado y con los riesgos que implica la autoridad.

Ante ello, subrayó que su administración decidió actuar a costa de los riesgos, críticas e incomprensión que esto conlleva, a fin de no ignorar ni tolerar, como se hizo durante mucho tiempo, una situación violenta en aras de que mecánicamente venga la paz.

“Asumimos con la fuerza del Estado y con los riesgos que implica esta alternativa a su plena capacidad para, precisamente, ponerse del lado de los ciudadanos, protegerles de cualquier amenaza y fortalecer la vida institucional del país que pone en peligro, precisamente, la impunidad en la actuación del crimen organizado”, subrayó.

El mandatario mostró su compromiso con los informadores del país, cuyo trabajo reconoció y aseguró que su administración está trabajando por la seguridad de ellos.

Dijo que la principal amenaza a la libertad de expresión, a la labor del periodismo y de los comunicadores proviene, más que del Estado y de sus instituciones, de las organizaciones criminales.

Por ello, señaló: “Estamos trabajando y tendremos que reforzar este esfuerzo para defender de manera más efectiva el derecho a la libertad de expresión, especialmente de los periodistas, que es un derecho que también ha sido seria, gravemente amenazado por el crimen organizado”.

Y agregó: “Para proteger la voz de nuestros informadores, presentamos desde octubre pasado al Poder Legislativo una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional, para establecer la competencia de la federación en el caso de delitos cometidos contra la libertad de expresión”.

Cecilia Téllez Cortés, Crónica, 21 de marzo.